A escasas cinco semanas de las tradicionales fiestas de fin de año, comienza a resurgir la expectativa por el bono o regalo que alguna vez implementó Eduardo Brizuela del Moral para los agentes de la Administración Pública provincial y que desde entonces se transformó en un dolor de cabeza para todas las administraciones siguientes. El bono se entregó de manera irregular durante la última década, y en los últimos años fueron más las ocasiones en que se omitió el pago que aquellos años en que se dispuso lo contrario; pero la práctica ya nunca se desterró de la mente de los empleados públicos, que lo esperan y reclaman, aunque nunca haya quedado clara su razón de ser. Quien lo cuestionó con atendibles argumentos –aunque más de una vez también lo pagó- fue la exgobernadora Lucía Corpacci. Ella sostenía que, en todo caso, de otorgarse un aporte extra a los trabajadores, debía ser en marzo, para acompañar los gastos propios del inicio de clases que impactaba en muchas economías hogareñas. Pero no encontraba mayor sentido en cederlo en diciembre, un mes en el cual al pago de sueldos ya se añadía la segunda cuota del aguinaldo. 

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Lo cierto es que el dilema “bono” reaparece año tras año y este convulsionado 2020 no es la excepción. Ya lo plantearon formalmente algunos gremios, como el SELEG y el SOEM capitalino, aunque con diferentes características. El Sindicato Legislativo pide 10.000 pesos “para llegar a fin de mes”, y el gremio de Walter Arévalo (que en los hechos había renunciado, al cerrar la paritaria, a iniciar cualquier otro reclamo salarial hasta marzo de 2021) solicita una suerte de reconocimiento vinculado con la pandemia y sus circunstancias, sin precisar monto alguno. Otros gremios están listos para sumarse al pedido y el resto aguarda todavía en silencio. Las autoridades han respondido a su vez con cautela, sin descartar ni prometer nada, aunque también expresaron alguna sorpresa, ya que las circunstancias singulares de este año hicieron suponer a más de uno que no se formalizaría ningún reclamo por el “bono”.

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En este punto debe recordarse que efectivamente fue un año pésimo en materia de recaudación, porque la inactividad de múltiples rubros comerciales y productivos derrumbaron también los tributos. Por caso, la Municipalidad de la Capital, perdió 400 millones de pesos en lo que va del año en concepto de recaudación, lo que inevitablemente impacta en las finanzas de la comuna. Pero hay un factor más, completamente objetivo: dadas las condiciones desastrosas en que se desarrolló este año por la aparición del coronavirus, la realidad indica que en 2020 los empleados públicos estuvieron entre los más favorecidos, a contramano del sector privado, que sufrió verdaderos estragos; con cierres de comercios e industrias, pérdida de puestos laborales y caídas estrepitosas en las ventas y haberes. Todo el abanico comercial vinculado con el turismo, la gastronomía, la hotelería, el transporte, los eventos festivos, los jardines maternales y tantas otras actividades, vieron desplomados sus ingresos, en muchos casos manteniéndose en cero durante meses. Mucha gente quedó sin trabajo y sin dinero, pasando a depender dramáticamente de la ayuda social.

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En el ámbito del empleo público, en cambio, no hubo un solo despido. Tampoco hubo recortes salariales, como se especulaba promediando el año, se pagó mes a mes en tiempo y forma, se abonó también el aguinaldo y hasta se otorgaron incrementos salariales, cuando gran parte de la masa de empleados se vio incluso eximida de concurrir a trabajar. En ese contexto, los recursos estatales se multiplicaron para brindar asistencia a familias en situación vulnerable y a sectores específicos que reclamaron ayuda y que la siguen recibiendo. Tenemos así un Estado que tiene menos ingresos y más gastos, porque contiene sectores privados que no requerían ayuda anteriormente. Insistir por un bono para los empleados públicos en ese cuadro de situación, resulta algo desconsiderado y poco solidario. Ello no significa que los estatales estén nadando en la abundancia ni mucho menos, pero sí han gozado de una estabilidad total y quedaron protegidos desde un primer momento, a diferencia de privados y cuentapropistas, que padecieron en carne propia los efectos económicos de la pandemia.

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Se presentó ayer en la ciudad el programa de Gestión Integral de Residuos desde el Origen (GIRO), un nuevo intento por ordenar la recolección de residuos, que llega luego de varios fracasos de gestiones anteriores en la materia. Algo elemental como separar la basura húmeda de la seca, resultó siempre para los catamarqueños un escollo insalvable. A contramano de las principales ciudades del mundo, que avanzaron mucho en materia de residuos, aquí la mentalidad general sigue desconectada del problema, suponiendo que la historia se termina cuando se saca la bolsita a la vereda. Ni siquiera se respetan días y horarios y las toneladas que se acumulan se convirtieron en un problema mayúsculo, agravado por quienes simplemente dejan cualquier elemento en una esquina y se retiran despreocupados, para que otro se haga cargo.

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Como se dijo en el acto de lanzamiento de GIRO, en el Parque Adán Quiroga, no es un problema económico sino de costumbres, y por eso es tan difícil avanzar satisfactoriamente. El intendente Gustavo Saadi inicia en esta etapa un intento por revertir la realidad, para lo cual se comenzará por algunos barrios, para luego extender el sistema al resto de la ciudad. Como la clave es que los vecinos cumplan, se trabajó con “capacitadores”, personas que enseñan casa por casa qué se debe hacer con los residuos antes de sacarlos, y esa labor formativa se complementa con una fuerte inversión en camiones y contenedores. Si finalmente se logra tener éxito, se habilitará también un nuevo campo para movilizar la economía social, con las oportunidades que ofrece el reciclado.

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Las diferencias históricas del catamarqueño Luis Barrionuevo con el kirchnerismo, parecen comenzar a pulirse, ya que el gastronómico brindó un inesperado respaldo al Gobierno en el marco de su “batalla” con el Fondo Monetario Internacional. Parte del empresariado y el sindicalismo se unió para acompañar la negociación de Casa Rosada con el FMI y apoyó la cruzada “para encausar financieramente al país”. Lo hicieron con una carta pública, que entre sus firmantes tiene al histórico villacubano, con un guiño a Alberto Fernández que confirma que el humor cambió después de los actos del 17 de octubre. Empresarios y gremialistas remarcan que la pelea nacional con el organismo de crédito tiene que “tener como norte la sustentabilidad de la economía argentina” para trabajar y producir. Destacaron que “luego de despejar de manera exitosa el panorama financiero con los acreedores privados, primero bajo ley extranjera y luego con legislación local, el gobierno nacional encara ahora otra negociación crucial” y reconocieron que “la Argentina está haciendo un esfuerzo importante para revertir un estancamiento estructural, agravado por la pandemia que impactó en todo el mundo. La recuperación vendrá de la mano de nuestra capacidad de producción e innovación, con una mirada inclusiva y federal”.

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Junto a Barrionuevo estamparon su firma Alejandro Simón (CEO Grupo Sancor Seguros), Marcelo Figueiras (Presidente de Laboratorios Richmond), Martín Umaran (Founder Globant & Director), Pablo Peralta (Presidente del Grupo GST), Mara Bettiol (Presidente de UART), Juan Carlos Mosquera (Presidente de ADIRA) y Fabián Castillo (Presidente FECOBA), Carlos Acuña (uno de los cotitulares de la CGT), Óscar Rojas (Secretario General de SOMRA), Hugo Benítez (Secretario General de AOT), Omar Maturano (Secretario General de La Fraternidad), José Luis Lingeri (Titular del SGBATOS y secretario de Acción Social de la CGT), Luis Cejas (Secretario General de FUVA), Daniel Vilas (Secretario General de UTCYDRA), Rubén Sandobal (Secretario General de Perfumistas). Un heterogéneo e interesante grupo, cuyo pronunciamiento generó beneplácito en el Gobierno.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de acontecimientos del pasado cercano.
El 1 de septiembre de 1995 prestaba juramento como administrador del Frigorífico Municipal Juan José Bellón, quien años más tarde se convertiría en ministro del exgobernador Eduardo Brizuela del Moral. Este último lo destacó especialmente en aquel acto, lo mismo que el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Raúl Omar Paroli. El mismo día, pero en otro ámbito, se producía una segunda asunción. El doctor Luis Raúl Guillamondegui juraba como delegado judicial ocupando la Secretaría de la Fiscalía de Instrucción 1.
Al día siguiente, el 2 de septiembre, el Partido Justicialista de Catamarca confirmaba como candidato a senador nacional al exgobernador Ramón Saadi. Comenzaba en aquel momento una lucha por esa banca que iba a durar años y que mantendría a la provincia con dos senadores menos, ya que al no poder asumir Saadi tampoco lo podía hacer Oscar Castillo, nominado por la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico.

El Esquiú