El gremio municipal de Valle Viejo, que mantiene un pleito irresuelto con el intendente Gustavo Roque Jalile, elevó sus quejas contra el accionar de la Justicia y, más precisamente, con la tarea que lleva adelante el fiscal de delitos contra la administración pública, Marcelo Sago. Para los gremialistas, el funcionario judicial atiende las causas con un criterio donde no están ausentes los elementos políticos. Aluden a la mora en resolver acusaciones contra el intendente chacarero y, por el contrario, observan celeridad en atender otras causas, igualmente impregnadas de política. Lo que no dijeron todavía los gremialistas, pero podrían hacerlo en tiempos futuros, es que la curiosa “selección” que hace el fiscal Sago se asienta en avanzadas mediáticas que actúan en sintonía con la oposición legislativa, muy poco proclive a investigar la veracidad de los hechos, pero presta para denunciar tonterías que, a la larga, no le van dejar más que descréditos. Servirán para armar algunos titulares, nada más. De réditos políticos, ni hablar. 

Una de las causas que investiga Sago y que puede tener rasgos de verosimilitud es la referida a la utilización de máquinas con documentación adulterada que se empleó en la obra vial. Aquí, evidentemente, hay que dividir las aguas. Una cosa es la gran cantidad de trabajos que, durante estos años, se llevaron a cabo y han determinado registros récords en aperturas de rutas, pavimentado y repavimentado, construcción de puentes y alcantarillas, etc., y otra muy distinta que los empresarios hayan violado requisitos formales para efectivizar la tarea, lo que no empalidece a la gestión. En este marco, se presenta mediáticamente al caso como un rejunte de delitos, tal como lo ha expresado la diputada Bazán a propósito de un pedido de informes a Vialidad Provincial. Dijo, al considerar parcial las respuestas, que se trata “de una causa que ha impactado gravemente en la sociedad, por constituir presuntos delitos contra la administración pública”. Honestamente, nos permitimos discrepar con semejante aseveración. “No hay ningún impacto grave en la sociedad” por el tema y la Justicia, por lo tanto, debe trabajar tranquila y sin acechanzas. Sobre la misma cuestión, el diputado Marcelo Murúa, además de aceptar errores formales, destacó que el organismo haya respondido, rápidamente, sobre los puntos requeridos.

En entregas anteriores, consignamos la importancia política, comercial e histórica que tendrá, una vez habilitada, la ruta provincial 46, que unirá las cabeceras departamentales de Belén y Andalgala, por la que el diputado Gustavo Saadi ha presentado un proyecto para apurar al gobierno nacional por la remisión de los dineros necesarios para completar un trazado que tiene más del 93% de avance. Esos recursos, que provienen de un crédito que otorgó oportunamente el BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), son hoy motivo de discusión por los desfasajes que provocó la brutal devaluación del presente año. Todos los materiales, especialmente el asfalto, están atados al dólar y hoy cuestan el doble, lo que ha obligado a las empresas que trabajan en el Oeste a frenar lo poco que falta. Ojalá las autoridades, nacionales y provinciales, concilien la mejor salida para terminar una obra de valores estratégicos indudables, mucho de los cuales tienen relación con la actividad minera que tanto valora el presidente Macri.

Mucho respetamos la opinión de Patricia Bollada, titular del Círculo Médico, sobre la controversia permanente que genera el cobro indebido del plus médico. Acaba de señalar, en el espacio “Mano a mano” que el periodista Kelo Molas publica cada domingo en El Esquiú.com, que en todos lados se cobra el plus, lo cual puede ser cierto, pero no le quita a la medida el carácter de irregular y hasta delictiva. En el mismo análisis, hay que destacar su preocupación por la marcha y estabilidad de la obra social, aparte de la disposición a dialogar por una mejor salida para los distintos actores, esto es, funcionarios, médicos y pacientes en general. Sobre este último tópico, queda claro que urge revisar las reglas de juego y aprobar un nuevo convenio que termine con las interpretaciones de conveniencia. La reciente aprobación de la ley antiplus (una conquista excluyente del gremialista municipal, Walter Arévalo, que no acepta que a sus afiliados le cobren por fuera de la orden de consulta) marca un nuevo escenario. La OSEP estaría en condiciones de separar de sus registros a quien cobre plus y de establecer acuerdos multilaterales, en tanto el Círculo Médico debería asumir responsabilidades propias por este tipo de inconductas. Sea como sea, parece estar llegando la hora final del saqueo generalizado que se practica sobre la obra social que todos debemos cuidar.

La declaración de Antofagasta de la Sierra como “capital nacional del vulcanismo”, que el Congreso ha convertido en ley, representa una medida de trascendencia para el departamento más extenso y menos poblado de Catamarca. El paisaje puneño, con sus alturas eternas, logró la semana pasada un instrumento legal que le permitirá desarrollar iniciativas varias, entre ellas las educativas, científicas y turísticas que puedan generarse alrededor de los relieves volcánicos que abundan en la zona. Mérito aparte para el exdiputado nacional Néstor Tomassi quien, durante su mandato, presentó el proyecto y lo trabajó hasta lograr la media sanción. Independiente de la autoría, lo reiteramos, se consiguió una ley que, de ser bien utilizada, puede permitir acciones importantes para Antofagasta, la que viene siendo mirada por el mundo como una reserva del litio, el oro blanco del siglo XXI. ¡Felicitaciones, Tomassi!

Recientes declaraciones de la gobernadora Corpacci, sobre la empresa Camyen (Catamarca Minera y Energética), no nacieron de la casualidad. Surgieron por el impiadoso e irresponsable ataque de un sector de la prensa y la oposición política, los cuales tienen intereses concretos para desacreditar una creación que le sirve y le servirá en los próximos tiempos a Catamarca para impulsar el desarrollo minero. Después de indicar “la han apaleado y gastado”, la mandataria indicó que en el medio “hay intereses económicos” que no nombró, pero que resultan sencillos de visibilizar. En ese sentido, ni el más despistado en la materia ignora los latrocinios que se cometían cuando la exempresa Somica (creada por Ramón Saadi y administrada por gobiernos peronistas y radicales) explotaba Minas Capillitas, el interminable reservorio de rodocrosita. Aprovechando su condición legal de organismo mixto (Estado e “inversionistas privados”), durante años se cometieron irregularidades que están asentadas en el expediente que todavía estudia la Justicia Federal y en la cual la política no está ausente. Hoy las cosas son, al menos, distintas. La Camyen se ha quedado con la explotación de Capillitas y, según Corpacci, “tiene saneado su patrimonio, no hay que pasarle recursos para sueldos, mantiene sus operarios y creció en la planta”. Aparte, va por nuestra cuenta y responsabilidad, ha establecido acuerdos complementarios que consolidan a Catamarca como provincia minera ante multinacionales poco simpáticas para algunos comprovincianos.

Buena lectura del titular del Plan Belgrano y exdiputado provincial, Miguel Vázquez Sastre, sobre la construcción del dique “El Bolsón”, en el Este, la obra que visitará mañana el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Como se sabe, el emprendimiento favorecerá el riego y desarrollo agroganadero de tres provincias (Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero) de la región. El dirigente ha reconocido que se trata de “una obra kirchnerista”, al mismo tiempo de aclarar que, en su momento, fue suspendida y resultó reactivada por la administración nacional actual. El relato se ajusta a la verdad de los hechos. El proyecto inicial, hasta alcanzar un avance cercano al 40%, fue impulsado por Néstor Kirchner, durante el gobierno de Brizuela del Moral, a instancias de quien era su cuñado: Armando Mercado. Ambos están muertos y no podrán ver la continuidad de la obra que, como dice Vázquez Sastre, sigue por decisión de Mauricio Macri. Para los catamarqueños, aunque sea obvio decirlo, lo que más importa es que el dique se termine y favorezca a las sedientas tierras de Capayán y La Paz, en los límites con las hermanas Santiago del Estero y La Rioja.

RECUERDOS. Como todos los martes, jueves y domingo, comentamos en el último bloque acontecimientos del pasado cercano.
El 1 de noviembre de 1993, el Centro Mutual de Policías Retirados celebraba asamblea para elegir nuevas autoridades. Se presentaban dos listas y la encabezada por el comisario mayor Nicolás Andrade resultaba ganadora y permitía al alto jefe ser reelegido. Lo acompañarían en la gestión Carlos Russso (secretario); Jesús Rodríguez (tesorero); Segundo Sigampa, Sebastián Lamas y Nicolás Roldán (vocales titulares); Luis Risso, Ramón Elizondo y Miguel Núñez (vocales suplentes); Luis Barros, Radegundo Agüero y Ángel Zelaya (titulares de la Junta Fiscalizadora); José Palacios, Hugo Ruarte y Hugo Agüero (suplentes). La lista opositora postulaba como secretario general al comisario inspector a Miguel Costelo, a quien acompañaban Francisco Rodríguez (secretario); Ramón Andrada (tesorero); Hugo Paz, Pastor Morales y Rogelio Oléa (vocales titulares); Julio Bravo, Gregorio Vergara y Edgardo Barrera (vocales suplentes); Ángel Rodríguez, Juan Nieva y Hugo González (titulares de la Junta Fiscalizadora); Ramón Almaraz, Luis Juárez y y Juan Aguirre (suplentes). Varios de estos viejos dirigentes de la institución policial, cabe destacarlo, ya dejaron este mundo.

El 1 de noviembre de 1993, la sucursal Valle Viejo del exBanco de Catamarca tenía un nuevo gerente general. Asumía Carlos Ernesto Martínez en lugar de Manuel Roberto Jaljal, quien había partido como empleado al momento de la fundación de la sucursal chacarera. 

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