El intendente andalgalense, Alejandro Páez, no solamente ha recurrido a la Justicia para solicitar -en nombre de la autonomía municipal- la libre disponibilidad de los fondos de regalías mineras. También realiza proyectos en función de su voluntad de llevar a cabo obras sin que interese si son sustentables, que es lo que, en general, dice la ley de regalías mineras, y lo que, en particular, pretende reglamentar el gobierno para acordar con los intendentes emprendimientos de carácter estructural como redes eléctricas, gasoductos, acueductos, etc. Recientemente elevó una iniciativa para su tratamiento en el Concejo Deliberante a fin de construir una pista de skate en una plaza, cuyos planos, cálculo de materiales y costos llevó adelante la Secretaría de Turismo. La inversión, según el presupuesto, asciende a la cifra de $2.190.480 y afectaría a las regalías. El expediente, de 193 hojas, incluye el estudio de impacto ambiental, el dictamen del asesor legal y de la Secretaría de Hacienda. Se consigna especialmente que la idea nació de un grupo de jóvenes -las firmas totalizan 26 hojas- que se reúne a practicar deportes y entretenimientos en la playa de maniobras de la terminal andalgalense en el horario que no salen los micros de larga distancia. Demás está destacar que solamente con la presentación del proyecto salta una gran contradicción: mientras Páez lucha por la anulación del decreto del gobierno provincial -menudo dilema para la Justicia-, por estimar que atenta contra la independencia municipal, quiere llevar adelante algo que no es precisamente productivo. ¿O puede considerarse así a una pista de skate, un entretenimiento que ni siquiera llega a ser deporte?
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Especialmente después de los graves disturbios que protagonizaron ambientalistas en los pueblos del Oeste, mucho se habló del “derrame económico” de la actividad minera. Por empezar, con buenas razones, se consideraba que la aplicación de la renta a gastos generales o a construir cordones-cunetas era un verdadero despropósito, como también lo es gastar en el Festival del Fuerte o construir una pista de skate a semejante costo. En todos estos temas, muchos le apuntan al Tribunal de Cuentas (a los radicales y los peronistas les sirve para “blanquear” los desvíos de dinero) por la demora en aprobar proyectos o realizar el control de gastos, pero en el caso de Páez también hay morosidad al momento de responder por los gastos: los concejales todavía esperan que se diga, o se escriba, cómo y cuánto dinero se aplicó en las ediciones 2012 y 2013 del festival. Tampoco se sabe cuánto es el importe exacto de las regalías que está depositado en la sucursal local del Banco de la Nación, aunque algunos especulan que rondaría los 40 millones de pesos. Si ésa es la cifra, convengamos que se podrían ejecutar obras muy importantes antes que gastarse más de “dos palos” en una pista de cemento cuyo uso, en este tiempo, más que una necesidad, parece ser el resultado de una moda. Algo parecido, en otra dimensión, al estadio Bicentenario, que se levantó con regalías mineras y, al menos para Catamarca, está fuera de escala económica. No hay forma de llenarlo… ni aun jugando Boca o River.
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Los crímenes de la psicóloga María Eugenia Rojas y Susana Aguilar cayeron como un verdadero Exocet en los dominios de la Justicia. La mayoría de los abogados y hombres de leyes consultados tuvieron conceptos de reprobación hacia las decisiones de los fiscales Sago y Mauvecín, quienes, a pesar de los argumentos del acusado y de testimonios que hay en la misma causa a favor de Orce, lo mantuvieron preso y lo enviaron al Servicio Penitenciario hasta hacerle completar 63 días privado de la libertad, el bien más preciado de toda persona humana. Para un asesino, ese tiempo es nada, pero para un inocente es una eternidad. ¿Y la famosa presunción de inocencia no se aplica en Catamarca o solamente vale para algunos? Aparte, si el “Bebe” Cano no confesaba los crímenes, posiblemente estos fiscales se iban a mantener en las suyas y podían enviar a prisión a un inocente. El tema es de una gravedad institucional muy importante, por lo que no debería quedar en un anécdota. Las voces pidiendo juicio político no son antojadizas, ni mucho menos. Pretender justificar a la Justicia, valga la redundancia, por la falta de medios para investigar -los estudios de ADN fueron enviados fuera de la provincia, lo mismo que los teléfonos celulares que podían contener mensajes de esclarecimiento- es más o menos como reírse de la gente. Los fiscales podían haber ordenado la libertad de Orce mientras esperaban esos resultados. O sea, podían hacer lo mismo que hicieron el jueves pasado, porque el sospechoso sigue vinculado a la causa y está bien que así sea hasta que se deslinden todas las responsabilidades. Por último, no comprendemos bien la declaración del abogado de la familia de la psicóloga. Dijo Enrique Lilljedahl-hijo predilecto de la justicia radical- que no alcanza con la confesión del homicida “Bebe” Cano. Para él, hacen falta las pruebas. ¿Entendimos mal o Cano tiene que demostrar que ultimó a ambas mujeres?
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Como era de esperar, el único medio que salió a defender la posición de los fiscales y de la Justicia de Catamarca, como lo hace siempre, fue El Ancasti. Para el diario se trató de “reacciones viscerales”, o sea que se actuó con las vísceras, en lugar de hacerlo con reflexión y tranquilidad. ¿Es que se puede pedir ambas cosas, además de los abogados o sus familiares, a una persona que puede ser inocente y a la que, en tal caso, están acusando de un asesinato que lo podría mantener en la cárcel por el resto de sus días? A cualquiera que pueda actuar en tan fea situación es muy difícil reclamarle comprensión, pero además, el medio de prensa dice que la situación de Mauro Orce solamente ha mejorado. Para el analista “no puede aseverarse de manera taxativa que no tiene ningún tipo de responsabilidad en el caso”. ¡Pobre Orce si se confirma su inocencia! Además de la “cana” y de la confesión del crimen que le imputaban a él por parte de otra persona, casi como una obsesión, se intenta no dejarlo tranquilo. Tratándose de la forma de hacer periodismo de las últimas épocas -esto no lo decimos por El Ancasti, sino por casis todos los medios de Argentina-, no nos extrañan semejantes elucubraciones o que, después del doble crimen, se haya “descubierto” que a las drogas no solamente la consumen los pobres o los marginados. Pensábamos que era al revés: que en las clases sociales altas, aunque se actúe con “mayor delicadeza”, había más consumo. De lo que estamos seguros es que usan “merca” de mejor calidad.
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La conducta del diario de calle Sarmiento en relación a la Justicia no es nueva. Durante los últimos 20 años, especialmente por las vía de la omisión, se ocultaron cosas feas. Por ejemplo, nada se dijo de la falta de acción en la rebelión popular del barrio norte o en varios cortes de ruta por parte de activistas. Tampoco se habla de la condición de jubilados de los miembros de la Corte -más el Procurador, Enrique Lilljedahl- o del ataque de José Cáceres a la oficina del fiscal Mazzuco, en 2012, para reclamarle por una decisión que estaba dentro de sus facultades tomarla. Tampoco de los amigos y familiares de los propios miembros de la Justicia. Pero eso sí, cuando se ataca a los fiscales, como en los casos recientes, se pide comprensión de la gente. Y si la carga es política, desde El Ancasti se recuerda que la única forma de alejar a un juez es a través del juicio político, un detalle que lo conoce hasta el menos aventajado alumno del primer curso de Derecho.
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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como lo hacemos habitualmente, completamos los “Apuntes” de este martes con el repaso de hechos del pasado que pueden tener relación con el presente.
Hace 25 años atrás, también en el mes de abril, se conmemoró en nuestra ciudad el 101 aniversario del Banco Hipotecario Nacional. Se realizaron en aquella ocasión una serie de actos que se iniciaron, en horas de la mañana, en la plaza 25 de Mayo. El gerente general de la institución, Miguel Ángel Bianucci, junto a los jefes de Préstamo y Financiera, señores Juan Carlos Galián y Marcelino Ríos, respectivamente, colocaron una ofrenda floral en el monumento al general San Martín. Luego hubo un acto interno en la sede de la institución. Eran épocas en que el Banco Hipotecario pertenecía íntegramente al Estado y prestaba un servicio invalorable en la construcción de las viviendas. ¡Cuántas personas no hicieron su hogar con un préstamo del BHN! Después de la privatización de la entidad, durante el mandato de Carlos Saúl Menem, se tornó casi imposible acceder a un crédito para la vivienda propia o la compra de la misma. Respecto a los personajes de esta secuencia, Juan Carlos Galián era un reconocido dirigente peronista, ya fallecido, quien fue preso cuando se produjo el golpe del 24 de marzo de 1976.