Mientras se realizan los últimos aprestos para anotar las alianzas electorales (cierran mañana, a la medianoche) que competirán en las elecciones internas nacionales del 11 de agosto, los partidos históricamente mayoritarios de la provincia han decidido sus estrategias inmediatas. A través de sus organismos deliberativos -Convención y Congreso-, tanto la UCR como el PJ, respectivamente, han clausurado la posibilidad de elegir candidatos por elecciones internas formales. Lo harán a través de mesas de consenso, lo que no es novedad para las huestes radicales que, desde hace más de dos décadas, evitan las refriegas internas con un método que les dio excelentes resultados y una larga cadena de triunfos. Esta vez, su adversario peronista hará lo mismo, conforme lo expresó con absoluta claridad la gobernadora y doble conductora partidaria (Frente para la Victoria y PJ) durante el mitin del sábado pasado en territorio chacarero. Lucía Corpacci aceptó y dijo parecerle bien que existan dirigentes con aspiraciones, pero pidió que esa disputa se traslade a 2015, aclarando que ahora “no es el momento” y advirtiendo que a los espacios hay que ganárselos “trabajando”. También fue explícita en cuanto a la marcha del gobierno y a sus propios pensamientos cuando aseveró “la gente sabe que no vinimos a llenarnos los bolsillos y que no vinimos por privilegios personales”, frase que completó con esta otra: “poco a poco estamos demostrando que somos capaces y que cumplimos lo que prometimos. No nos apartamos un segundo del camino”, destacó la jefa partidaria.

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Se han clarificado bastante las cosas en el departamento Capayán, donde hasta ahora se vino hablando de un ramillete de candidaturas. Además de los concejales que vayan a elegir en las jurisdicciones de Chumbicha y Huillapima, la lucha está centrada en el cargo de senador provincial. Para ese puesto, el radicalismo llevaría como candidata a la actual secretaria de Gobierno del municipio chumbichano, Analía Brizuela de Hoffman, en tanto que el peronismo podría ir dividido. Por un lado, se presentaría Miguel “Micki” Romero, en representación de la Tercera Posición barrionuevista, y el candidato oficial del Frente para la Victoria-PJ, está decidido, será Hugo Corpacci, exdiputado provincial y hombre con acciones propias en el departamento sureño.

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Hacia finales de 2012, El Esquiú.com denunció la existencia del pacto Castillo-Macri-Barrionuevo, el cual existe en los hechos concretos y tiene como gran articulador al dirigente gastronómico, quien acercó al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través de una visita a la provincia en el mes de noviembre, a los radicales locales. En esa oportunidad, quedaron asentados algunos acuerdos para enfrentar con éxito las elecciones de marzo, las que finalmente no fueron programadas por el gobierno. En las de agosto y octubre resultará más complicado impulsar acciones conjuntas en virtud de que el macrismo tiene que atender en las mismas fechas grandes batallas electorales en todo el país, especialmente en distritos claves como Buenos Aires, Capital Federal y Santa Fe. Sin embargo, no se descartan movimientos programados, como ser la coordinación que pudiere llegar a existir entre fiscales castillistas y barrionuevistas para cuidarse mutuamente los votos.

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A raíz de impugnaciones a la Reforma Judicial recientemente aprobada por el Congreso de la Nación, surgieron versiones referidas a una supuesta anulación de las primarias de agosto. El posible freno a la elección de consejeros en la misma fecha, lanzado por los medios del Grupo Clarín, obligó al director nacional electoral, Alejandro Tullio, a realizar las aclaraciones del caso. Dijo el funcionario que están confirmadas las PASO “aunque sea frenada la elección de consejeros de la Magistratura”, añadiendo que “ninguna de las partes está pidiendo la suspensión de las primarias”. Con esto quedan despejadas las dudas y se ratifica el cierre de las alianzas para mañana, miércoles. “Cuando mucho no votaremos consejeros”, completó el alto funcionario electoral.

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Un viejo pleito político-institucional puede comenzar a dilucidarse en la fecha cuando, a partir de las 11, en el juzgado civil del juez Jorge Avellaneda, se enfrenten “cara a cara” el exgobernador Ramón Saadi y el propietario del diario El Ancasti, Silvestre Zitelli. Éste último, como se sabe, querelló a su antiguo jefe -a mediados de 1986 fue su ministro de Economía- por declaraciones que el exmandatario realizó al finalizar la elección interna del peronismo en el año 2010. Fue durante una conferencia de prensa en la que calificó a Zitelli como “un pigmeo”, lo que despertó el enojo del empresario, que lo demandó en la Justicia por daño moral, exigiendo una reparación pecuniaria de $70.000. Los dichos de Saadi, como es público y notorio, fueron respuesta a la campaña -incluye la censura a cualquier actividad saadista- que El Ancasti lleva adelante en su contra desde hace varios años. La de hoy será la oportunidad de conciliar o, por el contrario, profundizar un enfrentamiento que ya cuenta con varios capítulos.

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En fuentes cercanas al gobierno, hay coincidencias de que las controversias que se han planteado en el área Salud son el resultado de “no haber separado la paja del trigo” en su debido momento. Es que detrás de las guardias médicas, el Frente Cívico le dejó al nuevo gobierno -aparte del decretazo de los 5.000 pases a planta permanente- un sistema donde se mezclaba la atención de la salud con incentivos políticos a amigos o punteros que trabajaban en el sector. Las guardias médicas, en tiempos del radicalismo, jamás tuvieron un control para favorecer la atención de la gente y se convirtieron en virtuales sobresueldos. Como el Frente para la Victoria no aclaró en su momento qué y cómo recibía el ministerio, hoy encuentra problemas para dar explicaciones razonables a quienes se acostumbraron a la prebenda sin preocuparse demasiado por la salud propiamente dicha. Es más. Nadie comprende cómo puede haber protestas si el gobierno de Lucía Corpacci aumentó de 5 a 8 millones, el presupuesto para atender las guardias de la discordia. Ésta es la historia real. La nueva administración pecó de ingenua al no aclarar este tema y muchos otros sobre las responsabilidades de unos y otros. En Salud, por lo menos, la herencia tiene características de pesada carga y convendría que, aunque sea a destiempo, la conducción ministerial informe oficialmente (no con declaraciones aisladas, o cuando están disparadas las protestas) en qué condiciones se realizó el traspaso.

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RECUERDOS HACIA EL PRESENTE. Como todos los martes, el final de los Apuntes del Secretario corresponde al repaso de hechos del pasado.
Un 10 de junio de 1988, el entonces arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, monseñor Juan Carlos Aramburu, expresaba su condena a la ley de divorcio y a la enseñanza laica, temas que se discutían muy fuertemente hace 25 años, y que tenían como protagonista a un catamarqueño, José Alberto Furque, que, en representación de la UCR, ejercía como diputado nacional. El reconocido abogado, cabe destacarlo, fue el autor de uno de los proyectos para llevar adelante el divorcio vincular en nuestro país. Además, era presidente de la estratégica comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Por cierto, el protagonismo a que hacíamos referencia líneas arriba distaba bastante del papel que cumplen actualmente los representantes locales.
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Un día como hoy, un cuarto de siglo atrás, el exgobernador de Buenos Aires, Antonio Cafiero, y el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, acuerdan que en el Colegio Electoral se consagrará al representante del partido que resulte más votado en las elecciones del 14 de mayo de 1989. En ese entonces, de acuerdo a la Constitución Nacional, el presidente no se elegía por el voto directo, sino a través de un Colegio Electoral. Esto es, los ciudadanos votaban a electores a presidente. Después, cuando éstos últimos se reunían, podían elegir sin respetar el número de votos, con lo cual era posible que resultara electo alguien que no hubiera alcanzado la mayoría de los sufragios. No hubo problemas en aquella elección, ya que la fórmula Menem-Dulhalde arrasó y consiguió mayoría de electores. Después del Pacto de Olivos, que habilitó la reforma constitucional, se anuló el Colegio Electoral y, actualmente, se designa al presidente por simple mayoría de votos, lo que otorga un poder inmenso a los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Mendoza, y relega a distritos electoralmente pequeños como Catamarca, La Rioja o Tierra del Fuego.