No es la primera vez que desde el Congreso de la Nación se reacciona aprobando leyes ante una coyuntura determinada. La reciente creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual fue la respuesta de los legisladores nacionales ante el caso Ángeles Rawson, que ocupa horas de transmisión televisiva desde el 10 de junio. El proyecto, que estuvo prácticamente un año sin tratamiento, salió con una mayoría abrumadora de votos positivos, y se dotó a la Justicia de una nueva herramienta para luchar contra tan deleznable delito.
Una iniciativa similar será reimpulsada ahora en la legislatura provincial. Básicamente es la creación de un banco de datos genéticos de todos aquellos condenados por delitos de abusos sexuales, y de rastros que se puedan obtener en los casos irresueltos para crear un perfil que permita ayudar a esclarecer otros hechos a futuro. No deja de ser una buena herramienta para que los fiscales que investigan este tipo de hechos puedan arribar a la verdad en forma más rápida y certera. Pero cabe preguntarse si es realmente la solución ante los delitos sexuales que se presentan en Catamarca.
Las estadísticas judiciales de la provincia, y no son muy diferentes en el resto de país, indican que la mayor cantidad de abusos sexuales se producen en el seno familiar. Y son de este tipo de hechos donde se produce la mayor cantidad de condenas. Los casos en los que se registraron abusos sexuales por parte de depravados desconocidos por las víctimas son la excepción, y casi no hay registros de violaciones que hayan quedado impunes.
Entonces, crear el registro del que se habla puede ser una forma acertada de luchar contra determinados tipos de abusos sexuales, pero su utilidad se circunscribe a los menos de los casos. Habría que ver qué medidas tomar para tratar de prevenir e impedir los abusos sexuales de niños en sus propios hogares.