Los sinsabores para la oposición política local no terminaron, durante el “jueves negro”, con los catastróficos resultados obtenidos en la cámara de Diputados. Siguieron, por la noche, en el Concejo Deliberante de la Capital, donde el electo Simón Hernández sufrió, aunque en una dosis menor, los excesos que en el pasado cometió el Frente Cívico. Aquella torpe jugada de 1997, por la cual se le impidió jurar como concejal a Víctor Hugo Uriarte, de alguna manera, se comenzó a utilizar como jurisprudencia en la sesión preparatoria del cuerpo deliberativo. Si bien la noticia central fue que los peronistas no se pusieron de acuerdo para elegir un presidente y patearon para marzo la dilucidación del conflicto entre los aspirantes al trono, Daniel Zelaya y Nicolás Zavaleta, también tuvo amplio impacto el no permitir la jura de Hernández, al que el radical Enrique Sir impugnó por participar en el acto electoral capitalino cuando, para él, debió hacerlo en Valle Viejo, departamento en el que vive junto a su familia. En la primera sesión ordinaria del próximo año volverá a tratarse la espinosa cuestión pero, hay que decirlo, el líder de Movilización quedó a expensas de la mayoría peronista.

Y nada es que Hernández quedó flotando en el aire. Muchos sospechan que se trató de una maniobra maquiavélica que nació de la inteligencia radical para marginarlo y favorecer a Tiago Puente, líder de la Juventud, que no desprecia sentarse en la banca. También lo dijo el propio Hernández, quien le apuntó al sector radical donde se mueve su impugnante, Enrique Sir. Que sepamos, este último nunca ocultó su condición de castillista confeso. ¡Qué importa que lo hayan tratado de hijo de puta si consigue el objetivo!

La reforma de la Constitución provincial volvió a instalarse como tema para los tiempos venideros. Sería muy bueno que la traten en 2018 y doblemente bueno que la impulse la oposición, responsable directa de que haya fracasado la iniciativa puesta en consideración, en 2014, por Lucía Corpacci. Recordemos que antes del envío del proyecto hubo debates con todos los sectores de la sociedad (la única ausente fue la UCR) y se consensuó una iniciativa para ser debatida por los legisladores, los que no se pusieron de acuerdo. El radicalismo, en la cámara baja, fue el más férreo opositor y puso todo tipo de pretextos para impedir su materialización. Cuando ya no le quedaba qué decir, Marita Colombo se sinceró y dijo que en realidad no querían avanzar. La verdad sea dicha: el Frente Cívico siempre temió perder la elección de constituyentes y lamentar, a posteriori, que se escriba una Constitución a medida del peronismo. Con ese criterio, sostenido por los gerontes de la política, nunca habrá reforma.

Más que el juego político, cambiar los textos de 1988, a los que la UCR supo repudiar, representa encaminar una verdadera reforma del Estado que, como nunca antes, requiere de grandes consensos, lo que desvirtúa los temores de unilateralidad. También hay que actualizarlos, en orden a los cambios tecnológicos, y limitar los privilegios de la política que, de mantenerse, seguirá enfrentando a los dirigentes con la sociedad. En todas estas variantes, la Gobernadora estuvo de acuerdo y fue la primera en pretender quitar la cláusula de la reelección indefinida la que, por el diagnóstico equivocado de los opositores, todavía hoy puede utilizar para, por ejemplo, volver a candidatearse. En ese sentido, durante la semana, el exlegislador y exvicegobernador de Catamarca, Hernán Colombo, señaló que Lucía Corpacci demostró que quiere reformar la Constitución. Por último, si se terminan los caprichos y se establece un núcleo de coincidencias básicas entre gobierno y oposición, el aporte de los juristas radicales puede ser de un valor incalculable.

Los movimientos internos dentro de la UCR y el Frente Cívico, a los que hay que agregar sectores como el PRO o la Coalición Cívica, ofrecen una luz de esperanza para retomar el diálogo interpartidos que, desde 1990, parece estar ausente. Las voces de renovación, de cambios y de aplicación de otros mecanismos de la política suenan mucho más fuerte que la de aquellos que viven detenidos en el tiempo y piensan como hace 25 años atrás. Hoy la provincia necesita del concurso de todos y por ello resulta saludable escuchar a Carlos Molina cuando dice que, más allá de las contingencias electorales, hay que seguir dialogando, o de Juana Fernández, que salió a defender la necesidad de interactuar con el gobierno. La vieja política, en retirada, es la que se opone. Por suerte, ya no tiene mayorías propias y nunca más podrá imponer arreglos de trastienda.

Luis Lobo Vergara, el presidente a dedo del comité provincial de la UCR, quiere seguir viviendo de la política y parece no tener contemplaciones con el Estado, al que paradójicamente representa por su condición de diputado. Al asumir su banca, en 2015, pretendió que su cargo de vocal del ENRE (lo ejerció por más de una década) no lo ocupara nadie hasta que el completara la “changuita” de legislador y pudiera volver, si es que no lo reeligen en 2019, en cuyo caso pediría la extensión de una licencia extraordinaria. Como la autoridad política de la provincia le negó semejante canonjía y nombró un reemplazante en el Ente Regulador, el hombre ha decidido hacerle juicio a la Provincia, conforme lo adelantó en forma exclusiva El Esquiú.com. Un verdadero despropósito que, si es que verdaderamente existe justicia, deberá ser rechazado, y una muestra más de cómo los políticos, nada menos que el presidente de un partido centenario, pueden pretender acaparar los privilegios a favor de sus propios intereses.

Fernando Capdevila, que carga sobre sus espaldas el peso de estar relacionado con la mala construcción de un estadio de fútbol, sostiene una enconada interna dentro del PRO y no se privó de exteriorizarla en víspera de la elección de autoridades de la cámara de Diputados. Contrariando las posiciones de Carlos Molina y Enrique Cesarini, que son dialoguistas y estuvieron en la puja por la presidencia del cuerpo, el titular de Anses salió a decir que, como oposición, resulta inconcebible que haya existido la posibilidad de arreglar con el gobierno. Esta posición, que lo identifica claramente con el senador Oscar Castillo, fue refutada por casi todos los sectores del Frente Cívico. Por caso, la diputada Juana Fernández (Morada) fue contundente al considerar el diálogo con el gobierno como una necesidad democrática.

La CGT Regional Catamarca convocó, hace pocos días, a los senadores nacionales para conocer el sentido de sus votos en los polémicos proyectos de reformas Previsional, Laboral y Fiscal. Faltaron a la cita Oscar Castillo e Inés Blas de Zamora, con lo cual el único presente fue Dalmacio Mera, quien repitió lo que más o menos se sabe. Esto es, que se cambia la fórmula de actualización del sueldo de los jubilados, lo que es un despojo humano para quienes trabajaron toda la vida y cobran apenas $7.246. También dijo que, para las reformas legal y fiscal, van a esperar el pronunciamiento de los jefes máximos de la CGT y que su tratamiento se trasladaría a 2018. Más allá de eso, aunque no se lo dijo públicamente, la charla incluyó temas políticos locales, su eventual candidatura a gobernador y la relación con las autoridades locales.

Luego de cuatro años de intensa actividad, Myrian Juárez completó esta semana su mandato como diputada nacional. Elegida en 2013, integró la boleta del triunfo con Brizuela del Moral y, en aquel entonces, todo hacía pensar que este último iba a tener el gran protagonismo, a favor de los intereses de Catamarca, en el Congreso. No fue así. Reconocida por propios y extraños, Juárez llevó adelante una gestión de méritos y trabajó con envidiable tesón en diversas comisiones, aparte de atender especialmente a los catamarqueños, sin importar las cuestiones ideológicas. Será por ello que, en los últimos días, recibió innumerable cantidad de saludos para reconocerle su trabajo y el recuerdo que deja entre sus compañeros del Congreso. Una de las que la ponderó y resaltó su catamarqueñidad (aunque haya nacido en Tucumán) fue Orieta Vera, la actual diputada nacional de Cambiemos.

RECUERDOS NO LEJANOS.

Como siempre, el último bloque incluye la memoración de hechos ocurridos hace 25 años.

En los primeros días de diciembre de 1992, en medio de la ebullición judicial por el Caso Morales, la Corte de Justicia de Catamarca disponía el arresto domiciliario del extinto abogado Víctor “El Gordo” Pinto, quien llevaba adelante la defensa de Guillermo Daniel Luque. El profesional estuvo privado de la libertad, en su casa, los días 4, 5 y 6 de diciembre.

¿El motivo? Haber dicho que Arnoldo Castillo alentaba que Luque vaya a juicio, lo que para Pinto, en boca de un gobernador, se trataba de una gravísima injerencia. Opinable, por cierto.

También en aquellos tiempos, la institución policial se mantenía en estado de crisis. El extitular de la fuerza y exdiputado provincial, Francisco Cisneros, decía “mi renuncia está a disposición”.

Días antes, el gobierno había dispuesto el pase a disponibilidad de los comisarios mayores Ramón Benildo Soria y Nicasio Antonio Aybar; los comisarios inspectores Sergio Barrionuevo, José Severo Barrionuevo, Guillermo Narciso Gordillo, Juan Ramón Varas, Eduardo Bracamonte, Francisco Adolfo Montivero, Juan Domingo Palacios, Gustavo Adolfo Villafáñez, Francisco Jorge Varela, Oscar Alberto Mendoza, Ramón Antonio Aragón, Carlos Rubén Carabajal, Domingo Cayetano Sosa y el comisario Antonio Martínez.

El Esquiú.com