La semana anterior hubo una declaración que pasó un tanto desapercibida. La produjo el diputado Francisco Monti, un joven que ha demostrado conocimientos y capacidad, pero quizá adolezca de una información más profunda de la que posee o pueda haber escuchado en los círculos donde le toca frecuentar.
Nacido en aguas radicales, con cercanías a Ricardo Guzmán y al PRO, Monti ha hecho un diagnóstico sobre el gobierno provincial y, rigurosamente, le ha puesto una lápida. Dijo “se ha vencido la expectativa que tiene la sociedad sobre el gobierno. No han solucionado los problemas de fondo que tanto habían anunciado”.
La definición, por tajante, nos obliga a repasar el presente y el pasado. 
Quizá Monti tenga razón cuando refiere  “los problemas de fondo”. Subsisten en el tiempo, pero no son patrimonio de Catamarca. Son de toda la Argentina. Sin embargo, en los últimos siete años se materializaron cosas importantes y la provincia, a nivel nacional, está calificada como “austera, ordenada y efectiva”. Que quede claro. No lo dice El Esquiú. Lo señalan los informes sobre deuda, empleo, gasto y transparencia que publican los medios nacionales y dan cuentan las consultoras o el propio INDEC.
Esos datos generales contradicen a Monti cuando habla del vencimiento de las expectativas. Es que varias de ellas se cumplieron. Pero el dato más contundente contra su visión de la realidad surge cuando se comparan los siete años de la dupla Corpacci-Jalil con los 20 años de radicalismo. Allí quedan plasmadas diferencias apreciables, a las que no alude el diputado, quizá en el convencimiento de que, con acciones propias, no tiene márgenes de hacer proselitismo efectivo.

Los viejos tiempos

Vamos al análisis cronológico. El reinado radical, al que generalizamos como los “20 años del FCS”, en realidad hay que dividirlo en dos partes. Una tiene que ver con los 12 años del castillismo, que manejó partido y gobierno desde 1991 a 2003, y la otra con el brizuelismo, que copó todo entre 2003 y 2011.
En el primer período, que no fue bueno en términos económicos, puede rescatarse apenas la habilitación del Paso San Francisco, el viejo sueño de don Arnoldo Castillo que nunca termina de completarse. Hasta el día de hoy se realizan gestiones por el asfaltado fronterizo, pero sin resultados concretos para los intereses de Catamarca, sean estos económicos, comerciales o turísticos. Por el contrario. Se ven escasos chilenos por estos valles y no son pocos los catamarqueños que traspasan el Paso y gastan dinero en suelo chileno.
Las privatizaciones de aquellos años son reconocidas como nefastas. Anotemos bajo esa calificación al Casino y a la Terminal de colectivos. Por esta última, la provincia perdió plata y, por el juego, ya sabemos que toda la recaudación vuela hacia otras latitudes y el lavado de dinero, se nota, asoma como una de las prácticas que rodea la actividad.
Ni hablar de las necedades cumbres del castillismo, dos de ellas con tufillos nada agradables.
Una fue la privatización de la energía, la que se entregó a la familia Taselli, cuyos integrantes todavía hoy están rindiendo cuentas en diferentes tribunales del país. Lo que hicieron en Catamarca fue criminal. Al reintegrar el servicio, por el que recibieron subsidios millonarios de la provincia y la Nación, un tercio de la población no tenía energía, lo que indica que, en más de una década, no hicieron inversiones que eran vitales. Ni siquiera mínimas. Tan cierto resulta esta afirmación que, en siete años, los legisladores radicales jamás pudieron ejercer una defensa de los Taselli.
Otro gran tema fue la minería. En este rubro, los funcionarios de la época cambiaron sus responsabilidades propias por cobertura política, la que les brindó el menemismo desde 1990 a 1999. Resultado: Menem hizo otros negocios a nivel mundial “por la minería de Catamarca” y aquí las empresas lograron todos los objetivos que se propusieron en materia de utilidades y pago de regalías. Que en los años 2000 hayan entrado a la provincia cientos y cientos de millones pesos por la explotación de la Alumbrera, no quita que en los noventa se negoció mal y se aceptaron las imposiciones del poder económico.
A todas estas “lindezas”, habría que agregar la vergonzosa entrega de la caja de jubilaciones que, por años, le costó a la provincia mucho dinero. Recién en 2016 se rescató el porcentaje de coparticipación que se perdió en los 90.
En territorio capitalino, por su parte, se recuerda una gestión eficaz de Brizuela del Moral, cuya obra cumbre fue la canalización del arroyo Fariñango.
Lo que hizo muy bien el castillismo fue político. Proclamó por largos años, después de la salida de Saadi, haber recuperado la paz social. Aun abstracto, es un mérito, que también valdría para los días que corren, donde reina la misma paz social.

El mayor derroche

Con la llegada de Brizuela del Moral, en 2003, se produjo un cambio de escenario del que surgieron luces y sombras.
El intendente de los 90, con gran respaldo popular, se abrazó al kirchnerismo sobre el que los radicales tanto despotrican, y pudo construir miles de viviendas. Pero, aparte, como ningún otro gobierno, dispuso del crecimiento de la economía de aquellos momentos y de una renta minera cuantiosa con la que se pudo cambiar el rumbo de Catamarca.
Aparte de cortar cintas de viviendas a rolete, Brizuela empleó los borbotones de dinero que llegaban a la Tesorería en construir un Predio Ferial que, por lo menos, no se utiliza bien.  Hubo obras muy buenas como la Maternidad o el Parque de los Niños. También hizo hosterías –Cortaderas, El Portezuelo- que son deficitarias y cometió un error gravísimo en construir un estadio para un deporte como el fútbol que, en realidad, no lo necesitaba. Si hubiese invertido ese dinero en un autódromo o polideportivos barriales, hubiese logrado mucho mejores resultados que un estadio que, para colmo, está cerrado por vicios estructurales que se discuten en la Justicia con la empresa supuestamente infractora.
Desde el plano institucional, a Brizuela se le debe haber implementado la coparticipación municipal, con lo cual emparda no haber rescindido el contrato con los Taselli apenas asumió. En resumen, el suyo fue mejor gobierno que el castillista, aunque a éste le tocó remar con los contratiempos de la economía mundial. Digamos que se equiparan las cargas y en el balance queda una gestión de 20 años que no es para presumir. Por eso, intuimos, el diputado Monti carga sus críticas sobre la actual administración y nada dice del pasado.

Resultados diferentes

Corpacci y Jalil no terminaron sus mandatos. Aun les resta 11 meses de gestión. Cuando completen, las buenas y malas, serán analizadas por el público y posiblemente lo hagan en la próxima elección. Uno de los dos, seguro, será candidato a gobernador. O, por allí, llegan a conformar una fórmula.
A la hora de ese balance, por variadas razones, se nos ocurre que la seguridad del diputado Monti puede diluirse. Hay razones para que ello ocurra.
La gobernadora mantuvo la paz social, no persiguió a nadie, no se le conocen agresiones y tiene que mostrar, desde obras de envergadura (dique El Bolsón, ruta Andalgalá-Belén, cloacas chacareras) que supo gestionar hasta otras de gran valor, como ser miles de viviendas (varias de ellas conforman esa “ciudad nueva” que es Valle Chico), la restauración de las Riberas del Valle, la recuperación de un hotel que estaba derruido, la Casa de la Cultura, dos hospitales y, tal vez insuperable, la construcción de más de 100 escuelas. Por último, ordenó el proceso minero y creó las condiciones para que en los próximos años vuelvan las ganancias que se terminaron con el cierre de Alumbrera.
A todo esto, dentro del mismo gobierno “con corazón peronista” como lo califica, hay que sumar la proverbial gestión municipal de Raúl Jalil.
Más de 4.000 cuadras de asfalto, obras para evitar las inundaciones en la ciudad, mejoramiento y remodelación de las plazas, apertura de camino e interconexión de varias zonas, ingresos nuevos a la ciudad, etc, determinan una gestión que nadie cuestiona.
Lo que dijo Monti vale, especialmente si las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y, por supuesto, si no se considera a los gobiernos que antecedieron, ejercidos por sus correligionarios.

El Esquiú