Los anunciados cambios en su gabinete, que forman parte de las meditaciones de fin de año de Lucía Corpacci, se conocerían una vez que queden establecidas las nuevas autoridades de las cámaras legislativas. La dilación obedece a un simple razonamiento: el tablero político, en este caso, se mueve como el de ajedrez. El movimiento de una pieza puede generar réplicas en uno o en otro lado. De todas formas, la danza de nombres está y ha comenzado con la salida de Daniel Barros, del ministerio de Desarrollo Social hacia YMAD, y seguirá con la designación de los reemplazantes de figuras como Ricardo Aredes, Raúl Chico, Armando Zavaleta o Gustavo Saadi, todos los cuales están en condiciones de jurar en territorios legislativos. El hecho que la mandataria espere la dilucidación de la conducción legislativa –primordialmente en la cámara de Diputados-, se emparenta con la posibilidad de negociar cargos con las oposiciones externa e interna. Es más: no hay que descartar que algunas definiciones puedan surgir de conversaciones con la Casa Rosada. ¿Será?

La lista de nombres de los nuevos funcionarios, al menos la que se maneja en los distintos mentideros políticos, es larga y tiene algunas curiosidades. Los que se van al ámbito legislativo, de distintas formas, buscan influir sobre la mandataria para dejar en un ministerio o secretaría una persona de su confianza o, mejor dicho, que pueda mantener a funcionarios de rango menor y políticas que se llevaron adelante en los últimos tiempos. Por cierto, ir a los despachos legislativos y manejar una dependencia por control remoto, se trata de pretensión desmedida. En todo caso, lo que corresponde es que quienes juren sean de confianza u observen lealtad con la Gobernadora. Otro dato de color que podría surgir o, por lo menos, está bajo análisis, es la fusión de algunos ministerios o secretarías, algo que puede representar un verdadero avance en función de la reformulación del Estado.

En la oposición, por encima de las internas del Frente Cívico y de la alianza Cambiemos, existe tensa calma. El bloque político, que sienta reales en la cámara de Diputados, “relojea” los movimientos del peronismo y busca sacar provecho de los enfrentamientos que puedan surgir en filas oficialistas. Quieren repetir, si se puede, la alianza que se hizo en 2013 con el “barrionuevismo” y que les permitió, por cuatro años, conquistar cargos para la militancia y tener a maltraer a los funcionarios corpaccistas, aparte de demorar capciosamente la ley de primarias (PASO) o postergar, sin motivos valederos, la reforma de la Constitución Provincial que, para limitar los privilegios de la política, había alentado la Gobernadora. Esta vez las antenas radicales se dirigen hacia la llamada Renovación Plural (Fernando Jalil + Jorge Moreno + Dalmacio Mera), a la que El Ancasti bautizó como “Bloque Fenicio”, lo que tiene una clara caracterización, asociada a cualquier tipo de negocio. El que sea. Los “fenicios”, por las dudas haya algún descuidado, eran los habitantes de Fenicia, un país del Asia antigua que comerciaba en el mundo entero lo que fuere, desde dinero hasta mercancías de cualquier índole. Cualquier parecido con la realidad catamarqueña, en materia política, sería ocurrencia del diario de calle Sarmiento. ¿O, posiblemente, verdad indiscutida? Desde esta columna, solamente podemos decir que al mote lo tienen bien ganado porque sus acciones tienen que ver con negocios. Políticos, como dicen ellos.

Seguimos con la oposición. Más allá de las coyunturas, dentro de un sinnúmero de internas e internillas, nadie puede negar que la pulseada mayor tiene que ver con el pasado y el presente en proyección del futuro. El castillismo, observado con recelo desde todos lados, sigue operando y no se quiere morir. El brizuelismo, está claro, se conforma con los cargos para amigos y familiares, pero hay numerosos dirigentes que no quieren saber más nada con uno u otro. Ya ni siquiera toleran la foto con los viejos caciques, porque una foto retrasa y confunde, independientemente de revivir a quienes se resisten a perder el protagonismo excluyente de los últimos 30 años. En ese orden, a cada nada, se levantan las voces demandando renovación. Por ejemplo, el exdiputado José “Chichí” Sosa ha convocado para mediados de diciembre a su Corriente Progresista Radical y ha anunciado que dejará la conducción en manos de dirigentes que, efectivamente, representen renovación. Lo mismo que ha hecho, no hace mucho, un dirigente de los kilates de Ricardo Guzmán, hoy más emparentado con el PRO que con la vieja guardia partidaria. En fin, las voces del cambio crecen y crecen. Y las conductas se imitan.

A propósito de conductas. El abogado Luis Lobo Vergara, diputado provincial y presidente de la UCR –ambas distinciones tienen que ver con la voluntad omnímoda de Castillo, no con la voluntad de los afiliados-, sigue haciendo de las suyas y regando de malos ejemplos su transitar público. A las travesuras que denunció este diario, totalmente incompatibles con su condición de conductor de un partido lleno de oropeles como la UCR, le sumó esta semana maniobras de vergüenza. Por empezar, se atribuyó méritos por la resolución del ENRE que determinó que la empresa de energía tiene que devolver haberes mal cobrados a los usuarios. Nada tiene que ver Lobo Vergara con una medida que no recibió extorsiones ni presiones políticas de ninguna naturaleza y que, está probado, fue el resultado de una auditoría propuesta por el organismo de Sarmiento y Mota Botello. La última: el mismo Lobo Vergara le ha iniciado juicio al Estado por no haberle aceptado un pedido de licencia por cuatro años, como vocal del ENRE, para que pueda revistar como diputado provincial. ¿Qué podrían decir de esto, vedados para los ciudadanos comunes, próceres radicales como Yrigoyen, Lebensohn, Sabattini, Illia o Alfonsín? ¡Ni lo pensemos!

No dudamos de las buenas intenciones del concejal Gilberto Filippin (Movilización-Frente Cívico) al haber propuesto el Focom, esto es, el Fondo Compensador para Jubilaciones y Pensiones que, a favor de los empleados, acaba de aprobar el organismo deliberativo capitalino. Se trata, en resumen, de que los futuros jubilados municipales cobren exactamente lo mismo que si estuvieran en funciones. Más claro: en lugar del 82%, el proyecto se orienta al pago del 100%, para lo cual se procedería, mediante descuentos de sueldos mensuales, a ir conformando una caja complementaria, cuya organización y administración generaría gastos, en orden a la creación de una dependencia más entre las muchas que tiene la Municipalidad. También hay que tener en cuenta que los sueldos que se pagan en la Capital, aunque sean mayores que los de la provincia, no dejan de ser raquíticos y, por otra parte, se nos ocurre que medidas de esta naturaleza obligan a modificar la Carta Orgánica. Desconocemos cómo sigue esta historia o cómo podría ser reglamentada, pero es fácil predecir que su implementación costará bastante y nada asegura que el futuro jubilado vaya a cobrar el 100%. Si con el 82%, el país entero, incluidas municipalidades con presupuestos mayores a San Fernando del Valle, tiene problemas, ni hablar de lo que vaya a ocurrir con esta iniciativa que, lo reiteramos, nos parece loable, pero de implementación complicada.

RECUERDOS NO LEJANOS. Como cada domingo, incluimos los recuerdos de hace 25 años como cierre de los “Apuntes del Secretario”.
El 24 de noviembre de 1992, en el domicilio del doctor José Carma, sucedía un hecho que nunca pudo ser esclarecido. Personas desconocidas destruyeron los vidrios de su auto, un Fiat 147, que estaba estacionado en el garaje. El juez indicó a la prensa que no había realizado ninguna denuncia y desconocía las motivaciones de lo que fue un claro ataque. Debemos destacar, como hecho trascendente, que Carma era entonces el octavo juez del Caso Morales y hacía pocos días que había confirmado la prisión preventiva de Guillermo Daniel Luque y Luis Raúl Tula, los acusados y condenados por el asesinato de María Soledad Morales.

También en noviembre de aquel año, cuando prácticamente se vencía el plazo para elegir el sucesor de don Julio Amoedo en el Senado de la Nación, entraba en acción en busca de la banca el dirigente gastronómico José Luis Barrionuevo, que venía de ser uno de los jefes proselitistas del expresidente Carlos Menem. A pesar de ello, durante la campaña para la elección del 1 de diciembre de 1991, fue el único menemista que acompañó y contribuyó económicamente para que Ramón Saadi volviera a ser gobernador, un objetivo que no prosperó por el triunfo de Arnoldo Castillo. La sorpresa de Barrionuevo es que alguna promesa de Saadi para que fuera senador, de golpe, se diluyó y el mismo Saadi, a pesar de que en 1992 ejercía como diputado nacional, pretendía la banca. Ello determinó un distanciamiento entre ambos dirigentes y, por efecto contrario, el gastronómico se acercó al castillismo en busca del mismo objetivo, que tampoco se iba a cumplir.

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