Los sucesos de la semana le dieron un nuevo empujón de descrédito -y van…- a la Justicia de Catamarca. Si ya venía golpeada por circunstancias que son públicas y notorias, digamos en términos boxísticos, que quedó al borde del nocaut.
Los crímenes de la psicóloga María Eugenia Rojas y de la exesposa del escribano Nicolás Ramírez Toledo, Susana Aguilar, vuelven a desnudar un sistema de Justicia desaprensivo, ineficaz y sospechado de fundamentalismos que exceden el pecado original de este Poder Judicial, totalmente manchado por la política, como que fue moldeado no por el conjunto de los partidos, sino por uno solo: el radical. Con repetir que el gobierno actual no nombró a nadie en el enclave que conduce la trilogía Raúl Cipitelli-José Cáceres-Sesto de Leiva, lo decimos todo, aunque, sin dudas, ciertas responsabilidades tiene la administración de Lucía Corpacci.
Cuando en la noche del miércoles terminó de declarar Damián Matías “Bebe” Cano, relatando hechos atroces y confirmando que fue el autor de los dos crímenes más escalofriantes de este 2013, la Justicia de Catamarca comenzó a deslizarse por el tobogán de la falta de credibilidad con la que titulamos este panorama de los días sábado.
El círculo de increíbles desaciertos que, por lo menos, ha costado la vida de Susana Aguilar (si se hubiera investigado como corresponde hoy estaría viva), se cerró en la media mañana del jueves cuando el único imputado por el crimen de la psicóloga, Mauro Orce, abandonó el Servicio Penitenciario y, desde la espontaneidad, tras permanecer 63 días preso, quedó en libertad y descargó su bronca contra la Justicia de Catamarca.
Tras su profética apreciación “recuerdo todo, esto no queda así”, y de aclarar que no aceptará disculpas de los investigadores, fue a una cuestión medular que, aparte de exceder su persona, tiene ver con el funcionamiento de la Justicia: “Nunca volveré a creer, es un desastre”.
¿Qué más puede decir una persona que ha sido acusada de un crimen y todos los indicios señalan que no lo cometió? ¿Cómo puede sentirse quien estando preso en el Servicio Penitenciario sabía que había otros sospechosos como él mismo, pero los fiscales estaban obsesionados con su persona? ¿Qué reacción puede tener, al enterarse de que alguien confesó el crimen que la Justicia le estaba achacando y que, además, ya había declarado en la causa y recuperó la libertad por orden de sus verdugos fiscales?

Obsesión fatal

Como ocurrió con el Caso Morales, los crímenes de María Eugenia y Susana muestran similitudes en orden a una falencia estructural. Aunque fuera por la condena social que recayó sobre los célebres imputados Guillermo Luque y Luis Tula, la Justicia de Catamarca, desde un primer momento, orientó sus antenas hacia los imputados y no tuvo en cuenta, ni quiso tener, ninguna otra hipótesis. De hecho, terminó condenando sin pruebas.
Con Mauro Orce ocurrió lo mismo. Felizmente para él, con un final distinto. Para los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago (el mismo que investigó el crimen de Rocío Ubilla, en el cual nunca quedaron las cosas demasiado claras), conforme a los hechos concretos, Mauro y nadie más que Mauro fue el asesino de la psicóloga. A tal punto que lo tuvieron sentado frente a ellos y lo dejaron ir a quien ha confesado el horripilante crimen: el joven “Bebe” Cano. Pero la “obsesión fatal” va mucho más allá: a Orce lo dejaron libre, pero lo mantienen vinculado al crimen.
Contra esta obsesión fatal, y a las pruebas nos remitimos, desde el instante inicial estuvo El Esquiú.com. Con sus crónicas y notas editoriales pidió en reiteradas oportunidades abrir la investigación. Fue el primero que permitió que el padre del acusado, Mario Orce, levantara su voz y advirtió sobre las dudas que generaba el caso.
En aquella primera declaración a los medios, el progenitor del acusado decía lo siguiente: “Mauro en todo momento explicó los horarios en los que se manejó y lo que afirma no se condice con las conclusiones a las que ya llegaron los peritos investigadores. Además, hay otras personas que declararon y dijeron cosas que no son investigadas. No quiero entrar en críticas a los fiscales, pero nuestro abogado les ha indicado cuestiones que no cierran y que podrían exculpar a mi hijo”.
Días después, hace más de un mes, El Esquiú.com escribía esto: “¿Cuáles serán esas cosas que le llaman la atención a la defensa de Orce? No lo sabemos, pero los comentarios se multiplican en torno a que podría surgir algún nuevo implicado de un nivel social parecido al de María Eugenia”.
Por ello comprendemos el relato cargado de bronca de Mario Orce tras los espectaculares acontecimiento de esta semana: “Estoy muy contento, pero a la vez muy triste por estas dos muertes, que se deben a la inutilidad de los fiscales que investigaron la causa. Esta segunda muerte se podría haber evitado, pero hasta la tarde de ayer (por el miércoles) los fiscales sostenían que el asesino de Rojas era Mauro; se habían empecinado con eso. Si son personas de bien (en referencia a Sago y Mauvecín) tienen que renunciar esta misma noche (por el mismo miércoles).”

El costado político

La vergonzosa investigación del crimen de María Eugenia Rojas es la punta del iceberg de una serie de problemas que viene arrastrando la Justicia catamarqueña y sobre los que también el Ejecutivo –como poder de contralor- tiene responsabilidad. Muchas veces se dijo -y los dijimos- que la gobernadora no pudo nombrar siquiera un sumariante en el Poder Judicial, lo cual es cierto, pero también es cierto que ya está habilitada para poder enviar al Senado pliegos de funcionarios para ocupar cargos que se mantienen vacantes en el Poder Judicial y que, o no fueron cubiertos, o fueron cubiertos a dedo por el propio Poder Judicial.
Entre esos cargos, tres de las nueve fiscalías de Instrucción se encuentran cubiertas por funcionarios en comisión de los cuales algunos, como Miguel Mauvecín, jamás se presentaron siquiera a rendir un examen para ocupar ese cargo, por lo que su idoneidad para estar al frente de una fiscalía –incluso una tan compleja como la que investiga los Delitos Especiales- puede ser puesta en duda. También hay otros casos más preocupantes, como una jueza que todas las veces que rindió –aunque para otros cargos-siempre estuvo entre las de notas más bajas.
La Corte de Justicia ha nombrado distintos funcionarios, como es el caso de los jueces de Menores, en forma irregular amparada por una Acordada –que nunca podría pasar por encima de una ley, excepto en Catamarca- en lugar de llamar al concurso y, mientras tanto, cubrir las vacantes con el sistema de subrogancias. Hay que recordar que las vacantes de los juzgados de Menores se produjeron luego de otro papelón como fue la muerte de cuatro adolescentes encerrados injustamente en las celdas de la vieja Alcaidía, un lugar donde someter a torturas a menores que delinquían era moneda corriente todos los días, según surge de la investigación que lleva, con una lentitud pocas veces vista, las misma Fiscalía de Instrucción que hoy está bajo la lupa. Es que las víctimas fatales eran menores, pobres y marginales. ¿A quién les iba a importar?
Otro cargo que está vacante dentro de la Justicia es nada menos que la Cámara de Apelaciones en lo Penal desde que uno de sus integrantes, Juan Carlos Reynaga, fue designado camarista del Tribunal Oral Federal. Justamente ese tribunal cumple la función de controlar de la tarea que realizan los fiscales de Instrucción y los jueces de Garantías. Sin embargo, sigue vacante.
Pese a todo ello, la Corte de Justicia ya debiera haber declarado desiertos los concursos para cubrir esos cargos. Pudo haberlo hecho, toda vez que devolvió el dinero de la inscripción a los postulantes y todos lo aceptaron. Es decir que ya no hay quien pugne para rendir por esos cargos. La situación habilitaría a la gobernadora a que directamente conforme ella las ternas y eleve pliegos al Senado.

Posición muy difícil

Cuando la UCR gobernaba Catamarca, el Poder Judicial era casi una sucursal del Poder Ejecutivo. Hablar de independencia de poderes, en aquel entonces, era un eufemismo gigantesco y casi ridículo. Gobierno, Justicia, Legislatura, Universidad, organismo autárquicos, etc, eran una misma cosa. La pelota se administraba desde República y Sarmiento, donde había un árbitro que dirigía el partido.
Hoy las cosas son distintas, pero no tanto. Los territorios radicales siguen siendo importantes. Le pertenecen el Senado, la Justicia, la UNCa, el ENRE, 17 intendencias y los niveles intermedios de la administración pública. ¡Ya quisiera haber tenido el peronismo este “pequeño poder” en los veinte años que se iniciaron en 1991!
Sin embargo, el foco de todas las miradas es el Poder Judicial, el gran equilibrador del sistema republicano. Y, lamentablemente, hoy no existen garantías, ni siquiera para la seguridad de los ciudadanos comunes.
Si antes nos referimos en tono crítico a las responsabilidades concretas que tuvo la Justicia en los cortes de la minería, en los alzamientos del Eva Perón y Altos de Choya, en los crímenes irresueltos, en los reclamos de justicia de Andalgalá y Santa María, en la defensa sin escrúpulos de un fiscal al que no quiere el pueblo o a una Corte de Justicia integrada por militantes políticos que hace años se han jubilado, hoy agregamos este escándalo de haber privado de la libertad a alguien cuya participación en un crimen es mucho más que dudosa. Y cuando hay dudas, lo sabemos de manual, hay que privilegiar la libertad.
¡No se olviden de Orce! Él mismo lo dijo:¡Esto no va a quedar así!