Opositores y oficialistas se enfrentaron en los tribunales tucumanos por la decisión del gobernador Juan Manzur de adelantar las elecciones provinciales. Opositores y oficialistas se enfrentaron en los tribunales riojanos por la decisión del gobernador Sergio Casas de llamar a una consulta popular y lograr que se allane su camino hacia un nuevo mandato. Los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá batallan con medidas judiciales en San Luis para dirimir sus aspiraciones de gobernar la provincia. En Buenos Aires se elevaron planteos judiciales apenas se esbozó la posibilidad de que María Eugenia Vidal adelantara las elecciones. En cada vez más distritos se judicializa la competencia política, e incluso en Catamarca se amenazó con llevar a la justicia aquella ley que habilitaba la suspensión de las PASO en una eventual convocatoria a marzo.
Que algún caso en particular se preste a diferentes interpretaciones, y requiera una mirada legal para dirimir determinado conflicto, aparece dentro de las posibilidades razonables.
Ahora bien, cuando el recurso de la denuncia y el empantamiento se repite una y otra vez en casi todos los distritos, es señal de que algo está funcionando mal.
El sistema democrático cuenta con mecanismos suficientes como para resolver casi todas las situaciones previstas en un recambio de autoridades, que en definitiva ocurre en nuestro país año por medio.
Esta compulsiva búsqueda de ayudas en ámbitos ajenos a la contienda específicamente partidaria no es saludable para la ciudadanía, que termina envuelta en confusiones que se extienden incluso a temas internos de cada fuerza.
En ocasiones los reclamos u observaciones son justas, pero en otros no superan la simple intención de un sector por enmarañar el proceso electoral, y ante una posible derrota se busca al menos sembrar sospechas sobre el accionar del adversario.
Un mecanismo tan recurrente como cuestionable, que se debería revisar, corregir y dejar atrás cuanto antes.