Apuntes del Secretario

lunes, 04 de febrero de 2013 00:00
lunes, 04 de febrero de 2013 00:00

Conforme lo anunciamos la semana pasada, al reanudarse la actividad judicial se iban a producir conflictos que, a esta altura del tiempo, parecen irreversibles. La Corte de Justicia ocupa, una vez más, el centro de la escena. Al negarse en enero a abrir la feria por los reclamos de Justicia que llegaban desde el interior de la provincia, a nadie extraña que aquellos reclamos se hayan duplicado. Los más fuertes provienen desde Santa María, donde una serie de crímenes no resueltos aumentan la sensación -y más que eso también- de ausencia de justicia. Quien se hizo eco del malestar existente fue la gobernadora, Lucía Corpacci, que permaneció por dos días en los Valles Calchaquíes. Tras entrevistarse con vecinos santamarianos lanzó una especie de advertencia. “No hay que desoír cuando la gente comienza a reclamar, hay que escuchar y ver lo que está pasando” dijo la mandataria, a tiempo de justificar las voces de desencanto: “Si la gente cree que no hay justicia tiene derecho a reclamar. Yo me comprometí a ayudarlos y apoyarlos, porque si el reclamo es por justicia no se pueden hacer oídos sordos”. Así de clarita fue la devolución de gentilezas para con un tribunal que sabe que hay problemas y “mira para otro lado”. No solamente lo hace con los reclamos ciudadanos que se realizaron, aparte de Santa María, en Andalgalá y Recreo, sino en muchas cuestiones que han sido comentadas hasta el cansancio, como ser la reyerta del barrio norte que terminó con el destrozo de una unidad judicial o los piquetes en los territorios mineros.

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Las quejas contra los fiscales Marcelo González (Santa María) y Martha Nieva (Andalgalá) tienen una larga historia, pero absolutamente nada se ha hecho para revertir el statu quo existente. No vamos a entrar a analizar responsabilidades concretas de estos funcionarios, pero ya es hora que la Corte revise situaciones que pueden convertirse, aunque estemos en pleno verano, en una verdadera bola de nieve. El pedido de coordinar acciones con el Poder Ejecutivo, a esta altura de los acontecimientos, es poco menos que una quimera. La Corte ya ha demostrado que todavía guarda fidelidad a sus mandantes políticos -la UCR- y lo ha ratificado, sin disimulo, durante 2012. Baste con recordar el “Caso Denett” y la habilitación de un conflicto de poderes pedido por el bloque radical de la Cámara de Senadores. Por ello nos animamos a decir que en las elecciones de octubre, aparte de los candidatos, se votará a favor o en contra de este Poder Judicial que es totalmente ajeno al peronismo y al Frente para la Victoria. A casi dos años del triunfo electoral y a catorce meses de su asunción, Lucía Corpacci no ha designado ni siquiera un cadete en este poder donde todo es color radical. ¿O alguien tiene algún argumento como para negar esta afirmación? ¿Qué coordinación puede existir entonces si ante verdaderas súplicas se ha respondido, invariablemente, con desplantes? La gente no vota por la Justicia, ya lo sabemos, pero sí puede votar a favor -o en contra- de la gobernabilidad, algo que se ha convertido en materia de discusión más profunda. Si la Corte de Justicia únicamente pone “palos en la rueda”, el pueblo puede darle al gobierno los mecanismos para llegar al juicio político. Y si considera, el mismo pueblo, que hace bien en no colaborar, aumentarle los obstáculos.

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Ayer puntualizamos algunas incoherencias que se aprecian en el área de salud. Aparte de haber sido una bolsa de trabajo durante muchísimos años (tres cuartas partes del presupuesto se pierden en los laberintos salariales), hay grandes problemas con el servicio propiamente dicho, especialmente en las áreas programáticas. Uno de ellos tiene que ver con los médicos anestesistas, que son pocos (unos diez en la esfera pública y cerca de veinte en el sector privado) y piden una mayor retribución, la que legalmente parece difícil de encuadrar. Es que por un lado cobran el sueldo y, por el otro, tienen que hacer guardias, cuyos pagos llevarían el monto final a valores superiores a lo que percibe la gobernadora, lo que constituye teóricamente una valla insuperable. Sin duda que aquí se imponen decisiones políticas: no puede ser que el detalle legal perjudique a la gente y ciudadanos que necesitan una operación tengan que esperar, en muchos casos, tres, cuatro, cinco o seis meses con los peligros que implica este tipo de demoras. Y si está faltando ejecutividad política, queda otro camino. Hay que copiar cómo muchas provincias han solucionado el dilema a partir de considerar que las guardias, en los papeles, conforman otro sueldo. Suponemos que a la gobernadora le interesa, por encima de los salarios, que se atienda bien a la gente, preferentemente a los que utilizan el hospital público.

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También la burocracia, que domina prácticamente todas las áreas de la administración pública, estaría produciendo verdaderas calamidades en el sector salud. Según se comenta en los niveles intermedios, con ánimo expreso de criticar a algunos superiores, los servicios administrativos habrían agravado el panorama que existía cuando gobernaban los radicales. “Hay que hacer cuatro o cinco pasos más que antes”, nos indican con papeles en mano, por lo que pensamos que hay temores que no se condicen con la necesidad de agilizar trámites y con algo más que eso: nada menos que gobernar. ¿Si las cosas se hacen con honestidad, qué problema hay de ejecutar acciones que tranquilamente podrán justificarse frente a cualquier duda o queja de la oposición? ¿O lo que está faltando es idoneidad y saber interpretar el alcance de las leyes? ¿Los abogados que tienen los servicios administrativos no están acaso para solucionar los problemas? ¿O acaso son parte de los problemas?

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La presencia del exdiputado Fidel Sáenz como uno de los voceros, en gran medida, le ha cambiado la capacidad de reacción del gobierno. Conocedor profundo de las relaciones partidarias y con gran experiencia en el ámbito legislativo (fue diputado en los períodos 1999-2003, 2003-2007 y 2007-2011), Sáenz se ha hecho sentir en los últimos meses y, conforme es opinión unánime en los mentideros de la política, ha contrarrestado el discurso radical y por ello ha recibido críticas casi inentendibles y largamente ridículas. La más fuerte de las acusaciones fue emparentarlo con el saadismo, sector con el que llegó a la banca de diputado en 1999, pero en realidad siempre se mantuvo en la orgánica justicialista, por lo que en años subsiguientes acompañó a Luis Barrionuevo, quien sucedió a Saadi en la conducción del PJ.

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como lo hacemos habitualmente en días martes, jueves y domingo, cerramos los “Apuntes del Secretario” con la recordación de hechos políticos o relacionados con la política que sucedieron en los últimos 25 años. Vamos a los de este martes. El Jefe del Estado Mayor del Ejército, general José Caridi, reivindicó -una vez más- un 5 de febrero de 1988 la lucha antisubversiva librada por las fuerzas armadas durante la dictadura y reafirmó el respeto de la fuerza a la “intangibilidad del orden constitucional”. Puso como ejemplo la movilización “de la masa del Ejército”, en enero de aquel 88, para acabar con la rebelión encabezada por el “carapintada” Aldo Rico. Los conceptos fueron vertidos con motivo de evocarse el 13 aniversario del comienzo -en Tucumán- del “Operativo Independencia” durante el gobierno constitucional del María Martínez del Perón, que marcó el ingreso formal de las fuerzas armadas en la lucha antisubversiva. Esta información la da a conocer la agencia Diarios y Noticias (DYN), propiedad del Grupo Clarín, y denota como en los primeros años de la restauración democracia todavía el poder militar no se arrepentía de la matanza organizada desde el Estado terrorista.

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Los principales dirigentes del peronismo renovador, entre ellos Antonio Cafiero, Carlos Grosso, José Luis Manzano y José Manuel de la Sota analizaron un 5 de febrero de 1988, reservadamente, las posibilidades existentes para designar “en el corto plazo” al precandidato a vicepresidente que acompañara al gobernador de Buenos Aires (Cafiero) en la fórmula presidencial. También participaron el diputado nacional pampeano Rubén Marín, la legisladora sanjuanina Olga Ruitort de Flores y el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Eduardo Amadeo. Como puede apreciarse, se daba por descontado que Cafiero iba a ser el postulante, lo que finalmente no ocurrió. Carlos Menem no aceptó y lo obligó a disputar la candidatura a través de una interna, en la que consiguió un gran triunfo. Vicente Saadi, que murió dos días después de aquella interna, fue factor decisivo con su apoyo a favor del entonces gobernador de La Rioja. Olga Ruitort, por su parte, se convirtió en la esposa del gobernador José Manuel de la Sota, de quien finalmente se separó.
 

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