Lo ocurrido el jueves a la noche en el Bicentenario, lamentablemente, ha confirmado un temor que en varias oportunidades supo expresar esta columna, que es política y no deportiva. La última vez fue a días de ponerse en marcha el Argentino “B”, el torneo en el que compiten San Lorenzo, Policial, Villa Cubas y Unión Aconquija. Advertíamos entonces que la competencia futbolística estaba acosada por un peligroso enemigo de la tranquilidad pública: los “barrabravas”. Pedíamos entonces la enérgica participación del Estado para evitar males mayores y, complementariamente, entendíamos que los dirigentes de los clubes, en compensación del dinero que reciben del propio Estado, debían colaborar erradicando a los vándalos.
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Nada de eso se ha cumplido y durante el clásico San Lorenzo-Villa Cubas llegó la vergüenza máxima. Una bomba de estruendo fue lanzada, presumiblemente desde la tribuna norte hacia la platea, y por poco no mata a dos o tres personas. El partido se suspendió, naturalmente, y las autoridades no supieron dar respuesta a un escándalo que pudo terminar de la peor forma. Se trató de un hecho criminal. Si a la bomba la tiró un villacubano perjudicó a su equipo, como ya lo hizo en oportunidades anteriores. Pero antes hubo otros incidentes, de los que participaron ambas hinchadas (el cotejo estuvo suspendido 6’) y preanunciaron un final complicado.
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Los hechos fueron perfectamente descriptos por relatores y comentaristas de radio Valle Viejo y todos se fueron del Bicentenario pensando que, de esta forma, es imposible que Catamarca vaya a despertar futbolísticamente. En esas barras, las de Villa Cubas, San Lorenzo y Policial (actor principal de los incidentes del último partido de la temporada anterior) hay delincuentes, alcohol y drogas. Sus dirigentes tienen algo que ver y el Estado, necesariamente, debe tomar medidas para autorizar el fútbol. Sin controles adecuados no se puede jugar. ¿O vamos a esperar las tragedias de la muerte para recién actuar?