Las quejas del peronismo de Fray Mamerto Esquiú, que se expresaron a través de declaraciones públicas, no representan un hecho aislado en términos políticos. Son muchos los dirigentes que están molestos por el mismo motivo y, en la mayoría de los casos, parten de considerar que el gobierno ha tratado demasiado bien a los radicales y, por imperio contrario, ha sido amarrete con ellos. La realidad indica que hay un poco de cada cosa. Por ejemplo, la gobernadora dijo en el arranque de su gestión que había que gobernar para todos, frenar las divisiones y dejar de lado las persecuciones. Son actitudes loables, aunque colisionen con intereses concretos de la política.

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A los peronistas no les gusta que la administración pública esté desbordada por los radicales y ellos, o sus vástagos, no puedan ser nombrados. Mucho menos que funcionarios de la gestión anterior hayan permanecido en sus cargos o que figuras emblemáticas -como el exasesor Roberto Luque, al que designaron vicedirector de la Clara J. Armstrong, o Julio Aybar, que fue a parar en la administración de Agua y Obras Hidráulicas- ocupen cargos de importancia. Otro motivo de reclamo es la falta de acción contra exfuncionarios que cometieron actos de corrupción y se enriquecieron durante los veinte años de mandato radical.

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En los casos de las designaciones de personajes notorios o de la falta de castigo a los corruptos hay naturalmente razones para mostrar desencanto. Mucho más si se considera que durante el gobierno radical hubo grandes persecuciones y al peronismo se intentó, por todos los medios, “borrarlo del mapa”. De hecho jamás fue respetado como partido político y mucho menos como oposición. Si por allí se nombraba a alguien con pasado peronista en algún cargo era porque se lo cooptaba, no porque se le haya valorado algún mérito. En lo que hace a la presencia de los radicales en la administración no hay nada para agregar: fueron nombrados legalmente y legalmente no se los puede despedir.