Como es público y notorio, la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara de Diputados continúa estudiando la situación de los jueces de la Corte –Cáceres y Sesto de Leiva-, cuya permanencia en sus cargos podría crear una peligrosa jurisprudencia para el funcionamiento general de la Justicia. Ambos son jubilados y han superado los 75 años de edad, con lo cual infringen la letra de dos artículos de la Constitución provincial, el 168 y el 195. Si los jueces de todos los niveles observaran la misma conducta, no sería de extrañar que, en un lapso de pocos años, el mayoría de ancianos, obstruyendo asimismo a todos aquellos que aspiren a cumplir con una carrera judicial. Así es. No tienen más que pedir que se aplique la “jurisprudencia” Cáceres-Sesto para eternizarse en sus cargos. Es más. Ya son varios los jueces que lo han hecho y en sus juzgados, por razones obvias de dinámica, se amontonan los expedientes. Pero volvamos a Asuntos Constitucionales. Anoche se resolvían las fechas de comparecencia de Patricio Rivarola, Rosario Andrada, las autoridades de la Asociación de Magistrados y los componentes de la institución que vela por los familiares de los muertos en accidentes de tránsito.

Quien sigue en una carrera de verdaderos desatinos es José Ricardo Cáceres. El viernes pasado publicó otra página completa –una más y van…- en El Ancasti, el diario que lo defiende a “capa y espada” y que, hasta el día de hoy, no puede explicar por qué sigue siendo juez cuando la ley se lo prohíbe. Cuando lo haga, en homenaje al ejercicio del periodismo, no tendrá más remedio que aceptar que hubo artilugios políticos para mantener una situación de irregularidad que, en otros años, fue escrita en sus propias páginas. Regresando a la reciente publicación, Cáceres volvió a ofender a sus colegas abogados, lo que es inadmisible tratándose de la cabeza del Poder Judicial. Los trató de ignorantes y señaló que si siguieran una correcta hermenéutica llegarían a la conclusión que el artículo 168 (“…no podrán ocupar cargos en la administración provincial los jubilados y pensionados de cualquier caja con excepción de actividades artísticas o técnicas, cuando no existieran otros postulantes”) está destinado a reglar cuestiones del Poder Ejecutivo, no extendiéndose a otros poderes. ¿Por qué no hizo conocer este parecer el 1 de julio de 1995 cuando renunció como ministro de la Corte de Justicia y volvió a hacer asumir el 28 del mismo mes? Eso fue una grosería, doctor Cáceres, por lo cual salir con su parecer hermenéutico 23 años más tarde es, por lo menos, un esfuerzo intelectual demasiado forzado.

En el amplio espacio que le ofrece El Ancasti para sus desvaríos, Cáceres no solo ofendió a los abogados que le reclaman legalidad. Volvió a reírse de la comisión de Asuntos Constitucionales y de la propia cámara de Diputados, a la que con sorna trató de “honorable y excelentísima”, calificando al diputado peronista Augusto Barros como un “jurisconsulto”, otra expresión de desprecio como la que expresara un mes atrás cuando, en directa alusión a los abogados José Alberto Furque y Eduardo Andrada, indicó que deberían citar también a “Piñón Fijo” y “El Chavo del 8”. Estas cosas, en un verdadero extremo, podrían aceptarse en el concierto de chicanas políticas, no a partir de un juez de la Corte de Justicia. Hacerlo es impactar contra la institucionalidad.

También hubo otras consideraciones de José Cáceres que buscan tergiversar la realidad. Dijo en su escrito que el castillismo consiguió unanimidad para aprobar la ley 4912, que sí permite a los jubilados cobrar la diferencia entre su sueldo y el monto del cargo que ocupan. Lo de la ley es cierto, lo que se desprende de ella no. Por empezar, Cáceres reasumió en 1995 y la 4912 es de 1997, con lo cual se habría corregido su situación dos años después. Ergo: sabía perfectamente que violaba la ley al reasumir. Lo peor de este apunte de Cáceres es que tiene la obligación de saber que una ley nunca es superior a la Constitución y, que sepamos, el artículo 168 nunca fue expuesto como inconstitucional.

Más de una vez, este secretario se refirió a la judicialización de la política, un modus operandi para desprestigiar a los antagonistas que se importó de los centros del poder y alentó, casi sin disimulo, el periodismo metropolitano. No estamos en contra que los hechos altamente sospechados, acompañados de pruebas o indicios serios, se diriman en la Justicia. Hacerlo sería respaldar la corrupción a la que, por la salud de la República, hay que atacar con toda la fuerza. Pero tampoco es cuestión de convertir la denuncia en un deporte, como alguna vez lo señaló la diputada Juanita Fernández, al afirmar “no queremos que los pedidos de informe queden solo en cuestiones mediáticas”. La semana anterior, con la seriedad del caso, el concejal santarroseño mandato cumplido, Omar Ovejero, sin hacer mucho ruido, se presentó en la Fiscalía General y denunció al intendente de Los Altos, Rafael Olveira, y a su secretario de Obras Públicas, Andrés Brozzone, por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario. De acuerdo a la denuncia del concejal, el municipio recibió varios millones de pesos con los cuales iba a llevar adelante la pavimentación de 7 kilómetros y la construcción de un salón de usos múltiples, dos obras que fueron aprobadas por el órgano deliberativo y de control. Ovejero dice que esas obras no están y que tampoco se sabe el destino de la plata. Cómo será esta historia habrá de definir la señora Justicia. Y ojalá sea lo más pronto posible.

A pesar de la tensión que, por las turbulencias económicas –el dólar se adelantó 25% en dos semanas y ayer perforó el techo de los $25- se vive en el país, en la provincia reina la calma y hay vocación de entendimiento con las autoridades nacionales, tal como lo adelantó el viernes pasado el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca. El segundo de Rogelio Frigerio destacó la buena relación que hay con Catamarca, con la gobernadora Lucía Corpacci y con Gustavo Saadi, el diputado nacional con el que habla en forma permanente. Además, aprovechó su estancia en Catamarca –vino a reunirse con la mesa provincial de Cambiemos- para enviar un mensaje a la Casa de Gobierno, sugiriendo que no se desdoblen las elecciones provinciales de las nacionales. Justificó su pensamiento con una cuestión meramente económica, el doble gasto, sin entrar en consideraciones políticas las que, en definitiva, las deberá resolver la gobernadora Corpacci. Algún “trago amargo” se llevó de Luca, por otro lado, durante los encuentros con los socios de Cambiemos, especialmente radicales, que le reclamaron la falta de un apoyo de contundencia para poder conquistar el poder provincial.

Como era de suponer, las amenazas del diputado Víctor “El Gato” Luna para denunciar ilícitos en la confección de las listas de candidatos del “Grupo Pernasetti” van a quedar en la nada. Desde el sector que se apresta a competir en la interna del 3 de junio, simple y sencillamente, le contestaron que algunos problemas se deslizaron por la responsabilidad excluyente del comité provincial en su rol de encargado de la confección y actualización de los padrones de afiliados. Como se sabe, la conducción partidaria, a través de la figura del diputado Luis Lobo Vergara, la ejerce el sector del propio Luna. La eventual denuncia, de hecho, se convierte así en un boomerang.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, finalizamos los “Apuntes” de la fecha con las recordaciones de los años 90.
En el mes de mayo de 1993, el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, prometía la creación de un millón de puestos de trabajo para 1995. Claro, ese año tenía que jugarse la reelección presidencial de Carlos Menem y bueno estaba hacer campaña proselitista con anticipación. La predicción del polémico economista no se iba a cumplir y, por el contrario, se iban a perder puestos de trabajo y, en su lugar, se iba a producir una caída vertiginosa del proceso industrial. Sin embargo, a las elecciones las iba a ganar el riojano y hasta con cierta comodidad. ¿Por qué ocurrió esto? Porque delante de Menem, que enarbolaba los éxitos de la convertibilidad –un peso igual a un dólar-, no había nadie, como que al final su rival directo terminó siendo el radical Horacio Massaccesi, un hombre sin demasiada envergadura como para enfrentar al aparato peronista.

Otras mentirillas de la política en aquella época. El exgobernador de Catamarca, Arnoldo Castillo, señalaba en 1993 que su gobierno era de transición “entre una hecatombe y la salida a flote”. También que existían posibilidades que el gobierno nacional interviniera el Poder Legislativo por la demora en la elección de los senadores nacionales. No ocurrió ni una ni otra cosa. El 6 de mayo, la Asamblea Legislativa sesionó y logró 37 votos para consagrar a Pedro Villarroel y Mario Fadel, en tanto que la transición iba a durar nada menos que dos períodos de gobierno, hasta el 10 de diciembre de 1999. Es más. Arnoldo, pura y exclusivamente, no fue por la re-reelección por su visible deterioro físico. 

El Esquiú.com