La denuncia pública presentada por un docente que reveló las maniobras mediante las cuales funciona una casa de préstamos de dinero con altísimas tasas de interés y sistemas de cobro poco claros, pone sobre el tapete nuevamente el tema de la usura y la indefensión de muchos que ante un aprieto económico deben acudir a este tipo de locales donde son víctimas del más ruin de los negocios, que es el lucro con la necesidad ajena.
La pelea contra este tipo de negocios que funcionaban hasta no hace mucho bajo el amparo de la legalidad, fue uno de los compromisos que asumió el gobierno de Lucía Corpacci cuando ante la Asamblea Legislativa anunció el decreto que regularía la actividad de las casas que se dedican a la actividad financiera y se conformó el Comité Ejecutivo para la Erradicación de la Usura, integrado por funcionarios y profesionales de distintos ministerios, Fiscalía de Estado y Asesoría General de Gobierno. La medida fue anunciada como un sistema protector del salario de los cientos y cientos de catamarqueños que vivían entrampados en marañas de préstamos de los que les resultaba prácticamente imposible salir, poniendo topes a las tasas de interés y límites al porcentaje de descuento según los ingresos.
Sin embargo, según la denuncia publicada ayer por El Esquiú.com, siguen funcionando “cuevas” en las que se presta dinero a tasas desproporcionadas, donde además se cometen otras tropelías, como la de descontar más de una cuota mensual, no emitir recibos ante el pago de las cuotas, y realizar extraños llamados telefónicos a empleados del Banco de la Nación para gestionar los débitos automáticos de las cuentas. El sistema parece seguir aceitado, en algunos casos, para las prácticas abusivas. Evidentemente, hay que afinar la lupa de los controles sobre este tipo de maniobras un tanto burdas, que además se perpetran en pleno centro y a la vista de todos.