El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la Capital anunció la presentación de un proyecto de ordenanza que, en esencia, propone que a partir del año que viene los concejales cobren lo mismo que un  docente que recién comienza.
El gremio no puede, en realidad, presentar formalmente un proyecto, pero quedó claro el espíritu de la norma impulsada simbólicamente.
La iniciativa, como es de suponer, tuvo un impacto inmediato y motivó automáticamente toda clase de cálculos.
De ese modo, rápidamente comenzaron a sacarse cuentas de lo que percibe mes a mes un edil en comparación con las remuneraciones de un maestro que se incorpora al escalafón dentro del sistema educativo municipal capitalino.
No es el primer proyecto que apunta a ese blanco, ni mucho menos la primera alusión a los ingresos de quienes participan en un cargo público, ya sea como concejales, legisladores, etc.
En realidad el proyecto es prácticamente inútil y apenas puede tener la entidad de una expresión de descontento, porque no aporta solución alguna, toda vez que parte de una relación comparativa que no hace al problema original. Por caso, si los concejales trabajaran ad honorem, los docentes que padecen porque sus haberes son insuficientes seguirían en la misma situación.
Lo que ese proyecto hace es poner el dedo en la llaga de un malestar que lleva mucho tiempo instalado en la conciencia colectiva y refiere a los privilegios de que goza la clase política en desmedro de los trabajadores.
Queda como tarea pendiente para quienes ejercen la función pública preguntarse cuánto de razón tiene ese planteo, cuánto pueden hacer para achicar la brecha de desigualdades y, sobre todo, de qué manera pueden lograr que se revalorice la tarea que desempeñan.