Todo indica que, finalmente, la tercera será la vencida, y luego de dos anuncios frustrados, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, arribará a Catamarca el próximo jueves, por primera vez en ejercicio del cargo. Alberto estuvo por aquí en diciembre del año pasado, ya en condición de presidente electo y a pocas horas de asumir, pero luego la pandemia se interpuso y no logró regresar. La visita a Catamarca estuvo en su agenda en dos ocasiones, e incluso llegó hasta La Rioja en junio pasado, suspendiendo su llegada cuando se encontraba al pie del avión para completar los 150 kilómetros restantes. La aparición de un caso de coronavirus en su gabinete obligó a tomar esa determinación de manera preventiva, cuando Catamarca todavía resistía sin casos positivos. Hace dos semanas también se anunció su visita, que tampoco se pudo concretar, y ahora los astros parecen haberse encolumnado para que Fernández se convierta en el sexto mandatario nacional que pisa suelo catamarqueño desde el retorno de la democracia, como lo hicieron antes Carlos Saúl Menem, Fernando De la Rúa, Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

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La agenda de Fernández es todavía una incógnita, pero lo que se anticipó es que no habrá actos masivos ni manifestaciones, e incluso -por primera vez- en lugar de hacer convocatoria se está desalentando a la militancia peronista, para convencerla de no concentrarse ni preparar recepciones. Lógicamente, la emergencia sanitaria impone esa clase de medidas, nunca antes aplicadas ante una visita presidencial. Pero la incomodidad no se refiere sólo a eventuales movilizaciones populares, sino que se traslada al ámbito de las autoridades. Son muchos los legisladores provinciales e intendentes que quieren estar presentes y obtener su foto con Fernández, por lo cual a estas horas los teléfonos celulares de quienes están cercanos al área de Protocolo arden pidiendo presiciones y rogando por la reserva de un lugar en primera fila. Desde aquí se intenta explicar que el itinerario de Alberto se definirá en Buenos Aires para deslindar responsabilidades, pero hay varios decididos a pujar por acercarse al Presidente.

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En realidad la agenda de la visita no está definida, pero sí hay una serie de opciones que se manejan, con la premisa de no armar logísticas engorrosas ni traslados extensos. El imperativo es mostrar alguna obra en marcha, y el gobernador Raúl Jalil ofreció a su equipo media docena de posibilidades para que entre ellas se resuelva dónde llevarán a Alberto. Para ello se trabaja contrarreloj, a fin de poner los sitios en óptimas condiciones y también sus accesos. ¿Cuáles son los destinos que se barajan? El Acueducto Norte, la Quebrada de Moreira, plantas del área Industrial El Pantanillo, la Escuela INET que se construye sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, la zona del Dique El Jumeal, el Complejo Habitacional Valle Chico y la tradicional Plaza de Choya, puesta en valor por la Municipalidad de la Capital para integrarla a un circuito turístico que abarca desde Plaza El Maestro hasta la Gruta. Si Fernández llega, su recorrido no saldrá de esas opciones.

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Pasan los meses y la Unión Cívica Radical no logra regularizar su situación institucional, reflejo exacto del pálido momento de la fuerza, que no logra hacer pie desde la caída electoral del 2011. Luego de comandar durante dos décadas los destinos de Catamarca, como nave insignia y columna vertebral del Frente Cívico y Social; la centenaria UCR cayó en un desconcierto del que -casi diez años después- no logra salir. La imposibilidad de concretar una real renovación dirigencial, la dramática desconexión de su discurso con el electorado, la fallida alianza con el macrismo y el alejamiento paulatino de los afiliados, no alcanzan para corregir los vicios internos del mundillo boinablanca, que sigue atado a dedocracias y manejos de mesas chicas según la voluntad personal de figuras que, pese a la acumulación de derrotas, no ceden ni un milímetro en sus prácticas.

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El punto es que hoy la UCR está virtualmente acéfala, porque su conducción caducó, con el agravante de que las autoridades que vieron vencer sus mandatos también habían tomado ese espacio de manera irregular. Porque Alejandro Páez, quien pertenece a la línea celeste que lidera Oscar  Castillo, accedió a la presidencia sin pasar por las internas. Hubo una convocatoria a elecciones que se malogró, entre acusaciones cruzadas y una larga batalla judicial. En su momento se apuntó que la línea de Eduardo Brizuela del Moral no alcanzó a completar el mínimo de candidatos departamentales. Páez, candidato de la alianza “Es ahora radicales”, quedó sin oposición y con el camino despejado para asumir como la máxima autoridad del radicalismo. Horacio Pernasetti, su rival, resistió un poco pero una vez judicializada la disputa, Páez se quedó con todo.

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Llegó el tiempo de convocar a una nueva Convención, y entonces la cúpula radical se abrazó a la pandemia y sus restricciones para eludir el decisivo debate interno. Ese argumento se hizo cómo y recurrente, y fue utilizado al mismo tiempo por la oposición para no bajar al recinto legislativo, y dar al oficialismo vía libre para avanzar con las modificaciones de la estructura judicial, incluyendo la ampliación del número de integrantes de la Corte de Justicia provincial. Es una postura incoherente, ya que las mismas caras que claman la imposibilidad de reunirse con el pretexto de la pandemia, incumpliendo con deberes partidarios y de la función parlamentaria, salen después a la calle a sumar su rebeldía y brindar apoyo a los movimientos “anticuarentena”, que la oposición nacional utiliza como bandera contra el Gobierno. De ese modo, alternativamente se ubican a favor o en contra de las precauciones sanitarias, según el interés y la conveniencia de la ocaisón.

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Ahora ya no hay más tiempos de dilación y por fin se concretó la presentación ante el juez federal con competencia electoral, Miguel Contreras, con la decisión deaplicar el protocolo de funcionamiento para una convención remota. El mecanismo está avalado por la acordada 051/2020 de la Cámara Electoral que reglamenta la realización de asambleas mediante procesos a distanmcia, de manera que queda designar a los miembros de la Junta Electoral y fecha de las elecciones. Será el último capítulo de una serie de desprolijidades dirigenciales, que ahora tienen la oportunidad de comenzar a democratizar y normalizar el partido, aunque no puede descartarse el comienzo de una nueva novela. Las próximas elecciones aseguran forcejeos por el posicionamiento, máxime cuando está latente la posibilidad de que se suspendan las PASO.

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Ese desorden radical fue aprovechado por el diputado Augusto Barros, quien lo utilizó para retrucar las críticas del lapaceño Víctor Luna, quien había señalado que el oficialismo redujo el papel de la Cámara baja al de una escribanía , al cuestionar la facilidad con que se acompañan todas las propuestas que llegan desde el Ejecutivo; y que la labor legislativa se veía perjudicada porque Diputados y el Senado marchan en direcciones opuestas. Barros no se quedó callado y le recomendó a Luna que antes de hablar la oposición se ocupe de “resolver sus problemas internos” y también de definir sus postura sideológicas. “Nosotros tenemos la misma dirección; que haya diferencia en la construcción de alguna legislación no significa que haya inconvenientes irresueltos o que se traslade a la política que encara el Gobierno de la Provincia”, puntualizó Augusto, estableciendo diferencias con el “doble comando” que a su juicio padece la oposición.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano. Hace diez años, se daba un caso inusual en la Cámara de Senadores loca, que decidía una explusión sin precedentes desde el retorno de la democracia. La cámara Alta resolvió echar al senador por el departamento Santa María, Iván Dardo Ampuero, en base a la causal prevista en el Artículo Nº 95 de la Constitución Provincial. Para el cuerpo, el legislador “violentó abiertamente la Constitución de la Provincia”. Doce senadores respaldaron la medida, originada al descubrirse que el senador Ampuero, en forma simultánea a la ocupación de su banca, percibía un sueldo como director de una escuela salteña, ubicada cerca del límite con Bolivia. 

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“Primero en su calidad de senador electo y luego en su calidad de senador de la provincia de Catamarca, desplegó una conducta absolutamente indecorosa, habida cuenta que jamás reveló a sus pares la condición de director titular de una escuela ubicada en la provincia de Salta, omitió declarar formalmente ante las autoridades administrativas de esta Cámara la existencia del cargo antes referido, lo cual posibilitó que se configure una incompatibilidad funcional y material magnánima, toda vez que durante tres meses y fracción, percibió de manera simultánea haberes abonados por dos provincias, sin prestar servicio alguno, dadas las extensas vacaciones que gozaba en ese momento, según lo expresado por el propio senador en su descargo”. Para la Comisión, esta actitud constituyó “una conducta absolutamente indigna, de una gravedad tal, que impide que el senador siga perteneciendo a esta Cámara y representado al pueblo de la provincia”. La banca de Santa María fue luego ocupada por Antonio Díaz, quien venía trabajando en el grupo de colaboradores del excluido Ampuero. Díaz, ligado a la Renovación Peronista, fue concejal por el distrito San José en el año 91-95, además de vicepresidente del Consejo Departamental y Congresal del Justicialismo.

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