Llamaron la atención en el Gobierno las durísimas declaraciones del presidente de la Unión Industrial de Catamarca (UIA), Carlos Muia, quien se despachó con una batería de críticas de inusual aspereza, cuya esencia causó malestar en ámbitos oficiales. Muia atacó en todos los frentes, desde la situación económica hasta la sanitaria, y sus palabras repercutieron fuerte porque hasta aquí se lo reconocía como una persona cercana a la administración, que había asumido la presidencia en reemplazo del histórico Raúl Colombo, quien ocupó el cargo desde 1985 en adelante por más de tres décadas. En diciembre de 2018, hubo un enroque en la cúpula de la entidad que nuclea a los industriales: Colombo pasó de presidente a vicepresidente, y Muia dejó la vicepresidencia para ocupar el sillón principal. Desde entonces transcurrieron menos de dos años, pero fue tiempo suficiente para que el propietario de Confecat (nombre que resume la frase “con fe en Catamarca”) mutara su postura a un plano inesperado para los funcionarios de primer nivel.

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La UIA siempre mantuvo una posición clara, naturalmente ligada a los intereses del sector, y fueron recurrentes a través de los años los pedidos de respaldo ante determinadas crisis, el reclamo de mejores condiciones y otros beneficios vinculados con la actividad productiva. Pero nunca había asumido una postura directamente agresiva y de confrontación hacia el Gobierno, como lo está haciendo ahora. Lo que disparó el malestar de Muia fue la aprobación del denominado “impuesto a la riqueza”, motivo suficiente para que embistiera con furia hacia todo lo que, a su entender, representa el Estado: “En los últimos 30 años no se les ocurre una idea que siempre reclamar e ir por más impuestos, llega un momento que asfixian. En una pareja cuando hay un golpeador, uno de los dos termina yéndose y aquí el golpeador es el Estado porque machaca permanentemente sobre el empresario que tenemos la responsabilidad de bancar un Estado que es un elefante ¿De qué solidaridad me están hablando estos chicos que proponen impuestos y que en su vida pagaron una quincena? Porque la mayoría de esos legisladores no trabajaron nunca. Esto no es solidaridad, es confiscación. Estoy bastante indignado, la nota al Gobernador es simplemente para que sepan que no nos chupamos el dedo y no somos estúpidos”, expresó públicamente.

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¿Por qué el enojo oficial? Porque interpretan las palabras de Muia como un gesto de ingratitud, toda vez que el Estado al que ahora descalifica viene brindando desde hace años un fuerte apoyo a su empresa. En el marco del Decreto Acuerdo 526/14 que aprobó el plan inversión de la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), el Gobierno financió un gran emprendimiento de la firma de Muia, cediéndole un monto que rondaba los 6 millones de pesos cuando el dólar cotizaba a 8,90 pesos, lo que equivale a más de 50 millones de pesos actuales. Eso fue en junio de 2015, durante la gobernación de Lucía Corpacci, y en diciembre de ese mismo año, Muia habilitó un nuevo sector de su fábrica en cadena nacional, vía teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El beneficio otorgado a Muia le permitía reintegrar el monto con sus respectivos intereses tras haberse sumado al plan de préstamos a empresas privadas con proyectos productivos. La fábrica en cuestión se dedica a hacer calzado de PVC, especialmente botas para lluvia, cuyo mercado se encuentra casi exclusivamente en Buenos Aires. Por esta razón, se había proyectado instalar la planta fabril en esa provincia, de modo de abaratar costos de traslados y facilitar la comercialización. Enterada del proyecto, la Gobernadora pidió a Muia que la fábrica se instalara en Catamarca, y ofreció a la empresa todo el respaldo necesario -incluyendo el dinero- para que la fuente de trabajo se afianzara aquí. 

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Con ese antecedente, el ataque a la inutilidad del Estado y la idea de que los privados son los heroicos aportantes que lo sostienen, pierde bastante entidad, o refleja al menos una visión sesgada de los acontecimientos. De hecho se recuerda que muchos de los integrantes de la UIA nacieron o crecieron a la sombra de préstamos y favores estatales, incluyendo fortunas cedidas por el Banco de Catamarca que jamás lograron recuperarse. También fue el Estado el que instaló una planta generadora de energía eléctrica para terminar con los microcortes en el área El Pantanillo, y que invirtió cuantiosas sumas para mejorar ese gigantesco predio. Cómo continuará la relación es algo que no sabe, pero todo indica que si existió algún momentáneo idilio entre el sector público y privado en los últimos años, ahora algo se ha roto. Y se completó con las acusaciones de Muia vinculadas con la pandemia, a partir del conflicto generado por la detección de un caso positivo en su fábrica. El empresario se negó primero a cerrar la empresa y luego tuvo que hacerlo, pero también por esa situación culpó a las autoridades: “Nosotros como empresa no estamos dispuestos a asumir costos de la mala gestión en el área de salud, porque no hicieron ningún estudio epidemiológico, porque no controlaban a ninguno y daban certificados por doquier. Si quieren que cierre, cierro, no hay ningún problema, ya no estoy para lidiar con estos pibes, porque bueno sí, buenudo no”.

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La salvaje interna del peronismo en Valle Viejo, trasladada hace tiempo al plano institucional, se parece ya a una guerra a muerte. Susana Zenteno y Abeto Barrionuevo, rivales en la última primaria y luego “aliados” para derrotar a Gustavo Roque Jalile, dejaron atrás la puja por los pequeños espacios de poder, y están decididos mutuamente a ir por la cabeza del otro. Susana batalla desde la intendencia y Abeto desde la presidencia del Concejo Deliberante, con diferencias que crecieron como una bola de nieve y en los últimos días acapararon toda la atención y dedicación oficial en la comuna chacarera. Como se sabe, Abeto acordó con los concejales de la oposición para quedarse con la titularidad del órgano deliberativo municipal, y allí se abrió una pelea legal. El Frente de Todos sostiene que en la Carta Orgánica consta que la presidencia del CD debe quedar en manos de un concejal de la fuerza más votada en la última elección, por eso judicializó el reclamo, con la certeza de que el cargo debe ser para Sergio Figueroa o Belky Penisse. Según el sector de Zenteno, ya no quedan recursos por interponer, y en los próximos días se fallará por el desplazamiento de Barrionuevo, lo cual desembocaría en un escándalo gigante. De ser destituido Abeto, se avanzará para declarar la nulidad de todo lo actuado por CD este año, incluyendo nombramientos y resoluciones, un caos de aquellos.

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Pero al mismo tiempo Abeto contraataca, y citó a la propia Susana Zenteno para interpelarla en el Concejo Deliberante. Desde la intendencia respondieron que Susana no va a ir, porque el cuerpo no está facultado para interpelarla. Pero el mismo peronismo, cuando se nucleaba en el Frente Para la Victoria, quiso interpelar al “Gallo” Jalile, lo que revela una abierta contradicción. Barrionuevo sostiene que si Zenteno desconoce el llamado se expone a una suspensión e incluso a un juicio político, lo que nos lleva al punto mencionado, en que Zenteno y Abeto quieren decapitarse mutuamente. Una penosa situación, fruto de una interna partidaria que dejó rencores, traiciones, disputas judicializadas y un desorden institucional general, muy lejano a los verdaderos problemas y preocupaciones de los vecinos de Valle Viejo.

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El que salió bien librado del pedido de juicio político contra los ministros de la Corte de Justicia fue el gobierno provincial. Primero porque, ni gobernando Corpacci o Jalil, participó del proyecto y nunca se expresó sobre el tema. Por ende, las acusaciones de José Cáceres señalando que se trataba de una jugada política resultó un acto de defensa propia. Y, complementariamente, la actual administración pudo nombrar dos nuevos cortesanos –Hernán Martel y Fabiana Gómez-, ambos con condiciones reglamentarias ajustadas a lo que marca la ley. O sea el reverso de la moneda en relación a la dupla Cáceres-Sesto que, ocurra lo que ocurra en el futuro, seguirá expuesta por razones legales y éticas. Ah... lo último. Todavía a Cáceres y Sesto le resta superar otra petición de juicio político, la que le iniciara el abogado José Alberto Furque por motivos parecidos a los que se acaban de considerar. La diferencia estriba en que el exdiputado nacional suma a Raúl Cippitelli y su presentación incluye una denuncia penal en la que, por una causa familiar, resultó imputado y el cargo, hasta nuestros días, no fue levantado. Claro, si esto se trata, no hay dudas que habrá que esperar hasta 2021.

El Esquiú