Mientras las cámaras realizan sus aprestos para cerrar el año legislativo, se calcula que esta semana podría comenzar el debate en la cámara de Diputados por la eventual suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la iniciativa del senador Solá Jais que ya cuenta con media sanción de la cámara alta. Conforme las miradas de oficialismo y oposición, se enfrentarían en el recinto dos posiciones diametralmente opuestas. Los adeptos al gobierno seguirán la línea de los senadores peronistas que, en sesión exprés, dieron la media sanción, parecer que encontrará dura resistencia en los bloques radicales, cuyos integrantes saben perfectamente que de la decisión legislativa surgirán las condiciones para definir la organización electoral del Frente Cívico y la alianza Cambiemos. En medio de la controversia, el justificativo para evitar las Primarias “por única vez” es la situación económica de la Provincia, cuyas autoridades han proclamado, atendiendo a que se vienen tiempos de ajuste y restricción, la necesidad de instaurar austeridad en todos los órdenes.

La anulación de las PASO, como lo dijimos en el primer bloque, influirá en el calendario electoral que fije el gobierno. Si es que se mantiene la contienda primaria y la gobernadora dispone que los cargos provinciales -separados de los nacionales- se diriman el 31 de marzo de 2019, debería estar firmando el decreto de convocatoria el próximo martes, 27 de noviembre. Si la Legislatura anula esta semana las PASO, la misma convocatoria podría hacerse en enero, con lo cual continuaría en pleno verano la incertidumbre electoral. En ambos casos, sería una muy mala noticia para la oposición, en orden a que piensa definir la oferta electoral –desde la candidatura a gobernador hasta el último concejal- a través de la primaria. Esta eventualidad sería la consecuencia catastrófica de haber anulado, con artilugios legales y políticos, la interna radical que había sido programada para el 2 junio a los efectos de elegir autoridades partidarias. Ese hecho fracturó a la UCR. El castillismo, y algunos aliados, tomó de facto la conducción y quedaron afuera figuras de la talla de Brizuela del Moral, Ricardo Guzmán, Augusto César Acuña, Vázquez Sastre y Horacio Pernasseti, entre otros. ¿Sin PASO, como harían los sectores en pugna para armar listas cuando los puestos expectables son francamente escasos? Pensar en conseguir un acuerdo en apenas dos meses es poco menos que una utopía, con todo lo que ella significa.

También el adelanto de las elecciones, sin que haya PASO, sería un problema para el oficialismo. Tendría que armar sus listas provinciales por un arreglo de cúpulas, aunque teniendo “la lapicera” del gobierno mucho de esos problemas y disputas se simplifican, como lo hacía el Frente Cívico en las décadas del 90 y 2000. Para la oposición, en cambio, todos son escollos y sus dirigentes tienen conciencia de que no recibirán gran apoyo de Nación si no se unen o albergan posibilidades mínimas de lograr un triunfo. Todas estas dudas, en horas más, comenzarán a disiparse. Sabremos si finalmente hay o no Primarias y si los amagues del gobierno de convocar para marzo efectivamente se cumplen.

De esto último se desprende la otra posibilidad que, a nuestro modesto entender, será finalmente la decisión final, que la elección provincial coincida con la nacional. Sustentamos esta postura por tres razones fundamentales. La primera: Lucía Corpacci, desde que asumió la gobernación en 2011, se diferenció del Frente Cívico por no adelantar los comicios y mal no le fue. Tanto en 2013, como en 2015 cuando se jugaba su reelección y en 2017, no desdobló y jugó en octubre “a suerte y verdad”. La segunda: programar para marzo le podría traer rispideces con el gobierno nacional, con el cual mantiene una relación de inteligencia, más allá de las diferencias ideológicas. La tercera: si las PASO se anulan por razones económicas, habría buena razón para mantenerse en la tesitura de no generar un gasto doble. Aun sin la primaria, una elección en octubre sería un gran alivio para las huestes opositoras que, hasta junio de 2019, tendrían la chance de efectivizar la interna que, sí o sí, requieren para nominar candidatos.

La reciente audiencia para determinar el aumento del Valor de Distribución (VAD) de la energía tuvo algunas presencias que, en sus reclamos al gobierno provincial, terminaron por politizar un acto que, hay que decirlo, resulta puramente formal. Los principales alegatos contra las autoridades y el comportamiento de la empresa EC Sapem provinieron de personas de estrecha confianza del senador nacional Dalmacio Mera, como son los casos del exdiputado Alfredo Carrizo y del abogado Sánchez Ruiz. Utilizaron prácticamente los mismos argumentos de la oposición radical en la cámara de Diputados, lo que por cierto no les quita el derecho a hacerlo, pero sí los coloca en una vereda distinta a la del gobierno. Se confirma así algo que, en función de una eventual reconciliación, parece no tener vuelta y llevaría al senador a actuar en el terreno electoral, ya sea integrando una opción peronista distinta a Corpacci o firmando el pase a las canteras radicales o de Cambiemos.

El informe exclusivo del diario digital Catamarcaya –reproducido por El Esquiú.com- denunciando la conducta del diputado provincial Luis Lobo Vergara, en el sentido de que no pagaba la energía de un inmueble que figura a su nombre, se suma a una cadena de situaciones reprochables que tuvieron como protagonista al dirigente castillistas, hasta no hace mucho presidente del comité provincial de la UCR. El hecho fue aceptado por la empresa y por el mismo Lobo Vergara que, como en otros casos, dio variadas e inconsistentes explicaciones para justificar su conducta, todas incompatibles con los valores que deberían adornar a un representante del pueblo. Recordemos que apenas comenzó su gestión pretendió que, como vocal del ENRE, le dieran una licencia de cuatro años para ejercer como diputado. Después se vio envuelto en un escándalo político en la ciudad de Recreo, donde los concejales lo denunciaron de haber sido favorecido por la Municipalidad en la contratación de otro inmueble suyo. A esto le siguió la acusación del abogado Oscar Romero de apretar a humildes clientes de una financiera local a la que asistía jurídicamente. Su desmentida de aquel momento, como la de estos días, no alcanzó para despejar las dudas sobre su conducta. Sin embargo, el lunar mayor de su carrera política será la falta de pago de la energía, cuando durante todo su mandato fue el crítico más acérrimo del manejo administrativo de la empresa. Que haya expresado que no vivía en el inmueble de la mora no lo exime de responsabilidades. Tratándose de un diputado, debió arbitrar todos los medios para regularizar la situación e impedir que el escándalo saltara a la opinión pública.

La eventual desregulación de las prestaciones médicas por parte de OSEP, después de que se aprobara la ley antiplus, tiene su antecedente más frescos en la postura que fijó en el presente año la prepaga OSDE, que terminó el acuerdo con el Círculo Médico y directamente, sin intermediaciones, contrató por su propia cuenta. Esto ocurre desde agosto y, por lo que sabemos, le dio buenos resultados. Cerca de 300 médicos (cirujanos, cardiólogos, dermatólogos, neurólogos, etc.) habrían acortado la continuidad de la relación con OSDE, la que otorga a sus afiliados el listado de profesionales con los cuales se pueden hacer atender sin inconvenientes de ninguna naturaleza. De alguna manera, esta postura podría llegar a ser imitada por OSEP en la medida que se continúe cobrando plus y que el Círculo Médico, de una u otra forma, avale ese cobro y no asuma las responsabilidades que le caben en lo que es un delito evidente.

RECUERDOS. Como todos los martes, jueves y domingos, comentamos en el último bloque acontecimientos del pasado cercano.
El 18 de noviembre se cumplieron 25 años de una denuncia pública que, en su momento, provocó honda consternación, conforme lo reflejaban los medios de prensa de la época. El abogado Roberto Urioste, empleado del Estado y militante del Frente Cívico, señalaba que por vía telefónica había sido advertido de los peligros que corrían él y su familia por participar del proceso de la llamada “Obra del Siglo”, aquella estafa de la empresa Noruzi (de sus fuentes nació diario El Ancasti) contra el Estado que significó pérdidas millonarias y determinó la rescisión del contrato por parte del castillismo. Urioste fue, entonces, uno de los más encarnizados defensores de los intereses del Estado en la citada causa. Su denuncia por amedrentamiento, cabe destacarlo, había sido contra autores desconocidos.

Como efectos colaterales a la denuncia de Urioste, saltó a la palestra Pablo Sánchez, diputado intransigente por aquellos tiempos, quien pedía públicamente que, dadas las penurias económicas que se vivían y que impedían pagar los aguinaldos y sueldos de los estatales, Noruzi devolviera la plata. Como respuesta a todo esto, la empresa publicó un comunicado de solidaridad con Urioste, en el que su presidente, el empresario Silvestre Zitelli, decía desconocer al denunciante y señalaba lo siguiente: “Lucho por una Catamarca en la que las amenazas y violencia desaparezcan”.

El Esquiú.com