El discurso de la presidenta, que duró casi cuatro horas, incluyó un espacio especial para referirse al funcionamiento de la Justicia en la Argentina. Tal cual se preveía, habló de una eventual democratización y anunció las leyes que en ese sentido, durante el presente mes enviará al Congreso. Frente a un demudado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti, Cristina hizo especial hincapié en el Consejo de la Magistratura, el organismo que nombra jueces y donde actúan consejeros que vienen de la política -mayoría y minoría-, abogados y académicos. Su proyecto contempla que sean elegidos por los ciudadanos, tal como ocurre en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

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Como el esquema judicial es uno solo, el discurso presidencial vale para todas las provincias. También aquí, en Catamarca, existe un Consejo de la Magistratura que nació trucho para poder aplicarlo en la formación del tribunal que, “sí o sí”, tenía que castigar a los imputados por el Caso Morales y que, durante la gobernación de Oscar Castillo, se convirtió en ley con todas las prerrogativas para que la UCR, tal como ocurrió, nombrara a los jueces de su preferencia. El peronismo jamás pudo colocar a alguien en la Justicia provincial desde 1991 hasta ahora.

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Si la ley que eleve el Poder Ejecutivo nacional resulta aprobada, será de aplicación inmediata en Catamarca y quizá entonces pueda cambiar una Justicia que, además del color político, está conformada por familiares y amigos de los propios magistrados. En este sentido, otro proyecto estaría orientado a que un aspirante de cualquier rango o condición tenga chances de discutir posiciones laborales en la Justicia. La cosa no termina allí. Hubo otras iniciativas que pueden provocar un tembladeral en territorios tribunalicios. Se pretende que cada juzgado ofrezca a los ciudadanos información de cómo trabajó y qué causas maneja, aparte de que todos paguen el impuesto a las ganancias del que ahora están exceptuados.