Los encontronazos entre radicales y peronistas desde que cambió el gobierno se mantienen inalterables. Las voces de sana convivencia -alentadas desde el minuto uno por Lucía Corpacci- fueron vacías declamaciones que, a la hora de los hechos, se desvanecieron completamente. Desde el rechazo del pliego del aspirante a Fiscal de Estado -Marcos Denett- hasta la no aprobación de la Ley Impositiva, pasando por planteos contrarios a cualquier tipo de colaboración, no cesaron “los palos en la rueda” de una oposición que, lamentablemente, parece estar mirándose en el espejo nacional, escenario en el cual el deporte preferido es “pegarle al gobierno” sin que importen motivos o razones. En la provincia, “la guerra sin cuartel” comenzó mucho antes de que la gobernadora pusiera su mano sobre la Biblia. Ya durante la transición de nueve meses que siguió a las elecciones del 13 de marzo de 2011, se sucedieron medidas del gobierno en retirada que, claramente, estaban orientadas a entorpecer la futura administración. La principal tuvo que ver con nombramientos a destajo -cercanos a los 10.000- en ámbitos de la administración pública o inauguración de emprendimientos cuyo avance de obra, en muchos casos, no pasaba del 60%. Por toda respuesta, el autor material de los despropósitos -Brizuela del Moral-, irresponsablemente dijo (y está grabado) “me tiene sin cuidado lo que piensen los peronistas…”. Quizá en esa frase quede resumida la actitud negativa de quienes, como le cabe a los buenos perdedores, “no levantaron la mano del vencedor”.

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A la actitud malsana del exgobernador se le sumó, meses más tarde, la del senador Oscar Castillo, quien había prometido colaborar aportando la comprensión y el entendimiento de sus amigos de la Cámara de Senadores y la Justicia. Cuando ambos, dejando de lado odios recónditos, “fumaron la pipa de la paz” para apoderarse de la UCR, las rispideces no se frenaron más. Siguen y van a seguir, al menos hasta la elección de octubre. Algo de ese clima es el que se vive por estas horas en el Concejo Deliberante de la Capital donde, desde hace más de tres meses, por la paridad de fuerzas no se eligen las autoridades del cuerpo. A fines de noviembre fracasó la sesión Preparatoria y, de esa forma, el abogado Simón Hernández (h) siguió en el cargo de presidente. Las partes, siete ediles por cada lado, dejaron el dilema para las sesiones ordinarias que, de acuerdo con el reglamento, comienzan el 1 de marzo. Es decir, mañana viernes. Los radicales apuestan a mantener la presidencia y el Frente para la Victoria-PJ la quiere para sí, atendiendo a que fue el último triunfador de la Capital. Si no se avanza hoy en las negociaciones se puede llegar al escándalo de la falta de quórum y que no haya mensaje de inauguración de las sesiones ordinarias por parte del intendente, Raúl Jalil, quien con su discurso de rendición de cuentas abre el período legislativo.

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Más allá de las estrategias de las partes para capturar el preciado botín, hay cuestiones institucionales que, por tradición, deberían respetarse. Quien gobierna el municipio es el panperonismo y frente a la ausencia de Jalil, un hombre de esa fuerza debería -en calidad de presidente del CD- ser su reemplazante, no Simón Hernández que, como “intendente interino”, no tiene autoridad política para superar lo meramente formal. Algo de esto, dentro de la oposición capitalina, se acepta y podría ser prenda de una negociación más amplia que incluya el reparto equitativo de cargos. De los siete concejales que emergieron de las listas del Frente Cívico, hay cuatro que se están yendo a fin de año (Horacio Mendizábal, Silvia Fedelli, Sara Vega y Simón Hernández, los dos últimos completando un segundo período) y se mostrarían abiertos a la actitud dialoguista, mientras que los tres restantes (Pablo Gilberto Herrera Brizuela del Moral, Luis Eduardo Agüero y Federico Pagué) se mostraron más reticentes. También, dentro de la discusión de fondo de un bloque que puede tambalear, muchos se preguntan si no existe una alternativa enteramente radical a Simón Hernández.

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El mayor de los pecados del joven Hernández es su falta de identidad. Propios y extraños no le reconocen méritos y apenas justifican su presencia en tan alto cargo por ser el “hijo de” Simón Hernández (exvicegobernador, exdiputado nacional, ex fiscal de Estado) o “sobrino de” Eduardo Brizuela del Moral. En más, y con razón, no hay trayectoria ni lucha política alguna. Se trata apenas de un abogado que, con el título bajo el brazo y sin conocer las baldosas de los Tribunales, llegó a las alturas del poder y pretende seguir viviendo de la política, a punto tal que muchos lo sindican como postulante a una segunda reelección, sea como concejal o diputado provincial. En defensa de Hernández chico, hay que decir que son varios los que decidieron vivir de la política sin haber ejercido nunca. Los casos más palpables son los de los exgobernadores Ramón Saadi y Oscar Castillo que, únicamente por fotos o comentarios, conocen de pasillos y expedientes judiciales.

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Lo de los asesores del bloque radical dentro de la Cámara de Diputados también forma parte de la vehemencia política. Fueron desplazados como una “vendeta” por la intransigencia de legisladores que, a la hora del tratamiento de proyectos que eran fundamentales para la provincia -Presupuesto, Ley Impositiva, etc-, optaron por tensar la soga y utilizar extorsiones para conseguir más prebendas. El reclamo del reintegro de la gente (cualquier bloque requiere de asesores), de alguna forma es legítimo, y posiblemente el presidente disponga en algún momento que el bloque de oposición los designe nuevamente. Retomarlos y pagarle los salarios caídos sería una forma de dar marcha atrás con la medida. Néstor Tomassi y el bloque oficialista tienen la palabra.

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Siguiendo con los asesores (varios de ellos se resisten a volver a trabajar en serio y quieren continuar viviendo de la política), llama la atención que algunos radicales se “rasguen las vestiduras” con este tema. Por caso Miguel Vázquez Sastre que, posiblemente, no haya reparado en las injusticias que cometieron “los radicales en el poder” contra “los peronistas en el llano”. No estamos alentando, ni mucho menos, “el ojo por ojo o el diente por diente”, pero la verdad que los años noventa fueron un martirio para la oposición. Desde el castillismo se fomentaron las peores perversidades, a punto tal que despidieron a miles de personas (interregno Intervención Federal-Gobernación de Arnoldo) de la administración pública por razones ideológicas; a otras se las trasladó; se impidieron juramentos de legisladores que se habían impuesto por el voto popular y a varios políticos se los persiguió con la Justicia. La máxima injusticia llegó, sin que existieran pruebas, con la condena de alguien relacionado con el peronismo por parte de un tribunal que fue conformado por el poder político al que pertenece precisamente Vázquez Sastre. Precisamente para superar estas miserias humanas de la década del 90, el actual oficialismo debería buscar la mejor forma de cicatrizar las heridas y sus adversarios de la política guardar un más respetuoso silencio. Aparte de arreglar las asesorías con los distintos sectores internos de la Unión Cívica Radical y los socios de lo que fue el Frente Cívico. Ellos también tienen derecho a reclamar lo que, proporcionalmente, les corresponde. No todo es castillismo o brizuelismo.

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como lo hacemos en cada entrega, el cierre de los “Apuntes…” va con el repaso de hechos políticos que ocurrieron hace 25 años atrás y pueden tener relación con el presente.
El 28 de febrero de 1988, el extinto presidente Raúl Ricardo Alfonsín deja inaugurada la última etapa del Congreso Pedagógico Nacional que se lleva a cabo en la ciudad cordobesa de Río Tercero. En su mensaje instó a superar la pobreza extrema, la cual “no puede ser sólo inspiración para un programa educativo, sino el norte primero de toda la educación”. Asistieron más de 300 delegados de todo el país -también de Catamarca- y acompañó a Alfonsín el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), Federico Mario Zaragoza. Fue uno de los últimos actos institucionales del gobierno radical antes de la llegada de la crisis económica que azotó a el país y obligó a la entrega anticipada del poder. Los seis años de mandato de Alfonsín se convirtieron en cinco y siete meses. En lugar de entregarle los atributos de mando a Carlos Menem el 10 de diciembre de 1989, que era lo que correspondía, debió hacerlo el 8 de julio en medio de los saqueos a los supermercados y una inflación mensual que ya alcanzaba los tres dígitos y que llevó a las nubes el riesgo-país.