La naturaleza de un negocio privado es que nace, se desarrolla, perdura o cae según se forje su propio destino. Vaivenes propios del mercado, habilidad comercial, oportunidad, visión, inversión, calidad y también una cuota de azar, inciden en estos emprendimientos.

Quien se aventura con un proyecto siempre corre riesgos y luego enfrenta las consecuencias, que pueden resultar tanto en la generación de enormes ganancias, en una debacle que conduzca al cierre, o –como ocurre en la mayoría de los casos- en alternativas que aseguran la propia subsistencia, sin conducir a una fortuna descomunal ni a la quiebra.

En cualquier caso, el inversor es quien sufre o goza aciertos y errores, asumiendo costos con su bolsillo y embolsando también, legítimamente, cuando los balances llegan con viento a favor. He allí la naturaleza de la actividad privada.

En el ámbito estatal, lógicamente, todo es distinto. El Estado, todos sus bienes y recursos, pertenecen de manera intangible al conjunto de la sociedad y la suerte de sus iniciativas depende de administradores pasajeros, que nunca responden con su peculio por las pérdidas, ni se benefician a nivel particular con las ganancias.

Sin contar empresas mixtas, participaciones societarias y otras singulares unidades de negocios, se consolidó en las últimas décadas, especialmente en Catamarca, un nuevo negocio, con características tan inusuales que prácticamente no puede compararse con ninguna otra actividad.

Se trata de la educación privada, un ámbito donde –cada vez con mayor incidencia- los gastos corren por cuenta del Estado y las ganancias van a parar a los privados. 

Aulas y cuotas
En Catamarca hay decenas de instituciones privadas en el área educativa. De hecho, 30 entidades están nucleadas en la Comisión Provincial de Colegios Privados, que concentran alrededor del 20 por ciento del total del alumnado catamarqueño.
Sin embargo, en Catamarca la educación privada como tal no existe: aquí funciona la Educación Pública de Gestión Privada, algo así como la administración de servicios por particulares, mientras el rol estrictamente educativo permanece en manos del Estado.

Los colegios, de este modo, reciben subsidios estatales, eximiciones de impuestos, exenciones o bonificaciones en el pago de servicios, e incluso el costo de su planta personal docente es asimilado por el Estado.

Paralelamente, los colegios perciben aranceles de ingreso y cuotas mensuales, que redundan en amplios beneficios ya que los costos son mínimos o nulos en lo que a la enseñanza específica se refiere. Aunque el Estado teóricamente regula los aumentos autorizados en las cuotas, se incorporan ítems arbitrarios para compensar y alcanzar siempre la cifra que el colegio desea y hasta se promovió ahora un nuevo compromiso, que obliga a los padres a realizar aportes extra para obras edilicias.

En conjunto, los colegios privados tienen cada vez menos gastos y mayores ingresos, ecuación que rara vez se traduce en mejor calidad educativa, algo que se hizo evidente en este convulsionado año, durante el cual hubo más dedicación y esfuerzo en el área pública que en la privada.

Ámbitos educativos como el provincial o incluso el de la Municipalidad de la Capital, redoblaron ingenio y sacrificio para llegar a los alumnos. La habilitación de sistemas virtuales para dar clases, la entrega de cartillas personalizadas, el ofrecimiento del acompañamiento de tutores y otras medidas probaron el interés por los alumnos. En el Sistema Educativo Municipal capitalino, por ejemplo, hasta se acercó un obsequio a los alumnos el Día del Estudiante, mientras que la mayoría de los privados sólo se comunicaron para recordar fechas de vencimiento de cuotas.

¿Es necesario?
Los planteos surgen automáticamente y no son exclusivos de Catamarca. Los aportes de fondos estatales a la educación de gestión privada han sido un tema de permanente controversia en la Argentina. Las escuelas pagas reciben subvenciones provinciales parciales o totales para hacer frente al pago de salarios de sus docentes. Montos, controles y justificativos, quedan siempre bajo la lupa y rara vez conducen a explicaciones satisfactorias.

Más del 70 por ciento de las escuelas privadas del país reciben subsidios del Estado. Esa proporción crece si sólo se tiene en cuenta a las escuelas privadas de carácter confesional y desciende si se analiza a los colegios laicos. La totalidad de estos fondos están destinados al pago de salarios docentes y, en algunas provincias, las transferencias a los colegios privados llegan a representar el 20 por ciento del gasto total educativo del distrito.

Los datos son confirmados por informes del Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), que analizó las transferencias a escuelas privadas de las 24 provincias durante un período de 15 años.

Según este documento, en el nivel primario el 74 por ciento de las escuelas privadas confesionales reciben subsidios, mientras que en los colegios laicos ese porcentaje desciende al 63 por ciento. En el caso del nivel secundario, el 81 por ciento de las escuelas confesionales reciben subvenciones y un 70 por ciento de las laicas también lo hacen.

Estos subsidios son administrados por los estados provinciales, ya que la Educación en la Argentina está a cargo de las provincias, con excepción de la universitaria. No se trata de un fenómeno nuevo: en 2001 el 13,7 por ciento del presupuesto educativo de todo el país estaba destinado a escuelas privadas. Y desde entonces el aporte siempre estuvo por encima del 12 por ciento del total destinado a la enseñanza en el país.

De todas maneras, las transferencias para sueldos no son el único financiamiento que reciben las escuelas privadas por parte del Estado. Otro beneficio es la exención impositiva, al menos en IVA y Ganancias, ya que las escuelas son consideradas entidades “sin fines de lucro”. Y una tercera ventaja es la exención de pagar contribuciones patronales a sus docentes, lo que responde a una larga tradición política. Esa norma se estableció hace más de 15 años y se prorroga año a año vía Decreto de Necesidad y Urgencia, sin grieta que valga: tanto Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri la continuaron.
A esas prerrogativas, deben sumarse ingresos anexos como el de los miles de uniformes que se imponen (y renuevan casi todos los años, obligando a comprar una y otra vez), materiales didácticos que no se proveen y otras fuentes de ganancias, directa o indirectamente vinculadas con los colegios.

Conclusiones
Todos los padres que envían a sus hijos a colegios privados lo hacen voluntariamente. Todos, sin excepción, tienen la opción de elegir la escuela pública. Esa realidad objetiva se utiliza recurrentemente para neutralizar cualquier queja, pero no es del todo justa.

Tampoco se cuestiona el usufructo de los privados en el abanico de beneficios que se le ofrecen dentro del rubro. Lo que sí es necesario cuestionar, es el rol del Estado en este negocio, porque allí se involucra el dinero de todos.
Un trabajo de investigación realizado por Cecilia Sleiman, publicado por UNIPE, lo resume con irrefutable lógica: 
“La privatización de la educación se sostiene en una combinación de fuentes de financiamiento (donde la principal es la transferencia de fondos estatales para subvencionar salarios docentes) con regulaciones y normativas que hicieron perdurar la estructura de las escuelas pagas a lo largo de la historia. Diversos estudios han señalado la arbitrariedad o la poca transparencia que caracteriza la asignación de subvenciones a las escuelas privadas en nuestro país. Las jurisdicciones no siempre publican los listados y los criterios que rigen para hacerlo, práctica que sería importante para abonar a la transparencia en el uso del presupuesto educativo (…) Las tensiones alrededor del financiamiento del sector estatal al privado están dadas por la ausencia de un control rígido y transparente de las subvenciones que garantice su asignación y permanencia en los términos en que lo define la normativa nacional”.

Se puede observar y objetar este gasto, porque cada moneda que se pone en colegios privados, es una moneda que se le quita a escuela pública. Mientras tanto, la educación privada es un negocio redondo, con niveles de calidad que rara vez justifican los costos y con un Estado que, en lugar de interceder para corregir abusos y falencias, se erige en el aportante número uno. Claro está, con el dinero de todos, incluyendo a los que eligen la escuela pública para sus hijos.

El Esquiú.com