Siempre que se habla sobre los problemas para conseguir profesionales -principalmente médicos, pero también docentes y de otros campos- aparece el famoso tema del tope salarial, aquel que pone restricciones a lo que un agente puede cobrar dentro del Estado provincial. Precisamente, uno de los incentivos para que una persona que tiene residencia en Capital y alrededores, deje esa comodidad y se radique en lugares lejanos de los centros urbanos o directamente inhóspitos, es el económico. Entonces, de nada sirve que se otorguen adicionales y sustanciales plus en los haberes si el trabajador “no lo ve” cuando tiene que pasar por el cajero.
Esta situación se volvió con los años más problemática. Por un lado existe la limitación del sueldo de la Gobernadora -nadie que dependa de la Administración Central puede cobrar más que ella- y, en el caso de la docencia, también rige un tope dispuesto en 1992 según el cual la remuneración total nunca puede exceder a la asignada al cargo de director de repartición y/o titular de organismos descentralizados.
El dato fue refrescado por una diputada de la oposición al presentar un proyecto en la cámara baja a fin de que se ponga fin al tope salarial.
En los fundamentos, la legisladora señaló que el sistema contempla excepciones que se fueron acumulando con el correr del tiempo. “La denominada regla del tope fue enfriando una serie de modificaciones tendientes a beneficiar a empleados de algunos organismos públicos que vienen afectando su salario por la aplicación de ésta”, dijo. Y, a renglón seguido, mencionó que este tope “actúa en la praxis como una exacción de los ingresos del trabajador en relación de dependencia y se constituye en un verdadero tributo cuya existencia está expresamente prohibida en la Carta Magna provincial”.
Si, como señala la diputada, en la práctica el tope se relajó en algunas dependencias con sueltos altos, cuyos empleados trabajan en pleno centro de la Capital, se vuelve francamente injusto para los que realmente “hacen patria” al radicarse en ámbitos desfavorables.
La mantención de estos topes, o la falta de actualización, además de ser confiscatoria del salario de algunos profesionales, atenta de lleno contra cualquier iniciativa para lograr corregir elementales asimetrías de acceso a servicios públicos.