Diez días demoró el doctor Arturo Aguirre, máximo responsable de la Obra Social de los Empleados Públicos, en hablar sobre las denuncias de irregularidades en la compra de medicamentos que realiza la institución.
Pero el tiempo que se tomó para elaborar una respuesta no se reflejó en los argumentos ofrecidos, que fueron inconsistentes, vagos y confusos.
Aguirre reconoció que OSEP adquiría remedios por sumas millonarias a una droguería inhabilitada por ANMAT. Y su explicación fue que no sabía que estaba sancionada.
Admitió que en el período de un año, el gasto en remedios aumentó cerca del 80 por ciento, pero no se especificaron las razones del incremento.
Ofreció a la prensa un penoso borrador manuscrito a modo de detalle de las operaciones que realiza OSEP, cuando podría esperarse un trabajo más profesional y prolijo, si se considera que en la caja que maneja Aguirre hay un presupuesto de 300 millones.
Pero lo realmente patético, fue la abierta y manifiesta intención del funcionario de politizar la cuestión, victimizándose al imaginar una operación para impedir que asuma como diputado (¿?) e inmolándose histriónicamente al pedir que lo mataran pero no mezclaran a la obra social.
En realidad, nadie propuso matarlo, y quien mezcló las cuestiones fue él mismo, quizás porque es más cómodo desde su posición, discutir sobre fantasmas políticos que sobre números.
La mejor defensa de la obra social es una administración transparente, entre otras razones porque los 300 millones que maneja Aguirre pertenecen a los afiliados, que aportan para la atención de su salud.
Nadie le pide a Aguirre que entregue su vida: con un detalle de los gastos de OSEP es suficiente.