Mientras todavía resuenan los ecos del debate presidencial del pasado domingo, en la provincia continúa la discusión por las obras que hizo o no hizo la Nación y por los aportes que pudieron efectuarse en los últimos cuatro años. En ese sentido, la voz de Marita Colombo, volvió a hacerse sentir. Indicó que “aunque lo nieguen, las provincias tienen más recursos”. Si nos quedamos con la expresión pura y no profundizamos, deberíamos darle la diestra a la eterna legisladora de Fray Mamerto Esquiú. El tema de análisis, sin embargo, debe reunir variados elementos de corte económico para sacar conclusiones. En términos nominales hubo, efectivamente, mayores ingresos por coparticipación federal, pero nada le debe agradecer el gobierno provincial a la Nación en este rubro. El incremento llegó por vía de un fallo judicial que obligó a la Casa Rosada a devolver a las provincias el 15% que se les deducía para atender el sistema jubilatorio. Ergo: no se trataba de voluntarismo. Había que devolver “si o si”. Por otro lado, las cifras de Marita no se compadecen con los terribles niveles de inflación que, de hecho, le quitan valor al peso argentino.

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En lo que atañe a las obras, los dineros de Nación llegaron para cumplir con contratos firmados durante los años del kirchnerismo. Debe agradecerse, en casos puntuales como viviendas o la remodelación del Hospital de Niños, que se hayan producido los desembolsos. En que en estos casos, el gobierno nacional “pudo mirar para otro lado” y no se desligó de las obligaciones, aunque en varias ocasiones lo hizo negociando aportes a la gobernabilidad que negoció con Lucía Corpacci, la que igualmente no se olvidó de agradecer públicamente las remesas. También en el platillo del contrapeso, no puede ignorarse que se quitaron subsidios varios o el fondo sojero, los que no eran de cumplimiento obligatorio y podían anularse por decreto, como finalmente ocurrió. En fin, se trata de una discusión de interpretación, pero resulta inconcebible que algunos se quieran adjudicar obras como las del dique El Bolsón o la ruta Andalgalá-Belén. Más allá de los pormenores, hay que reconocer que la relación entre gobiernos de signo político distinto siempre tiene algo de tensión. De todas formas, los funcionarios catamarqueños no se pueden quejar del trato recibido. Fueron deferentemente atendidos y escuchados en sus planteos, pero por lo general volvieron de Buenos Aires con las manos vacías.

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Quien también se refirió a los números de la economía fue Raúl Jalil. Hay que creerle al intendente de la Capital por su condición de economista y porque se apresta, si el electorado no dice otra cosa, a asumir la gobernación de Catamarca en diciembre próximo. Conforme a su visión, la enorme deuda externa que contrajo el gobierno nacional no se ve reflejada en obras y, en cuanto a nuestra provincia, señaló que las finanzas están bien porque prácticamente no tiene deuda en dólares, un problema de solución muy difícil para muchas provincias que se endeudaron y, por las devaluaciones de la moneda, hoy se ven en figurillas para pagar. Córdoba y Buenos Aires, aunque fueron las mejor atendidas por el poder central, son los ejemplos más nítidos de lo que afirmamos en términos de endeudamiento.

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No dejó de sorprender que la alianza “Juntos por el Cambio”, distrito Catamarca, haya cambiado en la publicidad de sus afiches al candidato Tiago Puente por el también candidato Luis Lobo Vergara. Esta contingencia está más allá de la “mochila pesada” que, por lo bajo, revelan los dirigentes que significa llevar en el voto a la fórmula Macri-Pichetto. Hasta diríamos que, electoralmente hablando, convenía más mantener la figura de Puente que la de Lobo Vergara, cuya actuación como político deja mucho que desear. Nadie olvida que apenas comenzó su gestión como diputado estuvo involucrado en una negociación inmobiliaria muy poco clara que llevó a cabo con el intendente radical de Recreo, Roberto Herrera, y más tarde fue denunciado por un reconocido abogado peronista de ejecutar cobros usureros en contra de humildes ciudadanos del interior de la provincia. Por si esto fuera poco, no bien juró en la Cámara baja, pidió una licencia como vocal del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE), cargo de privilegio en el que revistó desde la década del 90. Pretendía Lobo Vergara, tal cual un empleado administrativo, que se le preservara el cargo durante cuatro años, o sea por el término del mandato. Quiere decir que, como ahora va por la reelección hasta 2023, de habérsele aceptado su absurda pretensión, habría extendido el período de licencia por cuatro años más. Son todos recuerdos que no hablan bien del candidato de raíz castillista, por lo que su aporte publicitario, más que favorecer, en realidad desfavorece. En lo que atañe a su función como legislador, su labor es todavía más magra. No se le conoce ningún proyecto de valía y toda su tarea se limitó a defender los intereses de la proveedora de energía (CAMMESA) antes que los de su provincia.

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La UTE Alumbrera-YMAD, que funcionó durante el proceso de explotación iniciado en 1997 y, como propietaria de las instalaciones, todavía funciona, alcanzó un acuerdo con las empresas que son dueñas de Agua Rica (Yamana, Glencore y Newmont) que prácticamente asegura para el futuro la continuidad del proceso minero, en gran escala, iniciado en la década del 90. Como lo explicamos en la información que incluimos en la presente edición (ver página 3), el mencionado acuerdo puso distancia entre los integrantes de YMAD. El gobierno nacional, en la figura de Luis de Miguel, y la provincia de Catamarca, con sus directores Daniel Barros y Angel Mercado, agilizaron la negociación para responder a las ofertas internacionales y, de paso, asegurar la tambaleante subsistencia del organismo interestadual, mientras que la Universidad de Tucumán prefirió ausentarse de la sesión del 3 de octubre, cuando se cerró la operación, y no avalar el acuerdo. La falta de entendimiento, por cierto, tiene razones que se asientan en intereses diferentes.

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Lo primero que hay que consignar, para una mejor orientación del lector, es que el Bajo la Alumbrera era de YMAD. O sea que, conjuntamente, pertenecía al gobierno nacional, al gobierno provincial y la Universidad de Tucumán. Agua Rica es un emprendimiento privado que no es de YMAD y, por lo tanto, se imponía negociar de otra forma. De allí emanan las diferencias con la UNT, que firmó en abril el Memorándum de Entendimiento, pero a partir de ese momento, con maniobras de distracción que llegaron a su fin, se mostró reacia a avanzar. Más allá de las posiciones encontradas, el alquiler de las instalaciones no tiene vueltas. Las actas, avaladas por la SIGEN, están en manos del gobierno nacional y dan cuenta que las empresas pagarán por adelantado unos US$ 12.000.000 que servirán para equilibrar el presupuesto de YMAD y atender Farallón Negro, una fuente de trabajo de 500 personas. Independiente de este monto, el gobierno nacional gana por los derechos de exportación y la provincia por el acuerdo paralelo de Agua Rica con CAMYEN (3% de las utilidades, más el cobro de regalías e impuestos). La Universidad de Tucumán, por tanto, solamente usufructuará la parte que le corresponde del arrendamiento.

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El proceso minero, de esta forma, se extiende en las explotaciones de litio y, paralelamente, los distintos actores buscan asegurar que los beneficios favorezcan a los catamarqueños. Sea en puestos de trabajo, por los cuales han comenzado los cursos de capacitación, o por los futuros proveedores, que han echado las bases para la creación de la Cámara del Oeste, para la cual se pretende que haya una ley que asegure su existencia y funcionamiento. Por último, crece la conciencia que el dinero que produzca la minería se emplee en obras de infraestructura y no en gastos corrientes, lo que provocó el desencanto de la gente.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, insertamos en el último bloque de los “Apuntes” los acontecimientos del pasado. Días pasados, los vecinos de Siján hicieron una marcha para pedir la creación de una jurisdicción municipal diferenciada de Saujil, de la cual depende actualmente. Pretenden algo similar a lo que logró Mutquín, que antes dependía de la villa de Pomán. Estos temas, cabe destacarlo, tienen antecedentes en el pasado. En octubre de 1994, el entonces senador Angel Aruj, mediante un proyecto, solicitaba algo más amplio. Pedía la creación del departamento Saujil que, además de la cabecera del mismo nombre, comprendiera a Siján, Rincón, Colpes, San Miguel y Joyango.

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El 30 de septiembre de 1994, en la sala “Libertador San Martín” de la Corte de Justicia de Catamarca, tres abogados locales pasaban a formar parte del Poder Judicial prestando juramento ante los integrantes del máximo tribunal de aquel entonces: Oscar Guillermo Díaz, José Ricardo Cáceres y César Ernesto Oviedo. Mercedes Beatriz Gandía de Morcos lo hacía como Defensora Penal de 2da. Nominación; Hernán Lídoro Zalazar como Agente Fiscal de Instrucción de 3ra. Nominación y Olga Beatriz Pereyra de Delgado como Agente Fiscal Comercial de 2da. Nominación.