“Los que estamos aquí queremos ser parte de una Justicia más plural y más independiente, dispuesta a transparentar y a rendir cuenta de su actuación ante la ciudadanía entera”, comienza diciendo el documento elaborado al término de la asamblea “Justicia Legítima” que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional días atrás. Abogados, magistrados, juristas y funcionarios judiciales de todo el país se reunieron por primera vez para comenzar un profundo cambio en uno de los tres poderes del Estado, donde ahora parece refugiarse el establishment económico para tratar de torcer las voluntades populares y violentar leyes de la democracia sin más razones que la avaricia de poder económico.
“Es el primer paso de un largo camino que no se agota en la indignación y en el rechazo a una manera falaz e intencionada de ‘invocar independencia’ para encubrir sumisión a grupos, intereses y poderes partidarios, económicos, mediáticos a cambio de ventajas y beneficios incompatibles con un servicio de justicia en un Estado de Derecho”, añaden en uno de los párrafos a modo de desgarradora confesión, si se tiene en cuenta que el documento es firmado por integrantes del Poder Judicial, que quieren un saludable cambio. Por ello, añaden que “llegó la hora de mirar hacia adentro del sistema de administración de justicia y hacer pública nuestra autocrítica a fin de dar sentido a la diferencia entre el accionar corporativo y una justicia legítima”.
La convocatoria fue masiva. Y es alentador y esperanzador saber que hay dentro del poder más conservador de la República hombres y mujeres que quieren avanzar en la consolidación de una sociedad más ecuánime y que saben que deben ser necesariamente parte de ese gran cambio.
El documento es el primer paso en un camino que hacía tiempo había que recorrer. En casi 30 años de democracia, es tiempo de buscar las condiciones imprescindibles para efectivizar el acceso a la justicia para todos, proteger a los vulnerables y dar las herramientas a la sociedad civil para la construcción de una Justicia fuerte.