Crónica anunciada. El senador nacional Dalmacio Mera ocupó ayer, por radio Valle Viejo, la marquesina política del día para comentar la existencia de un “peronismo alternativo” al de Cristina Fernández de Kirchner y que pueda vencer en las próximas elecciones al kirchnerismo y al presidente Macri. En esa dirección, indicó que el cónclave Massa-Urtubey-Schiaretti-Picheto ha despertado entusiasmo e interés, aparte de poner nervioso tanto a la presente conducción nacional como a la que le antecedió. En lo que respecta a Catamarca, indicó que lo llamaron varios dirigentes (no dio nombres) para consultarlo de esta propuesta electoral que tratará de superar la polarización que generan Cristina y Mauricio. Tratándose nada menos que de un senador nacional, el tema merece ser analizado por encima de generalidades, mecanismo que los políticos utilizan cada vez más para ir midiendo el impacto de las palabras. Sin ir demasiado lejos, hay que decir que Mera está directamente alineado con su primo gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y, como lo dijimos la semana pasada en este mismo espacio, si la propuesta “no cristinista” cobra fuerza será él y nadie más que él quien la estructure dentro de nuestro territorio. Que le vaya bien o mal dependerá de lo que piense el pueblo peronista que, por lo que se aprecia, no considera al senador una persona de muchas convicciones. Es que fue diputado nacional, vicegobernador y senador nacional gracias al kirchnerismo del que reniega actualmente.

También durante la entrevista con el periodista Jorge Álvarez, en tono de pausada reflexión, lanzó sus dardos contra la Casa de Gobierno e, indirectamente, contra la gobernadora Lucía Corpacci. Para hacerlo se basó en el proyecto de reforma constitucional que, en 2014, presentó la mandataria y que, sin muchas vueltas, estaba orientado a pulverizar los privilegios de la política y terminar con excesos como la incertidumbre electoral o la reelección indefinida de gobernador y vice. Aquel proyecto, precedido de pretextos y chicanas, finalmente fue rechazado por el castillismo y el brizuelismo, quienes durante los 20 años de mandato radical abusaron a más no poder con la especulación electoral e hicieron uso de la reelección indefinida. Esto es, Brizuela del Moral fue por un tercer mandato (lo perdió ante Lucía) y, antes, en 1999, Arnoldo Castillo no lo hizo por su declinante estado de salud, lo que obligó a ser suplido por su hijo Oscar. Más allá de los rechazos decisivos, que fueron radicales, no se recuerda un gran entusiasmo por la reforma que no fue de parte de Dalmacio. Es más, uno de sus representantes en la Legislatura faltó a la sesión de votación y otros que, más que con él ya dialogaban con la Casa de Gobierno, votaron a favor. Por lo tanto, chicanear con la reforma es volver a mostrar flaqueza de convicciones. Lo concreto es que trabaja para un proyecto de futuro, con sede en Salta, que nada tiene que ver con el peronismo de Catamarca y con Corpacci.

El conflicto por el cobro del plus médico, que ya atraviesa a toda la sociedad, sigue dando que hablar. En los últimos 40 días hubo de todo alrededor de este ilícito de cobrar la orden médica y, al mismo tiempo, el adicional en negro. Hubo reuniones multisectoriales, discusiones políticas, debate legislativo, medidas de fuerza y hasta amenazas de mantener un plan de lucha que, asimismo, se debatirá judicialmente. A tal punto llegó la cosa que el titular de la OSEP, Julio Cabur, pidió que se deje de lado el trasfondo político y apeló a la ética para defender a la gente y a la misma obra social a la que, de distintas maneras, todos quieren exprimir. Se trató, sin dudas, de una noble propuesta, parecida a aquella del ministro alfonsinista Juan Carlos Pugliese cuando, en 1989, ante el crecimiento de los precios por una devaluación, requirió ética y sensatez. “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”, fue la frase que pasó a formar parte de su historia política. Con los anhelos de Cabur podía ocurrir otro tanto, por lo que debería ir pensando en soluciones más contundentes que atañen a su función y que, en algún momento, pueden jaquear al gobierno.

La protesta más fuerte por el plus, como se sabe, la llevó y la lleva adelante el secretario general de los empleados municipales, Walter Arévalo. El hombre, de modales poco convencionales y convicciones más fuertes que muchos políticos, acaba de protagonizar una medida de fuerza que se hizo sentir y convirtió al centro de San Fernando del Valle en un basural a cielo abierto. No quiere saber nada que sus afiliados, que orillan los 3.000, paguen a los médicos lo que, legalmente, no les corresponde. Por lo pronto, con su gremio, va a apelar a la Justicia, pero mantendría un control sobre el cobro del plus y, conforme se supo en su entorno, hasta podría montar un operativo escrache contra aquellos profesionales que hagan sangrar el bolsillo de sus dirigidos. No compartimos enteramente algunos métodos de Arévalo, pero resulta indiscutible que brega por una causa justa.

Con posiciones frontalmente encontradas, finalmente, se confirmó el juicio oral y público contra seis gremialistas del SOEM chacarero que, en diciembre de 2016, llevaron adelante una medida de fuerza –incluyó el corte de una calle- contra la gestión del intendente Gustavo Roque Jalile. El abogado de los imputados, Carlos Uslenghi, reiteró sus críticas a la Justicia, pero aceptó que el juicio servirá para poner “blanco sobre negro” y “acabar con las especulaciones porque nadie, sanamente, puede concebir que solo seis personas cortaran el tránsito”. Recordemos que la medida fue ordenada, con una celeridad nunca vista para este tipo de casos, por el fiscal Ezequiel Walther, a quien salió a defender el Procurador de la Corte, Enrique Lilljedahl. Se trata, por las dudas lo aclaramos, de personas que dentro de la Justicia ocupan algo parecido a un mismo bando y tienen sólidos contactos con algunos miembros de la Corte. Posiblemente estas cosas puedan salir a luz cuando se programe el juicio oral contra los dirigentes gremiales.

Quedó plenamente confirmada una “reunión social” que, hace diez días, diera a conocer esta columna y que tuvo como escenario el salón de comidas del Hotel Casino. Estuvieron presentes el exembajador Guillermo Rosales; el exjuez federal, doctor Ricardo Moreno; el diputado provincial y exministro de Economía, Ricardo Aredes; el presidente de Editorial Capayán y empresario multirrubros, Silvestre Zitelli y el presidente de la Corte de Justicia, doctor Raúl Cipitelli. También se supo que se trataron temas políticos puntuales y algunas iniciativas de conveniencia mutua que, con el paso del tiempo, podrían hacerse públicas. En síntesis, no habría sido una cena de circunstancia esta que reunió a cinco hombres íntimamente ligados a la política.

Para los jubilados solo hay malas noticias. Desde la asunción del PRO vienen soportando embates de toda naturaleza. Primero fue el discurso del costo del sistema jubilatorio como factor de desequilibrio presupuestario; después llegaron las críticas a las moratorias que implementó el kirchnerismo para jubilar a más de dos millones de personas que tenían la edad, pero no los años de aporte. También vinieron lo amagues de levantar la edad para jubilarse, aspecto sobre el cual se avanzó con la aceptación de que, voluntariamente, los argentinos pueden trabajar después de los 65 años en el caso de los varones y de los 60 cuando se trate de mujeres. Apenas pasaron las elecciones de octubre de 2017 –legítimamente ganadas por el oficialismo-, el proyecto de reforma previsional pasó al Congreso y determinó, a fines de diciembre de aquel año, el cambio de la fórmula de actualización de los haberes que ya hizo perder poder adquisitivo a salarios de miseria como los que cobran los pasivos. Ahora vendrán nuevas medidas y los ojos del gobierno están puestos en el Fondo de Sustentabilidad con el que, a partir de 2019, se pagarían salarios. Los que conocen a fondo estos temas, en torno a esta movida, no se cansan de repetir que será el paso previo al regreso de las nefastas AFJP.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque de los “Apuntes” incluimos los acontecimientos políticos del pasado cercano.
En octubre de 1993, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y cardenal primado, Antonio Quarracino, resultaba reelecto como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el máximo cargo dentro de la jerarquía eclesiástica. Los antecedentes de Quarracino, cabe destacarlo, revelaron que fue el más constante de los críticos al gobierno radical de Raúl Alfonsín, tanto como arzobispo de La Plata, como luego, desde Buenos Aires, durante la presidencia de Cartlos Menem. A este arzobispado de Buenos Aires no había llegado antes porque el Papa, Juan Pablo II, prefirió no confrontar con el primer presidente de la reapertura democrática y esperó la victoria del menemismo para nombrarlo, lo que habla claramente de la intromisión de los jerarcas católicos dentro de la política argentina.

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