Conforme avanza el nuevo ajuste impulsado por la alianza gobernante para lograr el desembolso de los ansiados dólares del FMI, crece la preocupación por las profundas consecuencias sociales de las podas a mansalva en presupuestos ya comprometidos.
A la quita de subsidios en el transporte y de tarifa social, y fondos a las provincias y municipios que servían para obras y gastos varios, se sumó una nueva tanda de despidos en organismos nacionales, algunos de los cuales afectaron a trabajadores catamarqueños.
El criterio es, por supuesto, que las cuentas cierren de acuerdo a los parámetros de los nuevos rectores de la economía argentina. Sin importar el costo social.
En este marco, la semana arrancó con una reunión de la Gobernadora con los gremios estatales, en la que, antes que nada, buscó dar garantías sobre la estabilidad del empleado público, ante los rumores sobre posibles despidos en la Administración provincial.
Es cierto que la mandataria ya había expresado que en su gestión el agente estatal no sería una variable de ajuste, pero no deja de ser un alivio que se confirme esta decisión ante un escenario ciertamente impredecible.
En el mismo encuentro se reabrieron paritarias que serán negociadas por los sectores sindicales con los titulares de las carteras correspondientes. Esto significa que, al menos los empleados públicos, tendrán un pequeño incremento que compense la imparable inflación, junto con la garantía de su estabilidad.
El problema, por supuesto, son aquellos del sector privado que están siendo desvinculados de sus puestos. Cada día que pasa se conocen despidos por goteo y planes de retiro voluntarios. En los últimos meses decenas pasaron a integrar la legión de desocupados.
Hacia ese sector deben dirigirse políticas activas aplicadas en el menor tiempo posible y que los recursos disponibles, aunque vayan menguando, permitan amortiguar algo una realidad que cada vez es más dramática.