Cada tanto se pone sobre el tapete de los debates el funcionamiento de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Se alude a su viabilidad, sus negocios o su composición societaria. Cuando se llega a este último punto muy pocos comprenden cómo una empresa enteramente catamarqueña comparte posiciones y hasta tiene dependencia con la Nación y, especialmente, con la Universidad de Tucumán. Si su origen tiene que ver con Farallón Negro, la mina de su propiedad que emplea a 500 personas y produce oro en territorio belicho, o con el área que comprende a los “bajos” andalgalenses (entre ellos está Alumbrera) o del Cerro Atajo, no debería acaso disponer de todas las ganancias o, llegado el caso, asumir las pérdidas. La lógica indica que si, como lo ha planteado durante la semana anterior el diputado provincial Hugo Daniel Ávila. Él tampoco comprende cómo la autoridad catamarqueña no revisa contratos que pudieron tener sentido hace 62 años, cuando se creó YMAD, pero que en la actualidad representan una combinación absurda.

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Desde tiempos inmemoriales se sabe que en las alturas de Andalgalá o Belén existen riquezas minerales. Oficialmente las descubrió, a comienzos del siglo pasado, el investigador Abel Peirano y las anotó a favor de la Universidad de Tucumán. La Nación colaboró para ratificar estudios de cateo y abrir camino a la exploración. Por estas cuestiones, que pueden ser legales pero no legítimas, Nación y la UNT comparten la propiedad de recursos naturales que están en Catamarca y son de Catamarca. El colmo del absurdo. La Nación designa al presidente de la empresa y la Universidad, sin gastar una emoción, se lleva el 20% de las ganancias. Con la Alumbrera embolsó verdaderas fortunas y pretende seguir haciéndole con otros yacimientos, a punto tal que plantea cuestiones legales y la más de las veces sus dos directores votaron con presidente de períodos anteriores en contra de los intereses de Catamarca, que cuenta solamente con dos de los cinco votos en el directorio. Esto sucedió, por ejemplo, cuando la provincia pretendió cobrar regalías como lo hace con cualquier otro inversor. No logró el caro objetivo porque perdió la votación que definió el expresidente Manuel Benítez, un pícaro de aquellos. Con estos datos, ¿no habrá llegado el momento que en medio de tantas reformas el gobierno comience a operar la transformación de YMAD como lo pide el diputado Ávila?

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Por si no faltaran reproches a la conducta que observa la UNT en relación a los genuinos recursos catamarqueños, las fortunas que se llevó a la vecina provincia en los tiempos de esplendor del proyecto del Bajo la Alumbrera no habrían sido precisamente bien administrados y aplicados al proyecto de construir una ciudad universitaria. Ello podría originar, en algún momento, que varios directivos de la alta casa de estudios deban rendir cuentas ante la Justicia. Cualquier auditoría, por ligera que sea, daría resultados enfrentados con la transparencia, tal como lo denunció un medio de renombre de tierra azucarera. Por ello y por varias cosas más, sus reclamos sobre el proyecto integrado para utilizar las instalaciones de Alumbrera en el emprendimiento de Agua Rica cada día pierden peso. Aparte que el acuerdo se estableció en un marco de legalidad y existen coincidencias generalizadas que fue favorable a la empresa interestadual, aunque se acepte que el adelanto de 12.5 millones de dólares pudo haberse mejorado.

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En distintas oportunidades, se descubrieron proyectos presentados por concejales o legisladores que estaban “inspirados” en proyectos ya presentados en otros distritos. Esto ocurre con relativa frecuencia porque muchas veces un diputado o concejal pide que le busquen material de determinado tema que no conoce y sus colaboradores lo primero que hacen es entrar en Google, para ver qué existe al respecto. Otras veces directamente buscan alguna iniciativa que haya funcionado bien en otro lugar, e intentan replicarla aquí como idea propia. Estos plagios quedan en evidencia cuando finalmente se presentan los proyectos y se descubre que se omitió borrar alguna referencia muy localista. Así, en medio de un proyecto autóctono, aparecen inexplicables alusiones a Tucumán o incluso México. Es algo que sucedió varias veces y volverá a suceder: lo que no tiene antecedentes es que un legislador se jacte de su vagancia y falta de imaginación, admitiendo el “robo” de proyectos a cara descubierta.

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Es lo que hizo, sin que se le moviera un pelo, el concejal Javier Espinoza, quien en Valle Viejo presentó un proyecto junto con sus compañeros opositores, Carlos Luján (del FCS – Cambiemos) y Alberto Barrionuevo (el peronista aliado). La iniciativa en cuestión se refería a la creación de una Caja de Crédito Municipal, un organismo que finalmente se creó por decreto, al desestimarse la propuesta de los concejales por el rechazo de los oficialistas. Más allá del proyecto y las diferencias entre una y otra idea para la implementación de una oficina de préstamos chacarera, lo que llamó la atención es que la iniciativa de Espinoza era un calco de la ordenanza utilizada en Capital para su Caja de Crédito Municipal. Así lo observó la periodista Belky Pennise, edil del Frente de Todos, quien no ocultó su sorpresa porque vio el escrito y “nos damos con que es el mismo proyecto que presentaron en la Capital, es un copia y pegue de ese proyecto y el concejal Espinoza lo reconoció abiertamente en el debate cuando pedí la palabra y argumenté que era muy poco serio lo que estaban haciendo, porque inclusive hay un inciso muy obvio donde dice ‘el Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca’, lo que me parece preocupante e irresponsable, porque nos pagan un sueldo para trabajar y no para copiar y pegar”. Fue allí que Espinoza, sin buscar ninguna excusa, retrucó orgulloso: “Obvio, lo bueno se copia y se pega”. Un alarde de improductividad impropio de la suculenta dieta con que se le retribuye esa tarea.

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Como lo adelantamos en exclusivo para los lectores catamarqueños, se difundieron durante el fin de semana varias encuestas a nivel nacional, plato de entrada infaltable en el menú de cada etapa electoral. Las cifras de las distintas empresas coinciden en mostrar que la polarización kirchnerismo-macrismo sigue vigente, y los sondeos realizados sobre la imagen de Mauricio Macri y Cristina Fernández ratifican que en la mayoría de los distritos los números positivos de uno son inversamente proporcionales a los números negativos del otro. En el balance general, Cristina tiene una aceptación mucho mayor a la del exmandatario, que solo se impone con claridad en Capital Federal y Córdoba, sus dos bastiones electorales. Pero según la firma CB Consultora Opinión Pública, hay un aspecto preocupante para el empresario, ya que no tiene peor rival que él mismo: incluso en las pocas provincias donde supera a Cristina, es mayor el rechazo que la adhesión que genera. Contemplando todo el país, solo en Córdoba tiene más consideración positiva que negativa.

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En Catamarca, la imagen positiva de Cristina claramente duplica a la del dirigente del PRO, lo cual no es novedoso ya que el macrismo nunca pudo ganar en Catamarca, e incluso en su mejor elección, que fue la legislativa de 2017, aquí Cambiemos (todavía se llamaba así) obtuvo una magra cosecha de votos y fue el único lugar del país donde no logró mejorar su performance de 2015. El detalle llamativo, en todo caso, es que en la opinión de los catamarqueños el actual presidente, Alberto Fernández, mide mejor que Macri y que Cristina, lo cual permite inferir que en esta provincia es realmente muy alta la aprobación a la gestión presidencial, tendencia que se reitera en casi todas las provincias. En cuanto al ingeniero Macri el horizonte es negativo y es vox populi que asoman en el horizonte, con mejores chances, valores a tener en cuenta como Rodríguez Larreta o Martín Loustau.  Por cierto, ninguno de estos trabajos de sondeo es una ciencia exacta, como lo saben incluso quienes encargan las encuestas. Pero no deja de ser un parámetro del humor social, herramienta de la cual ninguna fuerza política se permite prescindir a la hora de diseñar su campaña.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
El 8 de julio de 1995, en medio del júbilo peronista, asumía su segunda presidencia de la Nación el doctor Carlos Saúl Menem. Lo acompañaba como vicepresidente Carlos Ruckauf. Aquel día, el riojano más famoso de la historia prometía “aniquilar la corrupción”, que había sido una las manchas de su primer período, en el que se recordaban “los guardapolvos de Bauzá”, “la leche contaminada de Vico”, privatizaciones plagadas de irregularidades, el encubrimiento del atentado a la AMIA, la venta de armas a Ecuador y Croacia, etc. También se refería en aquel momento a que en el tramo 1995-1999 habría “crecimiento y justicia social” y que iba a luchar “contra toda violación a los derechos humanos”. Todas muy lindas consignas que, en la mayoría de los casos, no se cumplieron, como ocurriría con varios de los mandatarios que le sucedieron en el cargo.
El Esquiú