Lentamente, comienzan a conocerse las primeras reacciones oficiales de los distritos afectados por la eliminación del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero).
El ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional para asegurarse el cobro de los multimillonarios préstamos concedidos al Gobierno nacional, se traducen en recortes constantes que impactan de manera muy negativa en distritos chicos.
Ahora, Santa Cruz se convirtió en la primera jurisdicción en presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la eliminación del FFS que decidió el presidente Mauricio Macri mediante un decreto de necesidad y urgencia. En las provincias de Chaco, Río Negro, Tucumán y San Juan, se anunció la presentación de amparos en sus respectivos juzgados federales, con el mismo objetivo de frenar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y recuperar el dinero.
En Catamarca, un grupo de intendentes justicialistas manifestó también su avance con un amparo, y en todos los casos se observó que el aporte se interrumpe en medio de ejecución de obras ya iniciadas, toda vez que el cese del FFS se concreta en pleno ejercicio fiscal, donde ya estaba presupuestado como ingreso regular.
Se calcula que entre lo que resta de 2018 y 2019, las provincias perderán un total de 35.000 millones de pesos: alrededor de 1.000 de esos millones corresponderían a Catamarca.
En este marco de tensión, se recordó que Casa Rosada había acordado la continuidad del FFS al reclamar otros ajustes, cuando se firmó el último Pacto Fiscal. De este modo, a las provincias les queda un doble ajuste y la compensación prometida se esfuma, por lo cual se cuestiona también la legitimidad, legalidad y constitucionalidad del polémico DNU.
La batalla judicial y política recién empieza y quizás tenga más posibilidades de prosperar -si es que tiene alguna- con un reclamo conjunto que con protestas individuales.