Más de dos decenas de muertos por accidentes de tránsito en los dos primeros del año llaman la atención. Demasiado. Y prenden un faro, de color rojo sangre, que debería iluminar la mente de la sociedad para detectar una solución a un problema que, por cuestiones lógicas -malas calles, malos caminos, parque automotor saturado, ausencia de controles, etc.-, con el paso del tiempo, tiende a agravarse. Sabemos que cuando se repara en las tragedias que anuncian los diarios o la radio con frenesí -una cada 48 horas- todos miran al gobierno, como si de allí podría salir una solución mágica. No va a ocurrir tal cosa y no es él, necesariamente, quien debe hacer punta con este flagelo que lleva los mayores dolores a los hogares. Son las fuerzas vivas las que deben inmiscuirse en el tema y plantear soluciones -no problemas- para que el gobierno las motorice.

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Las estadísticas señalan que en 9 de cada 10 accidentes se ven involucradas las motos, cuyos conductores -con excepciones, por cierto- no están preparados mentalmente para asumir que su único paragolpes es el propio cuerpo. Los operativos de tránsito son buenos, pero más tienen que ver con documentación que con mejorar las desaprensivas formas de manejar. Por allí tendría que comenzar el primer ordenamiento. Quien cometa infracción debe pagarla, porque de ellas nacen los accidentes, las muertes, los heridos y todo esto, además del dolor, cuesta plata. ¡Mucha plata!

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Seguir comentando las estadísticas de muerte, por más que hayan crecido 53% respecto a 2012, no ayuda. Hay que hacer algo. Por mes ingresan, solamente al hospital San Juan Bautista cerca de 300 accidentados. Varios mueren y muchos quedan inutilizados para toda la vida. Una gran mayoría pertenece a la franja de los 18 a 25 años, o sea la de mayor productividad. Y por si faltaran datos para preocuparse, el Estado gasta por cada accidente $10.000 por día. ¡Lindo número! Especialmente si consideramos que a veces faltan hasta las curitas en los hospitales.