Consciente que sus chances de ser gobernador son elevadas, desde hace rato que el candidato del Frente de Todos, a la par de hacer campaña, elucubra sobre el futuro y comienza a disparar señales de lo sería su administración. Independiente de su apuesta por la minería, como factor de desarrollo, Raúl Jalil entiende que con una eventual reforma de la Constitución Provincial –postura invariable que mantuvo a lo largo del tiempo- se pueden echar las bases para ordenar y hacer más eficiente al Estado. A partir de estos presupuestos, se entiende perfectamente que esta semana haya ratificado su vocación reformista y, entre otros tópicos, haya insistido en reducir el número de legisladores, lo que podría abrir las puertas a la existencia de una cámara única. Por cierto, tal objetivo saldría de la discusión que podría llevar a cabo una Asamblea Constituyente en la que participarían, conforme a los resultados de una votación previa, los representantes de las distintas fuerzas políticas que, además, analizarían las reelecciones que provocan indignación ciudadana, como es el caso de los intendentes. De 36 jefes comunales, 32 buscarán el próximo domingo mantenerse en el cargo y solamente 4 estarán en otra cosa: Jalil, que va por gobernación; Alejandro Páez porque se lo prohíbe la Carta Orgánica de Andalgalá y va a ser diputado provincial; y los intendentes de Mutquín y Los Altos porque recién tienen elecciones en 2021. Todo un despropósito, como la posibilidad que tiene el gobernador –cualquiera sea- de mantenerse todos los mandatos que desee.

La certeza electoral, el ingreso por concurso a la administración pública, la obligatoriedad de contar con directores de carrera, la defensa del medio ambiente, la actualización tecnológica y tantos otros son temas que imponen una reforma de la constitución saadista del año 1988, la cual ha quedado totalmente desfasada en el tiempo. Por ello, la declaración de Jalil no provoca reacciones desapacibles y es comprendida por la sociedad, a través de sus representantes, como un imperativo de los tiempos que corren. A pesar de la naturalidad de pensar en una reforma, llama poderosamente la atención que a cinco días de las elecciones provinciales, la oposición local no se haya expedido sobre una cuestión que la alude directamente y sobre la cual tiene responsabilidades inexcusables. Si hasta ahora no hubo reforma de la Constitución –alentada por la gobernadora Lucía Corpacci desde 2014- y se mantiene un texto que tiene más de 30 años de vigencia, se debe pura y exclusivamente a que la UCR se opuso a dar los votos necesarios para declarar la necesidad de cambiar. Extraña doblemente esta postura porque, en 1988, el hoy partido de oposición hizo un verdadero escándalo por aquella reforma a la que repudió de todas las formas. ¿Por qué, entonces, defiende su continuidad? Raro…muy raro.

Otra situación importante que ha meneado el intendente Jalil tiene que ver con la conformación de la Justicia. El aspirante a la gobernación entiende que los jueces, cada ocho años, deberían rendir una especie de examen para revalidar aptitudes y seguir en el cargo. Se trata de una excelente postura, toda vez que los magistrados son los únicos regentes de la democracia que llegan al cargo sin el aval de la voluntad popular y se mantienen in eternun en sus mullidos sillones. Respecto a esto, hay que decir que de ninguna manera se trata de algo descabellado. Ya en la Constitución de 1965, reformada por la del ’88, se imponía que cualquier juez debía tener cada cuatro años un nuevo acuerdo de la Cámara de Senadores. Uno de los ejemplos de la época tuvo que ver con la actual ministro de la Corte, Amelia Sesto de Leiva. Ella recibió acuerdo en 1983, al restaurarse la democracia, y ese acuerdo fue revocado en 1987. En fin: la propuesta de Jalil serviría, grandemente, para que los jueces se preocupen por observar imparcialidad, contracción al trabajo y estar permanentemente actualizados.

En el segundo debate de los candidatos presidenciales, desarrollado el domingo en la facultad de Derecho de la UBA, aunque sea tangencialmente, se abordó con tono crítico el mecanismo que rige la coparticipación federal. Se dijo, entre otras cosas, que hay que cambiarla y permitir que cada Estado provincial viva con lo que produce. En otro extremo del debate, agriamente, se habló de variantes y, dentro de ellas, que la Nación resigne parte de los porcentajes que le permiten manejar al Estado con discrecionalidad y favorecer, en más o en menos, a los amigos. En ese marco, cada vez son mayores los dardos contra una ciudad como Buenos Aires, la más rica del país, que se lleva además los mayores beneficios. ¿Cómo no van estar chochos sus ciudadanos si ellos son de primera en relación a sus pares de Jujuy o Formosa? Para pensarlo, pero por lo pronto quienes aspiren a tomar el poder, deberían tomar nota de expresiones que, cuando uno menos piensa en ellas, se convierten en realidad.

Sobre la relación de la Nación con las provincias, aunque nadie lo diga, se vienen problemas. Varias de ellas están endeudadas en dólares y con las devaluaciones recientes, o las que pueden venir, tendrían serios problemas para cumplir con sus obligaciones. En esa línea se pueden anotar a Buenos Aires, Córdoba y Jujuy, las que tomaron deudas por cifras que pueden llegar a complicarlas seriamente. Catamarca, por suerte, tiene obligaciones en pesos y no exigibles en los plazos, lo cual representa un extraordinario acierto de las autoridades. Esto hay que destacarlo porque, a poco de asumir la presidencia de la Nación, Mauricio Macri sugirió a los gobernadores que tomaran deuda en los mercados internacionales para hacer obras o completar aquellas que no estaban terminadas. Ofrecía para ello el aval de la Nación y muchos, irresponsablemente, se tentaron. Hoy enfrentan una realidad ciertamente lamentable.

A días de las elecciones se observa, no sabemos si en votos, un repunte evidente de la imagen del presidente Macri. El sábado hizo una marcha como pocas veces se ha visto –reunir 400.000 personas o cifra parecida no es tarea sencilla- y el domingo, durante el segundo debate, se mostró sólido en sus pensamientos y prometió que las cosas mejorarían sensiblemente en un segundo mandato suyo. Tampoco sabemos si el supuesto repunte llegará a Catamarca, donde el Jefe de Estado tiene un bajísimo nivel de aceptación. De hecho, la marcha del “#SiSePuede” de nuestra provincia fue más que pobre, un verdadero símbolo de la falta de fervor popular. Más allá de los resultados de los actos públicos, queda claro que la intención de voto va por otro lado, como sorpresivamente ha ocurrido muchas veces.

Los diputados nacionales por Catamarca, Gustavo Saadi y Silvana Ginocchio, no disimularon su malestar por el Plan Federal Vial que, una vez más, deja a Catamarca “colgada” de la desgracia de ser una provincia que aporta pocos votos. Los legisladores, como se suponía, no tuvieron buenos recuerdos para el gobierno de Macri y, al unísono, expresaron su anhelo que las cosas cambien durante un eventual mandato de Alberto Fernández. También desde el sindicato vial, que sigue de cerca el quehacer de Vialidad Nacional, hubo calentura y malestar por la discriminación harto evidente del gobierno nacional.

Política y acontecimiento social. El sábado pasado, en un conocido local del departamento Valle Viejo, se casó una de las hijas del dirigente peronista Daniel Barros, integrante del directorio de YMAD en representación de la provincia (antes fue ministro de Desarrollo Social y secretario de Ambiente del actual gobierno). Lo más granado de la dirigencia participó del acontecimiento social que, entre otros, contó con la presencia de la gobernadora Lucía Corpacci y el candidato a reemplazarla, Raúl Jalil. También lo hizo el presidente de YMAD, el contador público Luis de Miguel. Por supuesto, hubo mucha alegría, ritmo musical y baile hasta las primeras horas del domingo y, como era inevitable, se habló mucho de política y de las elecciones que, en pocos días más, determinarán la conformación del poder en la Argentina y en Catamarca.

RECUERDOS. Como lo hacemos cada martes, jueves y domingo, el último bloque incluye los acontecimientos del pasado.
En octubre de 1994, en medio de las discusiones por la explotación del Bajo la Alumbrera, tal como lo había prometido el exdiputado Cecenarro, se realizaba en la ciudad de Andalgalá una gran movilización. Allí se pedía, a través de los discursos de los dirigentes, que se cumplan los requisitos pactados previamente con las mineras, especialmente en lo concerniente al traslado del material y, en ese sentido, se insistía que la salida fuera por tierra catamarqueña y no tucumana, lo cual tenía que ver con lo que finalmente iba a ocurrir: los factores de poder ya tenían semiarreglado que las riquezas mineras iban terminar favoreciendo a una de las empresarias favoritas del menemismo, Amalia Lacroze de Fortabat, propietaria del ferrocarril Mitre en la capital tucumana. El gran problema para que se cumplieran los compromisos empeñados, por otra parte, era estrictamente económico. Para que se pudiera construir el tramo férreo Andalgalá-Serrezuela (Córdoba) se requerían 97 millones de dólares.

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