La incertidumbre de la elección 2019, cuando faltan 130 días para que los partidos o alianzas presenten sus precandidatos ante la Justicia Electoral, moviliza a Cambiemos a intentar diferentes estrategias para llegar, lo mejor posicionado, al 27 de octubre, fecha en la que se definirá el futuro de la Argentina. El tema recurrente de estos días es suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), las que deben efectivizarse el domingo 11 de agosto y definen los candidatos definitivos. La idea a nivel país, a esta altura del tiempo, resulta casi imposible y, sin dudas, provocaría un verdadero escándalo. Aparte que el PRO y sus aliados en el Congreso no tendrían el número necesario para imponer condiciones. La maniobra, sin embargo, es estudiada para el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde cada día que pasa crece la idea de que el peronismo puede imponerse y crear tendencia para las generales. Por ello, hacia fines de la semana pasada se reunieron los intendentes bonaerenses alineados con Vidal para pedir que se suspendan las primarias. Las consideran “una encuesta demasiado cara” (definición de Jorge Macri, primo hermano de Mauricio) y piden a cambio de ellas que los partidos políticos adopten sus propios mecanismos internos para nominar candidatos. No deja de ser otra señal de temor, que sigue al ya suspendido desdoblamiento de las elecciones que intentó María Eugenia y, con Marcos Peña y Duran Barba a la cabeza, frenó el presidente.

¿Si el resultado de las PASO puede crear tendencia entre la ciudadanía, por qué no intentar el triunfo y llevársela a la tendencia para sus propias filas? Eso hace pensar que está cundiendo el pánico a una derrota. Ayer, para abonar la intentona, el diputado Pablo Tonelli, integrante del Consejo de la Magistratura en nombre del PRO, estimó que las PASO “son inconstitucionales” y “violan la autonomía de los partidos políticos”, por lo que entiende que la Legislatura bonaerense podría tratarla y suspenderla. Los conceptos de Tonelli, para desgracia del sistema, atrasan en cuestiones básicas de la democracia. Afirmar que “violan la autonomía de los partidos” sería regresar a los arreglos de cúpula que, por más de un siglo, permitían solo a los poderosos quedarse con las candidaturas o dar más armas a los señores feudales a elegir a los postulantes con el dedo. El ejemplo más claro de lo que afirmamos lo podemos tomar de Catamarca. Aquí, tanto el Partido Justicialista como la UCR, no acostumbran a realizar internas por los cargos electivos. La última batalla peronista, en este sentido, data de 16 años atrás, cuando Luis Barrionuevo atrapó la candidatura a gobernador frente a Ramón Saadi. Lo de los radicales es mucho peor. Se van a cumplir 32 años del enfrentamiento Genaro Collantes-Arnoldo Castillo, que fue el último que programó el comité provincial para definir el candidato a gobernador. Aunque los contendientes de aquella época están muertos, los viejos radicales recuerdan la sorpresiva victoria de Collantes.

Hoy en día, sin PASO, esos históricos enfrentamientos no se repetirían. Con tener un congreso o una convención favorables, le bastaría a cualquier caudillo (tipo Infrans, Rodríguez Saá, etc.) para salirse con la suya sin apelar a ninguna refriega interna. Es que las PASO, aparte de ABIERTAS, son OBLIGATORIAS y pueden participar de ellas cualquier afiliado que tenga pretensiones. El problema en Buenos Aires es otro: allí, vía PASO, podrían definir su interna Unidad Ciudadana y Alternativa Federal. O sea Cristina y Massa. Sin PASO tienen que ir en boletas separadas y, por ende, dividir los votos, lo que es objetivo imprescindible para una mejor performance de Cambiemos. Siempre en el tema, pero trasladándolo a Catamarca, la oposición sin PASO tendría serios problemas para armar sus listas sin que quede un tendal de heridos. Por ello, castillistas y brizuelistas defienden las primarias y hasta judicializaron la ley que las suspendía “por única vez” si las elecciones se realizaban en marzo. Se trata, en definitiva, de dos caras de una misma moneda. Cambiemos en Buenos Aires avanza en contra de las PASO y en Catamarca lo hace a favor. ¡Vaya incoherencia!

Se vienen los tiempos legislativos luego del impasse veraniego. El 1 de marzo próximo, por octava vez consecutiva, Raúl Jalil habrá de inaugurar las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la Capital. Será la última ocasión que lo haga. En diciembre completará el segundo mandado y, por Carta Orgánica, no puede ser reelegido. Precisamente por esto, alguien que ha cumplido una brillante gestión –para este medio, la mejor de tiempos democráticos en la Capital- puede dar definiciones importantes en el discurso de despedida. En esa dirección, hay que recordar que el hombre pregona la existencia de una policía municipal, del voto cada cuatro años, de una segmentación presupuestaria para evitar el empleo municipal estéril, etc. 60 días más tarde, quien estará en el estrado frente a los legisladores será la gobernadora Corpacci. Ese primero de mayo podría dar cuenta de cosas importantes: salarios, reforma constitucional, leyes diversas y hasta hablar de su propio futuro. Recordemos, sobre esto, que todavía no ha definido si irá por un tercer mandato, por una candidatura distinta o, después de años de dura gestión, por un descanso. Escucharla, en esa ocasión o antes, puede ser orientativo del futuro provincial.

En la presente edición, en página 5, insertamos una publicación pedida del ingeniero Oscar de la Barrera, quien le responde al diario El Ancasti que, en un comentario editorial, lo trató de “inepto, desinformado, eyectado y reciclado”. Para llegar a tan drásticas conclusiones, el medio periodístico lo responsabiliza, de alguna manera, de la caída del sector olivícola y lo tilda de desinformado por haber afirmado que, aparte de la ausencia de los diferimientos impositivos, los gobiernos de la región no ofrecen subsidios, lo cual es estrictamente cierto. Ya que estamos con esta controversia, hay que decir con  todas las letras que tanto El Ancasti como de la Barrera tocaron un punto sensible de la política, mucho más que de la producción. Nos referimos a los diferimientos impositivos, un instrumento económico que creó el menemismo para que los empresarios invirtieran y por más de 10 años no pagaran impuestos. Hay que, en base a datos fidedignos, terminar con esta esta historia de mentiras. Los diferimientos, en la inmensa mayoría de los casos, fueron una joda. No fomentaron las inversiones y no crearon puestos de trabajo. No lo dicen ni El Ancasti, ni de la Barrera.

Mucho más grave es lo del medio periodístico. Señala que el kirchnerismo pulverizó los diferimientos y no explica “nada de nada” cuando, si se precia de ser un medio serio, debería hacerlo. El kirchnerismo gobernó 12 años y durante 9 de ellos mantuvo los diferimientos, con el agravante de ayudar a los productores de toda laya en materia de tarifas, especialmente las eléctricas, que son los motores de la industria aceitera. Los suspendió (a los diferimientos) en 2012 porque tres provincias (Mendoza, Misiones y La Pampa) se aprestaban a denunciar que eran damnificadas directas por el régimen. Claro: si los empresarios de Catamarca, San Juan y La Rioja, especialmente los pícaros, no pagaban impuestos, ellos tomaban menos coparticipación. ¡Cómo no iban a denunciar! Pero hay algo más, que lo dice en su carta de la Barrera. Macri hace más de tres años que gobierna, no restituyó diferimientos ni promocionó nada y, por el contrario, con las tarifas, convirtió a la producción de aceite en inviable. Por lo tanto, el ataque gratuito contra de la Barrera, es claramente ideológico y relacionado directamente con intereses empresariales de los que, a través de sus directivos, participa El Ancasti. El funcionario, tras reseñar sus sacrificios como profesional o productor, remata su escrito con un trasfondo de dignidad: “¡cómo no voy a soportar críticas sin que me afecten y me impidan seguir aportando en lo que esté a mi alcance para el crecimiento der la producción olivícola de mi provincia!”.

“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. A diferencia del anterior, El Ancasti presentó ayer un excelente comentario editorial referido a los docentes que tomaron licencias truchas, muchos de los cuales no estaban enfermos y gozaron, in situ, del mundial de Rusia 2018. La conclusión final del escrito termina con este aserto: “los docentes que fraguaron licencias fueron perdonados y los médicos que las firmaron no fueron denunciados”. Excelente posición periodística que obliga, por decoro, a que los funcionarios den las explicaciones del caso.

RECUERDOS.

Como lo hacemos habitualmente, colocamos en el último bloque de los “Apuntes” los acontecimientos del pasado dignos de ser recordados.
Un día como hoy, 12 de febrero de 1993, el exadministrador de la exObras Sanitarias Catamarca, ingeniero Jorge Marcolli, le ponía precio al organismo que hace 25 años funcionaba en Rivadavia, entre Rojas y Prado. Conforme a su criterio, la exOSCA valía 150 millones de pesos y tenía una deuda de solo 5 millones. Recordemos que eran tiempos de las privatizaciones menemistas y, de hecho, el castillismo estaba dispuesto a vender a la vieja Obras Sanitarias. Por cierto, la opinión del ingeniero Marcolli fue un tanto exagerada y la privatización se realizó por una cifra totalmente diferente con una empresa española, la que mantuvo el servicio por un tiempo y prácticamente lo volvió a entregar por los resultados deficitarios que arrojaba. El escape de los españoles fue por demás razonable. Para encarar una privatización de esta naturaleza, era imprescindible que el Estado hiciera primero las obras fundamentales y recién entregara el servicio. De hecho, hasta el día de hoy la distribución del agua está a cargo de una empresa estatal a la que mantiene el gobierno. 

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