Que un senador de la Nación Argentina, sin una mínima prueba para exhibir, salga a denunciar al ministro político del gobierno -Francisco Gordillo- y al jefe de Policía -José Palomeque- de estar comprometidos con el narcotráfico “no es ventisca del desierto”. Es un acto de irresponsabilidad institucional que, en cualquier país donde funcionen las instituciones, merecería el repudio de propios y extraños. Mucho peor si se trata de un reincidente serial en utilizar el vodevil mediático para conquistar -a costa de honras ajenas- réditos políticos.
El ejecutor de la sorpresiva acusación, como se sabe, es Oscar Castillo. Montado en el caballo de conductor de la UCR salió a “maquiavelar” que detrás de la incautación de 90 kilogramos de marihuana estaba el gobierno, a través de las figuras de los funcionarios nombrados que, según su elucubración, tienen relaciones políticas y familiares con las personas detenidas.
Si los hechos fueran exactamente como los contó por Radio Unión, o siquiera parecidos, lo que correspondía a un hombre de semejante investidura era presentarse en la Justicia y, además de entregar la información que poseyera, pedir que se investiguen las conexiones que pudieran existir entre el poder y el narcotráfico. Nada de eso ocurrió y, por imperio contrario, los que acudieron a la Justicia fueron los acusados, esto es, Gordillo y Palomeque. Fijaron domicilio y pidieron ser investigados, al mismo tiempo que anunciaron que en caso de ser declarados ajenos al hecho, accionarán contra el senador por los delitos de injurias y calumnias.

Obsesión por la droga

Hasta que no presente pruebas o demuestre lo contrario, la acusación no es más que un bulo, o sea una noticia falsa que persigue algún fin determinado. Claramente esconde intenciones u objetivos inconfesables que remiten al pasado de Oscar Castillo.
En este sentido hay que apuntar dos cosas. Una, que fue el gran artífice de la llegada del radicalismo al poder, situación que no logró precisamente con armas limpias o las que propone la democracia bien concebida. La otra tiene que ver con su obsesión de meter la droga en las luchas políticas. Y ambas están relacionadas.
Antes de la intervención federal de 1991, Castillo y el grupo que conformó el Frente Cívico meneó como si fuera totalmente cierto que Catamarca era un centro neurálgico de distribución de la droga y que las pistas clandestinas, donde operaban los narcotraficantes de los principales cárteles del mundo, abundaban dentro del territorio provincial.
Aquella proclama caló hondo en la población y favoreció el discurso de la prensa nacional que convirtió a los gobernantes de aquel entonces en demonios tentaculares de todos los males.
Después de la intervención federal y la caída del peronismo, como por arte de magia no se habló más de la droga y nunca se descubrió una pista clandestina para aterrizajes narcos.
El consumo de sustancias alucinógenas, en aquellos tiempos, era práctica de escasas personas, como bien lo indicaban las estadísticas. Recién a fines de los 90 y principios del nuevo siglo el fenómeno cobró fuerza, pero quizá en menor medida que en muchas otras provincias de la Argentina.
Nadie, con un mínimo de decencia, puede negar que se trató de una rastrera maniobra política para doblegar a un gobierno, haya sido éste bueno, regular, malo o muy malo.

...y dale con la droga

Como lo explicamos el día de la denuncia sin pruebas, años después -en 1999- el mismo Castillo tuvo un gravísimo problema por una acusación casi similar a la de esta semana.
También buscando ensuciar a una persona para capturar ventajas políticas, durante un reportaje con el fallecido periodista Néstor Ibarra se refirió a la droga. Como si se tratara de un simple juego de palabras, refirió que el embajador argentino en Holanda -país donde hasta ahora no está penalizado el consumo- podía estar participando de envíos o contraenvíos de estupefacientes.
En medio de su alucinada perorata, el conductor televisivo lo paró en seco. Le aclaró que estaba hablando de Julián Williams Kent, un expresidente de River que fue suegro de Ramón Saadi y por el que Ibarra (y cualquiera que lo conociera) “ponía las manos en el fuego”.
Abochornado, Castillo terminó abruptamente su recurrente historia de drogas y narcotráfico, pero tuvo que ir a los tribunales por una demanda penal por injurias, lo que podría repetirse en este nuevo capítulo.
A la hora de la audiencia de conciliación, el senador negó haber ofendido al embajador y no solamente lo desligó del narcotráfico, sino que ponderó su don de gente. El bueno de Kent resolvió perdonar semejante maldad.
Una, dos, tres y más veces denunciando acciones de narcotráfico nunca comprobadas no pueden ser casualidad. Forma parte de un esquema perverso -y nada gracioso- que le dio muy buenos resultados en el año ‘91. Nada menos que tres gobernaciones, dos diputaciones nacionales, dos senadurías nacionales y más de cuarto de siglo de habitar en las cimas del poder.

Recrear el Frente Cívico

Las glorias del pasado no conforman a Oscar Castillo. Quiere más blasones y sabe que jamás los va a conseguir por las vías orgánicas de la democracia. Sin el poder en sus manos, por lo menos para él, es poco menos que tarea imposible. ¿Tendrá que volver a darle la candidatura mayor a Brizuela del Moral o quizá a Ricardo Guzmán?
Como quiera que sea, trabaja por el regreso a los primeros planos. Ha cerrado un acuerdo con el nombrado Brizuela del Moral a espaldas de los afiliados radicales, modificó la carta orgánica para que nadie pueda presentarse en molestas internas (la última fue el 11 de mayo de 1987), permitió que “Coco” Quintar figure (nada más que eso...) como presidente del comité provincial, pero controla los resortes orgánicos mediante la Convención Provincial.
Con ello y con acuerdos nacionales como el conseguido con Macri y, a través de él, con el gastronómico Luis Barrionuevo, piensa recrear el Frente Cívico y lo quiere hacer de la misma forma que en 1991.
Le está faltando algo para colocar los cimientos de la nueva construcción: el escándalo que atraiga la prensa nacional y desestabilice al gobierno de Lucía Corpacci. Obstinado, piensa repetir las estrategias que supieron dar buenos resultados. ¿Podrá lograrlo? ¿Existen condiciones sociales como en los turbulentos tiempos de María Soledad? ¿Quebrará el viejo adagio de que “segundas partes nunca fueron buenas”? ¿Alcanza con agitar el fantasma de la droga?

La reacción del gobierno

El plan castillista está en marcha. Comenzó con la alucinante denuncia del miércoles pasado, la que posiblemente tenga muy pronto rebotes a nivel nacional (pensar que habló para la prensa catamarqueña es ingenuidad mayúscula).
El gobierno, a través del ministro directamente involucrado en el escándalo, reaccionó con reflejos. Pero no debería quedarse en la presentación judicial y el enjuiciamiento a Castillo, en el supuesto de que éste no pueda avalar las acusaciones o se niegue -como ha adelantado- a concurrir a la Justicia.
Si el pueblo de Catamarca en su momento fue víctima del engaño, si Kent decidió “perdonarle la vida”, Gordillo, Palomeque y compañía no tendrán chances de conciliar con Castillo. Están acusados y, por su lado, deben demostrar que son inocentes y ajenos a una causa de narcotráfico. En caso contrario, quedarán marcados para siempre, al igual que sus respectivas familias.
Más allá de los personajes, lo decimos una vez más, la administración de Lucía Corpacci ha recibido una nueva advertencia. Sus rivales, que dominan una Justicia enferma de partidismo y la mayoría de la Cámara de Senadores, están dispuestos a utilizar cualquier recurso con tal de cambiar el derrotero político marcado el 13 de marzo de 2011.
Castillo y un sector determinado de la UCR (el que tiene los cargos y las prebendas de la política) no se van a detener en sutilezas democráticas. Saben perfectamente que las técnicas del descrédito y la victimización funcionan a pleno en una sociedad donde los fantasmas del pasado no terminan de esfumarse.
La acusación de Castillo, que por estas horas debe estar riendo a mandíbula batiente, fue apenas un globo de ensayo de lo que se está maquinando entre la UCR castillista, el macrismo y sectores nacionales que apuestan a que la Argentina se convierta en campo de batalla ciudadana.
La denuncia de narcotráfico, en la medida que no se pongan las pruebas, es puro chamuyo. El senador nacional, de pobre actuación legislativa en el Congreso de la Nación, ha logrado el primer objetivo. Armó un escándalo que retumbó en todos los recovecos de la política. Como en 1991, pero lejos de aquel 1991.