A pesar de las amenazas de intervención o disolución del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE), el organismo mantiene vida y, más que eso, se apresta a tener una actuación pública después de varios años (¡leyó bien: varios años!). Es que con motivo del casi imperioso aumento de las tarifas de electricidad, el ENRE va a prestar acuerdo al aumento que disponga, a través del Ministerio de Servicios Públicos, el Poder Ejecutivo. De esta forma, los directores que supo nombrar el radicalismo -Luis Lobo Vergara, Augusto César Acuña y Rosa Mabel Sarquís- se mantienen en sus cargos y, hay que destacarlo, supieron resistir los severos ataques del peronismo. El tema, por ende, tiene un alto valor político. Estos funcionarios, especialmente Acuña, no son “chirolistas” del gobierno anterior -los puso en funciones Arnoldo Aníbal Castillo cuando promediaba la década del 90 y el menemismo hacía furor en la provincia-, sino dirigentes que hoy mismo cuentan con poder de decisión dentro de la orgánica de la UCR. Su permanencia en los cargos, como la del presidente del Tribunal de Cuentas o los miembros de la Corte de Justicia, son como una “herida abierta” para la conducción que ganó las elecciones en 2011.

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Después del “escándalo Denett” en la órbita de la Fiscalía de Estado, el gobierno no se animó a intervenir el ENRE, aunque ganas no le faltaron. Guiado por la opinión del exministro de Servicios Públicos, Julio Molina, se consideraba que -al volver los servicios privatizados al Estado- el Ente había perdido razón de existir, mientras que desde las trincheras radicales se replicaba que, al contar con acuerdo del Senado, los directores tenían la misma estabilidad que cualquier funcionario judicial. De esa manera, como ocurre muchas veces, el conflicto político se enfrentaba con un dilema jurídico. La pregunta que se hacen muchos peronistas es por qué existen tantas contemplaciones si Arnoldo Castillo, en 1992, a un juez (Mario Acuña) que también tenía acuerdo, por haber decretado una medida cautelar (que estaba dentro de sus facultades) a favor de senadores que habían sido electos por el pueblo y no les permitían jurar, lo despidió sin que nada pasara. En verdad tienen razón. Aquel caudillo radical no tuvo dudas. No solamente lo sacó del cargo, sino que pidió textualmente “echarlo a patadas”. ¿Qué tal?

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Muchas veces se aprende de los errores. Esto es algo que se escucha frecuentemente sobre el ENRE y la política que se llevó adelante en los primeros meses de gobierno. Por ejemplo, se estaría reparando ahora que numerosas obras eléctricas fueron cedidas a los mismos constructores que tenía el Frente Cívico y, se sospecha, que alguien estaría cobrando “por los favores recibidos”. Con el ENRE ocurrió otro tanto. Se pensó en utilizar la vía legislativa -hasta hubo un proyecto del diputado Jorge Moreno-, pero era evidente que resultaba imposible superar la valla radical del Senado que, con el paso de los meses, cerró filas para hacer la vida imposible al gobierno, hasta el punto de no haberle aprobado leyes fundamentales como la Impositiva, la de Seguridad, la Electoral, etc. Ahora habrá que esperar que cambie la composición del Senado. ¿Será posible?

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Miembros de la Juventud Radical intentaron realizar un encuentro en la localidad de Icaño (La Paz) y, según comentarios a los medios, no pudieron hacerlo por la obstinada negativa de las autoridades municipales. Detalles como la presentación del permiso y la consiguiente autorización sirvieron para obstruir la reunión política y, por supuesto, no hubo buenos pensamientos para el intendente Pío Carletta, a quien endilgaron los cargos más severos. Si las cosas fueron así (no existen motivos para descreer), desde ya decimos que está mal y que se trató de un acto tan autoritario como antidemocrático. Por el contrario, quien sea y a quien represente la autoridad, debería alentar las reuniones políticas, no prohibirlas. No hacerlo significa pasar a los territorios de la discriminación.

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Hablando de los radicales. Está de vuelta en la provincia, después de tomar vacaciones en la selecta costa brasileña, el senador Oscar Castillo. Por supuesto que, en el reencuentro con sus correligionarios, no debe haber recibido buenas noticias. El partido sigue a la deriva y cada vez se aleja más el acuerdo de todas las líneas para evitar que se discuta una interna para los cargos electivos. Tampoco hubo gran avance en la reconformación del Frente Cívico, tarea de la que vino ocupándose sin mayor suceso el exgobernador Brizuela de Moral. Para colmo, a nivel nacional se mantiene la fractura entre los que quieren unirse al Frente Amplio Progresista de Hermes Binner y los que prefieren jugar a la par de Mauricio Macri, lo que sería del agrado del senador. Al menos, junto a Brizuela del Moral, lo recibió en Catamarca con los brazos abiertos.

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Menudo problema generó el exasesor de Gobierno, Mario Mayorga, con un dictamen referido a empleados y exempleados del ex Banco de Catamarca, la entidad que fue disuelta durante el gobierno de Oscar Castillo. Resulta que los empleados que, en 1991, fueron despedidos por el interventor Luis Prol, iniciaron un reclamo indemnizatorio y lo consiguieron a través de una ley de la Legislatura. El asesor, un profesional de reconocida capacidad, resolvió extender el beneficio a los empleados que, al de-saparecer el Banco de Catamarca en 2000, se acogieron a un retiro voluntario y desecharon la posibilidad de incorporarse a la sucursal local del Banco de la Nación Argentina. Quizá sin darse cuenta, Mayorga pudo habilitar una flagrante injusticia. Los despedidos del 91, una treintena de bancarios, quedaron afuera por razones ideológicas. Virtualmente se los acusó de ser saadistas y se fueron de la institución “con una mano atrás y otra adelante”, además de enfrentarse al fantasma de la desocupación. Los del 2000 fueron “víctimas” de la irresponsabilidad del gobierno que fundió el banco y apuró su cierre, aparte de que cobraron dinero contante y sonante por el retiro. Damos solo ejemplo de la posible injusticia: de acuerdo con el dictamen del exasesor, hasta podría llegar a cobrar quien fuera el último gerente del banco liquidado, esto es, el señor Miguel de la Orden. Dejando de lado las cuestiones personales, se trataría de una torpeza que, por lo que se ha dicho, el gobierno actual no está dispuesto a tolerar. Cobrarían únicamente a los que se les colocó el “sambenito” de saadistas, en varios casos sin siquiera llegar a serlo.

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La gerente de Minera del Altiplano, la abogada Soledad Rodríguez, criticó duramente desde sus oficinas andalgalenses al intendente Alejandro Páez por no haber contestado a una invitación de la gobernadora Corpacci para asistir al congreso internacional de minería que, entre el 3 y el 6 de marzo próximos, se desarrollará en Toronto (Canadá). Soledad estimó que el congreso es una gran oportunidad para estar al tanto de la actualidad minera y del tratamiento que la actividad recibe a nivel mundial. Dijo que “la gobernadora invitó a Páez para que se sume a la delegación, integrada por ella y ocho funcionarios, porque se trata del intendente de un departamento minero fuerte. No hay que repetir los errores del pasado y despreciar un cónclave donde se puede aprender en serio sobre minería responsable, que es lo que pretendemos para la provincia”. También consideró que el silencio del intendente roza la figura del desprecio hacia la gobernadora y representa una falta de respeto a las instituciones. “Se puede pensar diferente, pero ello no da lugar a vapulear las investiduras” remató la abogada, hija de un reconocido militante del peronismo.

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como lo hacemos domingo, martes y jueves de cada semana, terminamos los “Apuntes del Secretario” con los recuerdos de hechos y circunstancias ocurridos un cuarto de siglo atrás. Veamos algunos de ellos.
El primer día de febrero de 1988 es nominado presidente de la Corte de Justicia de Catamarca el doctor Néstor Retamozo, un dirigente peronista que ni siquiera tenía en ese momento el acuerdo de la Cámara de Senadores. Venía de ser subsecretario de Gobierno y el tratamiento del pliego importaba poco porque el peronismo dominaba ampliamente los números legislativos. Rafael Díaz Martínez, hoy presidente del Tribunal de Cuentas por decisión del Frente Cívico, fue nombrado aquel día ministro vicedecano. Completaba el máximo tribunal provincial el doctor Mario Guzmán, quien fuera el presidente del cuerpo en 1987. Tiempo después, el 3 de octubre de 1993, Néstor Retamozo resultó elegido diputado provincial por la escisión peronista Opción Provincial.

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El 2 de febrero del ‘88, un año que iba a contener hechos políticos verdaderamente extraordinarios, regresa desde la Capital Federal a Catamarca el gobernador Vicente Saadi. Comenta la reunión que mantuvo con el presidente Raúl Alfonsín en la Residencia de Olivos, además de abordar temáticas de la época como la situación del ex Banco de Catamarca, la coparticipación federal, el clima partidario y la posibilidad de una reforma de la Constitución Provincial. Sobre esta última, indica que tienen que participar los distintos sectores, a los que pide se integren a su gobierno y, de ese modo, cogobiernen. Ratifica su postura invariable de acordar entre todos los partidos políticos una lista única ante la eventualidad de una reforma.