El estadio “Bicentenario” continúa con puertas cerradas y la reapertura, por la que debiera comenzar a preocuparse el gobierno provincial, depende de varios factores. Uno de ellos, obviamente, tiene que ver con la marcha del proceso judicial, en el que la jueza comercial Cecilia Delgado, dentro del concurso de acreedores, ya dio su primera opinión y conminó a la empresa Capdevila a resarcir al Estado con algo más de 40 millones de pesos. Claro que el tema sigue y la empresa que hizo mal el estadio –sus visibles fallas fueron certificadas por la Universidad de Tucumán y por la propia Justicia- va a apelar a los más impensados vericuetos legales para zafar de sus responsabilidades. Prueba fehaciente de lo que afirmamos es el hecho de que, en todo momento, los asesores legales de Capdevila trataron de sacar ventajas y confirmaron lo que advirtió, en 2012, una comisión del ministerio de Obras Públicas, la que indicó un “afán alarmante de la empresa por aprovecharse del Estado”.

Ese afán de la empresa que, lo reiteramos, mal construyó el “Bicentenario”, asimismo, quedó revelado el 23 de agosto de 2011 cuando realizó una presentación judicial solicitando se le pague “una redeterminación definitiva de la obra”. Es decir que no solamente se vio impedida de entregar el estadio “en orden y en forma”, sino que pretendía más dinero del que ya había cobrado. Si se repara en la fecha del 23 de agosto de 2011, se concluye que aquella presentación se realizó cuando todavía gobernaba el Frente Cívico, pero se aprestaba a dejar el poder por la derrota del 13 de marzo de aquel mismo año. Por suerte, y con la demora invariable de la Justicia, el fallo adverso surgió en octubre de 2017, pero recién fue dado a conocer por El Esquiú, en forma exclusiva, en su edición de la víspera. Más allá de la definición, es bueno aclarar que la resolución fue dividida y votaron en contra de la empresa Capdevila los jueces Raúl Cipitelli, Vilma Molina y Miguel Figueroa Vicario. Quienes se pronunciaron en contra fueron José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, integrantes de la “guardia vieja” de una Corte de Justicia que, en los años 90, supieron armar los amigos de Capdevila, con lo cual no hace falta abundar en aclaraciones.

El diario El Ancasti, fiel al rol de fiscal de la provincia que se adjudica, ha iniciado ya la tarea de apriete al juez federal Miguel Ángel Contreras por la causa referida al pago de supuestas coimas en los procesos de construcción de viviendas de los años 2003 y 2004. Apenas surgió la imputación contra Rubén Dusso, dictada por el fiscal federal Santos Reynoso, aparecieron notas cuyo trasfondo no deja duda de que el diario pretende imponer una historia, totalmente sesgada, que concibió como forma de atacar a una persona en especial –el nombrado Dusso- y a las empresas constructoras de la provincia. En su edición del domingo, bajo el título “La simetría como indicio”, prácticamente les cuenta a los catamarqueños cómo fue la hipotética maniobra. Por empezar, afirma que la metodología que revelan los “Cuadernos de Centeno”, en el orden nacional, es prácticamente igual a la aplicada en Catamarca, donde únicamente se suplió una eventual falta de consentimiento (jamás denunciada) de la Cámara de la Construcción que, hace tres lustros, presidía el exempresario Fernando Rivera por otro organismo similar que iba a estar a cargo de Rubén Dusso y al que concurrieron todas, o casi todas, las empresas locales. Con la nueva entidad en marcha, para El Ancasti quedaba todo listo para llevar adelante una maniobra ilícita. Hasta le resta importancia al hecho de que Dusso no fuera funcionario. Es más, afirma, o mensajea al juez Contreras, que era conveniente que no lo fuera. De esta manera, concluye que el indicio que descubrió Santos Reynoso está presente y debe ser tenido en cuenta. Naturalmente nada dice del último apriete al fiscal federal (“Se terminan las gambetas”), el que firmó la resolución y huyó despavorido, bien lejos del escrache que le esperaba si cambiaba la dirección de la historia.

En medio de las “simetrías” y los “indicios” (en otros casos resonantes, El Ancasti los rechazó como elementos para dictar una condena), para el diario de calle Sarmiento la única relación que existía en 2003 y 2004 la sostenían el gobierno nacional kirchnerista y las empresas de la construcción, vía Dusso. Nada, pero absolutamente nada, tenía que ver el gobierno del ingeniero Eduardo Brizuela del Moral, que estaba en funciones y lo estuvo hasta 2011. Tampoco organismos como el Instituto de Vivienda o la secretaría de Vivienda debían saber de los enjuagues del muy forzado relato periodístico. Igualmente se pregunta él o los escribas cómo dos personas íntimamente relacionadas con El Ancasti, como el ingeniero Marcolli y el arquitecto Rivera, dejaron pasar más de una década para denunciar un acto de corrupción que, por si fuera poco, no hicieron en la Justicia, sino en las páginas políticas del rotativo. Recién entonces, otro integrante del trust noventista –Santos Reynoso-, de oficio, convirtió a las declaraciones de Marcolli en causa judicial.

En el caso de Marcolli y Rivera, los únicos sostenes del fallo de imputación (todas las empresas, sin excepción, negaron los hechos), hay que decir las cosas como son. El primero fue funcionario del gobierno de aquella época, aparte de ser uno de los primeros adherentes de la formación del Frente Cívico y beneficiario de la obra pública como pocos lo hacían. No solo en materia de viviendas, sino en la construcción de edificios importantes como Capresca y OSEP, a los cuales se les detectaron fallas cuando cambió el gobierno. A partir de entonces, el ingeniero no tuvo más obras en la Provincia y en la Nación, lo que pudo reflotar sus ansias de denunciar. ¿Por qué no hacerlo en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015? ¿Recién se acordó en 2016 de situaciones que las asegura con precisión? Por lo menos, convengamos, su conducta en bastante rara. El caso de Rivera es más comprensible. Tampoco explicó, en su momento, el motivo del abandono de las empresas a la Cámara de la Construcción que presidía y, al no tener obras, comenzó una silenciosa campaña contra los funcionarios del actual gobierno, por lo que no extrañó que terminara como testigo de la causa contra Dusso. No tenemos por qué dudar de su palabra, pero sí de sus erráticos comportamientos políticos.

“El más damnificado será el usuario”. La sentencia pertenece al secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de la República Argentina, Roberto Carlos Fernández, quien la semana pasada estuvo en Catamarca para la inaugurar un salón de usos múltiples de la filial local. Se refería a la posibilidad de que, a partir del año venidero, se terminen los subsidios al transporte y lo que pagaba la Nación pase a ser asumido por la provincia. No caben dudas que así será y, siguiendo la modalidad de los últimos años, todos los costos vayan a caer sobre los flacos bolsillos ciudadanos. La opinión de Fernández es valorada porque, hasta hace poco tiempo, fue un aliado acérrimo del macrismo y hoy parece pensar distinto. De hecho, a los periodistas de El Esquiú, les ofreció un panorama crítico del macrismo. “Demostraron, en casi tres años, que estamos más confundidos, con más desocupación y más pobreza”, completando con una especie de proclama: “El capital tiene que estar al servicio de la economía, pero vemos que la economía está al servicio del capital”. ¡Sin palabras!

RECUERDOS.

Como lo hacemos cada martes, jueves o domingo, insertamos en este último bloque acontecimientos ocurridos hace 25 años.

El triunfo del Frente Cívico en las elecciones del 3 de octubre de 1993, por varios motivos, determinó un nuevo escenario político. El principal estuvo dado porque el equipo que conducía don Arnoldo Castillo recuperó, con fuerza propia, el control de la cámara de Senadores, nada menos que el ente que debe dar acuerdo a jueces y funcionarios de organismos autárquicos. Como ya lo explicamos y muchos recordarán, en 1991 había ganado esta estratégica cámara el peronismo, vencedor en 9 de los 16 departamentos.

Ello obligó al gobierno electo a buscar las formas para que no todos los ganadores juraran. De hecho, siete de ellos no pudieron hacerlo y, en acuerdo con el Frente Cívico, asumieron los suplentes. Esa situación, de franca irregularidad, comenzó a remediarse en 1993. De las ocho bancas que se ponían en juego, el Frente Cívico ganó en seis y la oposición solo pudo quedarse con dos de ellas.

Estos fueron los electos del oficialismo: Ricardo Boggio (Ancasti), Alfredo Mohaded (La Paz), Ramón Herrera (Paclín), Mario Quintar (Tinogasta), Miguel Ángel Arévalo (El Alto) y Mirtha Marchetti de Vaccaroni (Capayán). Los únicos peronistas electos resultaron ser José Dávalos (Antofagasta de la Sierra) y Manuel Amado (Santa María).

De esta manera, por los dos años siguientes, el bloque del Frente Cívico tuvo esta integración: Ricardo Boggio (Ancasti), Alfredo Mohaded (La Paz), Ramón Herrera (Paclín), Mario Quintar (Tinogasta), Miguel Ángel Arévalo (El Alto), Mirtha Marchetti de Vaccaroni (Capayán), Marita Colombo (Fray Mamerto Esquiú), Luis Falcón (Valle Viejo) y Raúl Blas Bosch (Capital).

El bloque opositor quedó reducido a seis miembros: José Dávalos (Antofagasta de la Sierra), Manuel Amado (Santa María), Héctor Maza (Santa Rosa), Ángel Aruj (Pomán), Adolfo Martín Giordani (Andalgalá) y Daniel Washington (Ambato).

Aún para esa fecha no podía asumir quien había resultado electo, en 1991, en representación de Belén. Nos referimos a Marcos Saadi. 

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