Una sucesión de acontecimientos de los últimos meses, que tuvieron amplia repercusión, volvieron a colocar a la Justicia de Catamarca en el ojo de la tormenta.
No es la primera vez que ocurre desde que perdió el poder la UCR, el partido que junto a la Intervención Federal del año 1991, conformó los cuadros superiores, intermedios e inferiores -es decir absolutamente todos- del Poder Judicial.
En dos años, entre varias otras, hubo dos advertencias importantes sobre el compromiso y consecuencia que eran necesarios observar en la marcha de la Justicia, sin resignar un ápice la independencia de poderes. La primera de ellas surgió de los labios de la elegida por el pueblo. Fue en mayo de 2011 cuando Lucía Corpacci dijo, concretamente, que (la Justicia) “está muy alejada de los más humildes y eso tiene que cambiar. La Justicia no es justa cuando llega tarde”.
Evidentemente, al decir que no había justicia “para los más humildes”, la entonces gobernadora electa estaba diciendo intrínsecamente que sí había favoritismo, no justicia, para los poderosos. ¡Chocolate por la noticia!, dirían en los barrios pobres de San Fernando del Valle.
La segunda de las advertencias fue oficial y, como la anterior, tampoco fue tenida en cuenta. Surgió en enero de este año cuando el ministro de Gobierno, Francisco Gordillo, le envió una carta al titular de la Corte, José Cáceres, en la que le pedía habilitar la feria para tratar los reclamos que hacían ruido por lares santamarianos y andalga lenses y cuyos ecos se sentían en la Capital.
A Cáceres no le interesó el fondo de la cuestión. Únicamente se detuvo en señalar errores formales, como la precaria sintaxis de la carta y algunas groseras faltas de ortografía. Antes y después de las advertencias existieron puebladas, crímenes, accidentes fatales, piquetes por doquier, cortes de ruta y un montón de situaciones que mostraron en toda su dimensión la indolencia -y quizá algo más- de la señora de los ojos vendados.

La controversia santamariana

En la ciudad de Santa María saltaron los fusibles. El crimen de un locutor de amplio conocimiento público, hace más de uno año, y la muerte reciente de un joven que fue golpeado en un boliche, fueron los disparadores de una controversia que nació entre la gente y termina moviendo los cimientos de una Justicia que ha perdido hasta la vergüenza.
En medio del lío está la figura de un fiscal, Marcelo González, que acumula tantas acusaciones como faltas de respuesta.
Las quejas contra este fiscal no son nuevas. Vienen desde el pasado y lo pusieron al borde de un juicio político, aunque salió indemne por decisión del poder político (obviamente radical) que lo hizo fiscal y no por falta de méritos para que lo echaran del cargo.
Ahora, la historia vuelve a repetirse con algunas variantes en las que no desaparece el componente político.
La Corte de Justicia ha decidido aceptar la súplica del gobierno en el sentido de que haga algo y convino, en reuniones con las autoridades provinciales, el desdoblamiento de la fiscalía santamariana, con lo cual González dejará de atender las causas penales.
Es tan evidente la intención de volver “a salvar” a González desde el supremo tribunal que lo convencieron de que acepte una licencia por vacaciones no tomadas (¿por qué será que no hacía uso de las mismas? ¿en San María no existe, acaso, la feria judicial? ¿o González siempre estaba de turno?). Quieren “buscarle una salida decorosa” cuando corresponde movilizar los mecanismos para echarlo (“no a patadas”, como pedía Arnoldo para los jueces peronistas) del cargo.
Las circunstancias políticas que rodean a este tema siguieron con opiniones de la doctora Amelia Sesto de Leiva, quien en clara defensa de González salió a rescatar del pasado opiniones de un exfiscal que hoy es secretario de Seguridad, el doctor Juan Pablo Morales. Dijo que este último, al realizar una inspección en Santa María, supo afirmar que González cumplía “muy bien” con su labor.
Como fuere, se trata de una chicana política de un miembro de la Corte. Nada menos. El subsecretario de Seguridad bien pudo haber calificado de esa manera la tarea de González y tener hoy un parecer distinto. ¿Por qué no? ¿O se trata de un cobro de factura de la doctora Sesto por haber aceptado un cargo en el nuevo gobierno?

Mezcla rara

Mientras se acentúa el deterioro de la Justicia, convertida en una “bolsa de trabajo” para la oligarquía de Catamarca, la disputa política sobre el mismo tema parece irrefrenable.
A la intención de apurar un proyecto que eleve el número de miembros de la Corte, esbozada por el diputado Jorge Moreno (FPV-PJ), le respondió el senador Jorge Agüero. Medio en chanza, medio en serio, marcó “reglas del juego” de la política.
“Los diputados del Frente para la Victoria son los que no quisieron dar tratamiento al proyecto de Ley para aumentar los miembros de la Corte de 3 a 5. Lamento que haya tardado tanto tiempo el oficialismo en darse cuenta de la importancia de un proyecto que durmió. Recién ahora les preocupa el funcionamiento de la Justicia. Pero en buena hora que comiencen a trabajar en alternativas para bajar, de alguna forma, los altos índices de inseguridad”, dijo el representante de Paclín en una rara mezcla de “partidismo, legalidad y preocupación ciudadana”.
Primero que resulta “falso de total falsedad” que aquel proyecto que refiere Agüero, de aumentar los cortesanos, tuviera el objetivo de mejorar la Justicia que es, en definitiva, lo que está en juego. De haberse aprobado, en lugar de tres, los radicales del tribunal serían cinco y el reparto sería entre castillistas y brizuelistas. ¿O el proyecto que recuerda Yayo era para designar algún juez independiente?
“¿Que preocupa el funcionamiento de la Justicia?” Y cómo no va a preocupar, si es la responsable absoluta de que no haya justicia, sea por acciones o, especialmente, por omisiones. Todos sus miembros fueron nombrados por el partido de Agüero y ninguno por aquella oposición que hoy en día es oficialismo.
Sobre los “altos índices de inseguridad” que habla el senador, debería preguntarse cuándo comenzó y cuántas casos no han sido resueltos. Por las dudas, entre muchas otras cosas, pero bien muchas, podríamos recordarle alrededor de 23 crímenes irresueltos.
Y no queremos hablar de la cuestión de la división de poderes en épocas del Frente Cívico. ¡Si todo era una sola cosa! El problema surge ahora, precisamente, porque hay un gobierno que, directa o indirectamente, funciona con una Justicia autista, partidaria hasta la médula y que todavía no reacciona de la derrota política que le infligieron a sus mentores radicales.
El senador Agüero debería saber que todo relato ficticio es un acto de provocación. Casi en paralelo con la doctora Sesto ha salido, en rara combinación de movimientos, a politizar temas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado.

Poder casi hegemónico

La historia “larga” de apenas dos años -un oxímoron indiscutible- encierra numerosas turbulencias entre los poderes Judicial y Ejecutivo.
Desde los hechos de violencia en el barrio norte, cuando se destrozaron vehículos e instalaciones públicas, hasta los piquetes de la minería que permitieron que lo ilícito -cortar rutas- se convierta en lícito, pasando por la interminable cantidad de crímenes que no se resuelven, una vez más, hacen pensar que resulta imperioso producir cambios. Si no de hombres, por lo menos de conductas.
Si en la Argentina se está hablando de una Justicia autoritaria, burocrática, en algunos casos ilegítima y hasta oscurantista, Catamarca no puede quedar al margen porque se trata de un mismo sistema en el que funcionan los lobbies e influyen las corporaciones mediáticas (“el silencio es salud”), además que los mecanismos de selección de los magistrados favorece a los padrinazgos y los parentescos. De estos últimos, cabe destacarlo, se pueden escribir varios tomos.
Catamarca, por la secuencia política que tuvo en las dos últimas décadas, sin duda es el mejor espejo de lo que estamos diciendo.
Aquí hubo un poder político omnímodo -el radical- que nombró todos los jueces, fiscales, empleados, familiares y amigos de los mismos jueces y fiscales hasta llegar a formar una verdadera secta en términos políticos.
En este sentido y para un mayor entendimiento de la gente, hay que aclarar que el partido de gobierno -o sea el Frente para la Victoria, que tiene al peronismo como su columna vertebral- no produjo nombramiento alguno, ni siquiera el del cafetero de los Tribunales.
En otras provincias -salvo Río Negro-, por la alternancia en el poder, el Poder Judicial se fue conformando con la participación del conjunto de la política, no de un partido único. La alternancia se trasladaba a la selección de jueces hasta alcanzar la heterogeneidad que está ausente en Catamarca.
Con sólo comparar con la Nación saltan las diferencias. Allí hay jueces que fueron nombrados por el menemismo, por el radicalismo, por la alianza, por el duhaldismo y por el kirchnerismo. Hasta hay algunos que vienen de la dictadura. Así y todo, con semejantes variantes de origen, hay problemas y se pide a los gritos la democratización de la Justicia. ¿Qué dejar para Catamarca si el ciento por ciento de los jueces, funcionarios y empleados, con un perverso Consejo de la Magistratura, fueron nombrados con el visto bueno de gobernadores radicales únicamente?
Las turbulencias alrededor del Poder Judicial no son producto de fuegos artificiales. Vienen desde todos lados y, cada vez, se repiten con mayor asiduidad. Los ministros de la Corte de Justicia ya lo saben. No tan solo hay reclamos políticos. También los hay de la gente y se hacen sentir, como el más reciente de Santa María.