En estos tiempos en que se discute a fondo el funcionamiento de la Justicia y la necesidad de introducir reformas como lo ha hecho, a nivel nacional, el kirchnerismo, en Catamarca alarma la pasividad que existe alrededor del tema. Ni el Poder Ejecutivo, ni los voceros tribunalicios, ni los legisladores de los distintos bandos han analizado tan espinosa cuestión y mucho menos han presentado proyectos, con lo cual se mantiene el statu quo de un Poder Judicial con problemas por doquier que termina afectando a la gente. Sabemos que resulta complicado que oficialismo y oposición logren acuerdos porque siguen los acontecimientos nacionales, donde ya no existen entendimientos democráticos y la discusión de las ideas se ha convertido en pelea de bajo fondo, en la que a la posición de un sector surge ipso facto la negativa del adversario. Pero igual se pueden consensuar cuestiones mínimas que, para mejorar la administración de justicia, pueden ser punto de partida.

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Vamos a algunos casos concretos. Los homicidios culposos por accidentes de tránsito en los cuales el victimario haya conducido con alcohol en sangre se resuelven según la fecha de la tragedia. Si ha ocurrido en la primera quincena del mes va a uno de los dos juzgados correccionales que existen y si fue en la segunda termina en el otro. El tema de fondo es que los jueces (Luis Varela y Marcelo Forner) piensan y valoran, dentro de una misma Justicia, totalmente distinto. El uno aplica condenas en suspenso, es decir que no envía a los homicidas a la cárcel, y con el otro los castigos incluyen la prisión efectiva, la que se acomoda mejor al pensamiento común de la gente y, especialmente, de los familiares de las víctimas. Si quienes homenajean a Baco “tomaran” conciencia de estas cosas, es seguro que elegirían el momento apropiado para dar rienda suelta a los festejos desenfrenados. Ironías al margen, los jueces se guían por el Código Penal, y sus fallos -aun distintos- objetivamente están ajustados a Derecho. El problema, es que los ciudadanos son sometidos a una suerte de jugarreta del azar que, nada menos, tiene que ver con su libertad. Por ello, son los legisladores los que deberían adecuar las leyes y colocar equidad donde no hay.

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Otro tema álgido está relacionado al Consejo de la Magistratura local, el organismo que designa a los jueces y analiza sus conductas. Desde hace largos meses está virtualmente paralizado y no hay señales de que pueda reactivarse. El resultado electoral del 13 de marzo de 2011 cambió radicalmente las cosas. El dominio que ejercía el radicalismo le permitió durante más de una década manejar discrecionalmente las designaciones que, de hecho, contaban con el aval de Casa de Gobierno. Ahora, las cosas han cambiado. Como ya no hay mayoría de adeptos a la UCR entre sus miembros (abogados, magistrados y legisladores) y tampoco el Frente para la Victoria-PJ cuenta con números favorables, todo está trabado. Entonces qué mejor que se estudien salidas a un problema que es bien serio. ¿O se esperará la paralización total de la Justicia para tomar medidas?

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Aunque esté relacionado con la Justicia, la posible elección de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura es tema electoral. La ley que enviara al Parlamento la presidente Fernández de Kirchner ha sido aprobada y debería aplicarse en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del venidero 11 de agosto, aunque muchos sospechan que algunos amparos puedan impedirlo. Pero lo que deben saber los catamarqueños y para lo cual tienen que ser informados, es que posiblemente tengan que elegir candidatos a consejeros que presenten los partidos políticos reconocidos a nivel nacional, en una elección para la cual se considera al país como distrito único. Un símil, para una mejor orientación, a las formas que se aplican para elegir presidente de la Nación. En este caso, en lugar de una persona, se votará a una lista que incluya varios candidatos.

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Este secretario dijo el pasado martes que el problema de la UCR es mucho más profundo de lo que algunos suponen. No es que solamente existan diferencias entre el entente castillista-brizuelista y las líneas internas consideradas minoritarias -en realidad a estas categorías las debe definir el afiliado y no figuraciones públicas del pasado- a las que no le otorga la posibilidad de discutir candidaturas como lo establece la Carta Orgánica. Eso es solamente una parte. También, entre los propios miembros que tomaron la conducción del partido a través de la lista única que quedó después que una Junta Electoral impugnara a quienes querían competir, hay agrias discusiones que van subiendo de tono a medida que se acerca la sesión de la Convención Provincial, el próximo 1 de junio. Se trata de la interna dentro de la interna.

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El dilema no debería extrañar a nadie. Es que cuando el radicalismo tenía el poder absoluto en la provincia (a los socios del Frente Cívico y Social siempre se los conformó con algún mendrugo público), a la hora de cerrar o consensuar listas, indefectiblemente surgían enconadas porfías por los puestos legislativos. Varias de estas situaciones se solucionaban con los puestos que disponía el propio Estado o con otras variantes que servían para conformar a los disconformes. Hoy esas prerrogativas no existen más. Los que se enojen porque no figuran en el esquema de Castillo y Brizuela, a no dudarlo, seguirán enojados. Por ello es que se está pensando en programar internas en los departamentos donde haya posiciones irreconciliables. No serían oficiales ni tendrían carácter legal, pero servirían para resolver la interna de la interna. El anuncio del diario La Unión, indicando que se programaría una elección en serio y de sorpresa para encontrar desarmada a las otras líneas internas, no nos parece creíble. Aparte que sería un escándalo mayúsculo.

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Terminamos los “Apuntes” de este martes con la recordación política de acontecimientos de la década del 80 que tienen relación con la actualidad.
Hace veinticinco años, un 15 de mayo, el entonces intendente municipal de Pomán, Eduardo Manti, acompañado por el presidente del comité provincial de la Unión Cívica Radical, Gabino Herrera, expresaba preocupación ante la presentación del proyecto de Ley, del senador José Daniel Saadi (PJ), proponiendo el desmembramiento del único municipio que, en 1988, era gobernado por un intendente radical. Los voceros de la UCR dieron cuenta que el proyecto excluía del municipio a los distritos de Rosario de Colana, Mutquín y Apoyaco y, señalaron además, que la justificación de la iniciativa tenía que ver con asistirlos mejor. La historia indica que aquel proyecto finalmente terminó elevando a tres los municipios del departamento “chayero”. A Pomán y Saujil, que sostienen una batalla secular por imponer la condición de cabecera departamental, se sumó Mutquín, pero no por el proyecto inicial del senador Saadi, sino porque años después la idea le pareció buena y muy conveniente -electoralmente hablando- al castillismo. El exintendente Manti ha desaparecido ya de la escena política aunque su esposa, Asunción Carmen Juri, ejerce como diputada provincial y es rival enconada por lares pomanenses del ministro de Gobierno, Francisco Gordillo. Gabino Herrera, el expresidente “boinablanca”, como se sabe, fue expulsado de la UCR en el mismo año 88 por la decisión de Oscar Castillo (en su calidad de líder de la línea celeste) y, hasta desaparecer del firmamento político, pasó a formar parte del saadismo.

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En mayo de 1988 se inaugura la Primera Feria Exposición Minera Internacional Catamarca ‘88 (FEMICA).El acto sirvió, además, para celebrar el Día Internacional de la Minería en nuestra ciudad. La ceremonia se desarrolló en el Polideportivo Capital y asistieron autoridades provinciales y nacionales. Fácil es colegir que desde aquel tiempo ya se bregaba por imponer la minería y muchos analistas consideran que, a la postre, fue el motivo real por el que se intervino la provincia en abril de 1991.