La política tiene cosas extrañas. Una de ellas se relaciona con la historia de Catamarca de los últimos 30 años. Más precisamente con los cambios de gobierno que se sucedieron en ese tiempo, para algunos una eternidad y para otros un suspiro.
Todo viene a cuento de la denuncia por narcotráfico que hizo -una vez más...- Oscar Castillo y que, tanto en el gobierno como en la oposición, ha tenido impactos diferentes. Si el senador, pensando en su Partido, pensó que “iba a llevar agua para su molino”, digamos que lo consiguió. Pero, paralelamente, también afectó la dermis del gobierno.

Los unos y los otros

Hay características que, en el análisis de la gente común, distinguen al peronismo del radicalismo.
Al primero se lo asocia con los sectores populares, con la justicia social y con la clase trabajadora. Al segundo, por el contrario, se lo relaciona con la clase media y media alta, con los empresarios y hasta con la llamada oligarquía.
Justa o injustamente, en un mundo donde prácticamente han muerto las ideologías, éstas son las etiquetas de los partidos tradicionales en la provincia.
¿Podrá ser que después de un gobierno radical o cuasi radical, como fue el del Proceso, los peronistas hayan tenido tolerancia y contemplaciones con sus ocasionales adversarios?
¿Podrá ser que tras un mandato peronista hayan existido persecuciones y condenas unánimes por parte de los radicales?
En ambos casos, la respuesta es afirmativa.

Hechos concretos

El 10 de diciembre de 1983, Arnoldo Castillo le entregó los atributos del mando a Saadi. Todo el mundo imaginaba el exterminio de los colaboradores de la dictadura, con el viejo caudillo radical a la cabeza. Nada de eso sucedió.
Ni siquiera en los discurso existieron voces destempladas para Arnoldo y cientos de colaboradores que, ulteriormente, se reciclaron en la democracia. Un famoso pacto, del que participó Vicente Saadi, enterró fechorías y hechos de corrupción que solo recuerdan los mayores.
Ocho años después, un interventor venido de otros lados (Luis Prol) le cruzó la banda de gobernador de la democracia a Arnoldo Castillo. Inmediatamente comenzaron las extorsiones y las persecuciones de todo tipo. Cerca de 10.000 trabajadores peronistas fueron despedidos, electos representantes del pueblo impedidos de jurar como tales y numerosos dirigentes “paseados” por los estrados de la Justicia ante las cámaras preparadas de los medios de comunicación.
Siguieron veinte años en los cuales el gobierno castillista, y después brizuelista, radical en definitiva, ignoró a la que llamaba peyorativamente “perrada”. Jamás con ella tuvo una reunión de carácter institucional. Nada. Las únicas (reuniones), para la práctica de algún soborno que asegurara las votaciones en la Cámara de Diputados, eran “entre gallos y medianoche”. Lejos de los flashes.
En síntesis, aquellos favores de convivencia del ‘83 fueron devueltos con crueldad a partir de 1991.

Lucía Corpacci y Oscar Castillo

La historia reciente es mucho más conocida. La actual gobernadora recibió la provincia en llamas. Los desmanes económicos de veinte años recrudecieron en la llamada transición de nueve meses: Brizuela del Moral firmó más de 8.000 nombramientos para entorpecer la gestión de la mandataria electa; aparte de realizar gastos sin límites y hacer todo lo posible para fabricar el déficit que dura hasta nuestros días.
Lucía Corpacci tenía cómo anular semejantes irresponsabilidades. Nada es que no lo hizo, sino que llamó a la concordia, al reencuentro de todos los catamarqueños sin distinción de banderías políticas y no tuvo un solo acto de persecución en casi un año de gobierno. Tampoco quiso aprovecharse de los flagrantes actos de corrupción que cometieron los funcionarios del Frente Cívico y dejó la para la Justicia, sin influenciar en nada, que resuelva los perjuicios que pudo haber soportado el Estado.
Semejante gesto de convivencia, al igual que en 1991, no tuvo contraprestación por parte del radicalismo.
Oscar Castillo, que supuestamente iba a ser un colaborador del nuevo gobierno, volvió con métodos que se parecen demasiado a los que utilizan los golpistas.
La Cámara de Senadores, en la que tiene clara influencia, rechazó el pliego del fiscal de Estado propuesto por la gobernadora sin que exista motivo valedero para hacerlo. La Justicia, teñida de partidismo radical, no colaboró en lo más mínimo con la nueva administración y, ahora, ha salido a ventilar -sin prueba alguna- que el narcotráfico ha vuelto a sentar presencia en Catamarca y tiene cobertura por parte de funcionarios provinciales.

Sin reglas de juego

Ni por un momento pensamos alentar la venganza o cosa parecida. Si antes ponderamos la actitud de la gobernadora, no vamos a cambiar de opinión ahora. Pero sí decimos que el gobierno no debe pecar de ingenuo si el adversario, finalmente, se ha convertido en enemigo y juega a desestabilizar.
Si a alguien lo atacan con munición pesada o usan los micrófonos como si se tratara de una Bersa último modelo, la defensa no puede hacerse con un revólver de juguete y balas de cebita.
Es que los resultados de una pelea de tanta perversidad convierte a los pecadores del pasado reciente en impolutos de la hora actual. Indudablemente están cambiados los roles.
El presente de pobreza, de gente acostumbrada a la demagogia, de administración pública desbordada y de dependencia absoluta no lo creó el Frente para la Victoria o el peronismo. Es la obra del radicalismo, al cual pertenece el senador Castillo.
Hechos de corrupción como el affaire de Educación; los cursos de fundaciones truchas; la comida de los pobres que se convertía en alimento de los chanchos; las vergonzosas privatizaciones de la luz, el agua y el casino; el negocio de las compras directas en tiempos de Oscar Castillo; los negociados con la minería; las tragedias I y II de la Alcaidía; la entrega de la terminal de ómnibus; el no esclarecimiento del Caso Morales y cientos de miserias republicanas no fueron obra del peronismo. Que nadie se confunda: tienen nombre y apellido. Y las que no prescribieron deberían ser investigadas.
Desde las alturas del poder se ha pedido a funcionarios de distintos niveles que salgan a defender el gobierno frente a algunos maquiavelismos hoy alentados por cierto sector de la prensa.
Aunque se considere extemporánea, siempre es buena la oportunidad de poner las cosas en su lugar y para ello no hace falta apelar a chicanas y/o oportunismos políticos. Basta con revisar la gestión del Frente Cívico y aplicar la ley.
Cuando salgan, como seguramente saldrán, quienes pretenden un manto de olvido -o sea impunidad- para los que destruyeron la provincia y establecieron la cultura nefasta del clientelismo, habrá que aclararles que no se construye ningún futuro sin memoria y justicia.
Si hasta la actualidad se discuten los alcances de la tiranía de Juan Manuel de Rosas; si el día de la raza es motivo de controversias por las matanzas indígenas; si las secuencias del primer gobierno peronista vienen y van en el relato histórico; si el Frente Cívico utilizó veinte años para proclamar que el saadismo fue el más nefasto de los regímenes, cómo no se van a discutir cosas que ocurrieron hace quince, diez, cinco, dos y un año y que influyen en el presente político de la provincia.
El gobierno de Corpacci ha comenzado a tener costos en la consideración de la gente. En muchos casos ha mostrado, lo repetimos, una candidez que no se condice con las conductas de una oposición enceguecida por ánimos de venganza -con Castillo como abanderado- y que no perdona que la hayan despojado del poder. Quizá todavía no sea tan tarde para poner las cosas en su verdadero lugar.