La clausura a la Municipalidad de Ancasti por parte de Inspección Laboral dispuesta el jueves pasado, fue un grave desacierto político. Aún cuando el edificio municipal no hubiera estado en condiciones, institucionalmente es inconcebible que se haya tomado tan drástica decisión, pues se trata de una institución democrática que tiene un lugar clave en el sistema de gobierno contemplado por la Constitución Nacional. Y por lo tanto los métodos –de ser real que el ámbito laboral no era el adecuado- debieron ser otros.
Trascendieron variadas versiones acerca de cómo se gestó el procedimiento, en el que se incluyeron supuestas influencias de algún legislador y maniobras de falsos llamados telefónicos previos, pero nada se pudo verificar porque los protagonistas guardaron un silencio sepulcral en medio del estruendo que el hecho produjo en ámbitos gubernamentales y del festín que la noticia provocó en filas opositoras.
Mientras puertas adentro del gobierno se buscaba la forma de salir de semejante atolladero en que los puso el ahora renunciante Adolfo Castellanos, desde el radicalismo sus dirigentes ganaban los medios de comunicación y las redes sociales para salir a denostar no sólo el acto mismo, sino toda la gestión gubernamental. Celebraron, sintiendo que el hecho les devolvía protagonismo desde la posición de víctimas.
El episodio evidenció también que hacen falta más reflejos para gobernar. No debe haber crédito para el costo político. Debe pagarse rápidamente y al contado. De lo contrario, los intereses crecen y lo que pudo ser una cuenta menor se convierte en un conflicto mayor.
Han pasado cuatro días hasta que Castellanos presentó la renuncia, cuando ésta debió ser noticia el mismo jueves, antes de que el ministro de Gobierno Francisco Gordillo pida disculpas a la intendente de Ancasti, Blanca Reyna.
Es de esperar que lo sucedido sirva de aprendizaje de manera que si alguien comete un error garrafal no dude un instante en renunciar, de lo contrario que se lo aparte sin dilaciones.