Es cierto que el fin de la explotación de Bajo La Alumbrera, anunciado esta semana por el gerente de Relaciones Institucionales de Minera Alumbrera, Jorge Montaldi, no es una buena noticia para Catamarca. Se trata de la joya más brillante que tenía la provincia y sobre la cual giraron todas las cuentas de la actividad minera. Fue un proyecto de más de dos mil millones de dólares, cuyos dividendos fueron malgastados por la política durante mucho tiempo y, de alguna forma, sirvieron para relanzar una razón de Estado donde la provincia asienta, sino las únicas, las mejores esperanzas para producir una transformación. A partir de este gigante de oro, cobre y otras vetas de incalculable valor, afortunadamente, cambiaron reglas de juego básicas. Hubo respeto, más allá de fallos judiciales, por la preservación del medio ambiente y se exigen ahora a las empresas extranjeras los mismos cuidados que tienen en sus países de origen, aparte que el reparto de regalías hoy en día tiene un control celoso del Estado a los efectos de orientar los dineros hacia obras básicas de los distintos pueblos. A ello podríamos agregar la explotación de Bajo El Durazno y la recuperación para la provincia del área Cerro Atajo, cuya exploración lleva adelante la multinacional Yamana y otorga trabajo a los ciudadanos de Capillitas.

La frutilla del postre en materia minera la sirvieron, cada uno por su lado, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora Corpacci. El primero, en los lustrosos salones de la Casa Blanca, destacó a la Argentina como la principal reserva de un material estratégico como el litio, el que Catamarca tiene en abundancia en toda la Puna. La mandataria, bajo los cielos australianos, proclamó que en nuestro país (aunque hable por su provincia) existen mejores condiciones para las inversiones, con lo cual hizo un gesto a favor de la Nación, pero al mismo tiempo expresó lo que nadie puede negar, esto es, que ahora no hay retenciones como las había durante los mandatos kirchneristas. El golpe político final fue el anuncio de las inversiones que llevará adelante FMC-Minera del Altiplano para producir más litio. Serán, por lo pronto, 300 millones de dólares. Detrás de ellos, queda claro, hay beneficios para Catamarca y puestos de trabajo para los oriundos de Antofagasta de la Sierra.

El castillismo, en la figura de Luis Lobo Vergara, alienta por todos los medios una alianza con el sector peronista que conforman Jorge Moreno, Fernando Jalil y Dalmacio Mera, entre otros. La idea de los radicales que siguen al senador nacional Oscar Castillo (fue el primero que pidió a los rebeldes que “se jueguen”) tiene que ver con la chance, cierta y probable, de capturar la conducción de la cámara de Diputados, una caja que permite hacer política a través de nombramientos de los punteros o sostener una interminable cantidad de ñoquis que se mantienen desde hace años y que han perforado todos los cálculos de presupuesto salarial. Para lograr el objetivo hay que hacer números. Los electos del Frente Cívico-Cambiemos, entre 2015 y 2017, son en 18. Con 6 o 7 peronistas, de hecho, no tendrían problemas para imponer autoridades. El tema es que varios de esos 18 juegan en bandos diferentes y no miran con buenos ojos el advenimiento de un grupo de peronistas a los que se conoce por negociar hasta los vales de nafta. Nada de principios o cuestiones ideológicas los distingue. Lo digamos más claramente: la cosa es por plata, como ocurriere, por ejemplo, con la aprobación del proyecto de aumento del número de miembros de la Corte. De todas formas, los números pueden estar el 10 de diciembre para ungir presidente a Fernando Jalil, electo por el kirchnerismo y enconado enemigo del gobierno, al que valora como un hato de ladrones. ¿Mucho, no?

Raúl Chico vive sus últimos días como titular de Producción (dicen que lo reemplazaría Liliana Álvarez o Juan Cruz Miranda). Posiblemente, la que viene sea la última semana en que ocupe el despacho ministerial, lo que permitiría ser anfitrión de Javier González Fraga, el titular del Banco de la Nación Argentina que vendría a la provincia. Mientras prepara, como representante de Santa María, su traspaso a la cámara de Senadores, el hombre ha tenido quejas de los becados que, antes de su partida, pretenden pasar como contratados. En este sentido, hay que aclarar que esta especial categoría de empleado tiene, a los efectos de cualquier promoción, una reglamentación especial. Más allá de los rendimientos laborables, por lo general aceptables, los becados deben tener seis años como requisito indispensable para ser contratados, algo que se vendría cumpliendo en la medida de las posibilidades económicas del Estado. Por lo tanto, por más redoblantes o ruidos de protesta, la realidad pasa por cumplir los requisitos y que haya disponibilidades. No por la voluntad del senador electo.

El secretario general de UTA y líder de las 62 Organizaciones Peronistas, Pedro Armando “Uto” Carrizo, pasó sus “facturas” al gobierno provincial. Lo hizo en el programa “La Mosca Testaruda” que, en radio “El Tala” -94.1, todos los viernes, de 22 a 00- conduce el periodista y cineasta Víctor Leopoldo “Tico” Martínez. Durante el reciente reportaje, también se dio tiempo para repasar su militancia y, como lo dijimos antes, tuvo recuerdos amargos para la actual administración. “El movimiento obrero no tiene ninguna participación en el gobierno, a pesar de que nos sentimos ideológicamente parte. Recién ahora, con la asunción del compañero gastronómico Juan Carlos Rojas, vamos a tener alguna representación. Y sé lo que es estar solo en la cámara de Diputados, la cual supe integrar. Su lucha va a ser contra sus mismos compañeros y los radicales”. En tren de comparar, señaló que el sindicalismo en los 70 era fuerte y tenía baluartes de representación como Isauro Molina padre, que era diputado nacional; Scolamieri, Vera y Acosta, todos exlegisladores provinciales; amén de funcionarios en las direcciones de Comercio y Transporte. Sobre el Justicialismo a nivel país, no dudó en abogar por la reorganización a partir de levantar las banderas de Perón y Evita las que, según su visión, servirán para recuperar el gobierno y tener legisladores al servicio del pueblo, no del capitalismo o del Fondo Monetario. 

La última edición de la revista Noticias incluye una nota referida a Ángel Mercado, el representante de Catamarca en el directorio de YMAD. Destaca que fue denunciado por el abogado local, Fernando Musella, por supuestas amenazas de muerte –vía mail- contra su persona. Al respecto debemos decir que esta noticia, en forma exclusiva, fue publicada por El Esquiú.com en su edición dominical del 29 de octubre, cuando indicó que la presentación judicial de referencias determinó la custodia policial en el domicilio del barrio La Florida y en el estudio del abogado, sito enfrente mismo del paseo “La Alameda”. Se indicó, asimismo, que Musella trabajó en el directorio de Minera del Altiplano y después fue directivo de Camyen (Catamarca Minera y Energética), a la que renunció en forma indeclinable, conforme sus propias expresiones. Días más tarde, este mismo diario referenció que Mercado habría hecho una presentación en la Justicia indicando que la casilla de correo de la discordia le pertenece, pero fue hackeada, con lo cual niega que la autoría de la amenaza le pertenezca. Por último, la revista Noticias desliza sobre el final de la nota un dato equivocado al indicar que Mercado forma parte del directorio de YMAD denunciado por contrabando de oro. Es al revés. Integra el directorio denunciante contra la administración de Manuel Benítez, el expresidente que ahora oficia de asesor del senador nacional Oscar Castillo. De todas formas, a pesar de ser una cuestión teñida de componentes políticos, será la Justicia la que dictamine sobre la denuncia del doctor Musella.

RECUERDOS NO LEJANOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” con el repaso de hechos del pasado.
En noviembre de 1992, por decreto presidencial de Carlos Saúl Menem, era designado presidente de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) el licenciado Luis Manuel Álvarez, quien durante el gobierno de Ramón Saadi había revistado como secretario de Industria y, políticamente, militaba a la par de Mario Fadel. Hay que destacar que Álvarez reemplazó en el cargo a Efraín Saadi Herrera, que también había sido designado por Menem antes de que se produjera el “golpe de Estado” a la provincia, el 17 de abril de 1991. Saadi Herrera fue uno de los pocos funcionarios que se mantuvo en funciones después de aquel acontecimiento, pero finalmente fue reemplazado. A todo esto, los directores de Catamarca en YMAD, en aquel momento, eran Carlos María Correa y Ricardo Germán Herrera, ambos ya fallecidos. Tanto uno como otro, cabe resaltarlo, fueron pioneros en la década del 50 de la formación de YMAD.

El Esquiú.com