Los jueces, magistrados e integrantes del Ministerio Público de todo el país se mantienen en pie de guerra contra el Gobierno Nacional, cada vez más dispuesto a producir una reforma judicial que nadie conoce con precisión, pero se presume cargada de polémicas. Mientras el arco político espera, desde hace rato, que el proyecto llegue al Congreso, repentinamente se superpuso otra medida que impactó en la epidermis de la Justicia. El presidente Alberto Fernández, con mano firme, atacó las llamadas jubilaciones de privilegio que, entre otras, afectan a la misma corporación judicial. Pretende el Jefe de Estado que todos sus integrantes, al momento de jubilarse, no cobren el 82% móvil y queden en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos que, como pasivos, perciben entre el 40 y el 60 por ciento de lo que solían cobrar cuando eran activos. La situación, hasta ahora, ha derivado en una cincuenta de renuncias de jueces y fiscales que se apuran a jubilarse, con los viejos privilegios, antes de que se apruebe una ley. Por esta causa, conforme se sabe, hay temores de que se produzca un vaciamiento de un poder del Estado cuyo funcionamiento regula el sistema democrático. Nada más y nada menos.

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Estos movimientos en torno a la Justicia, de concretarse, no serán ajenos a Catamarca. Si bien es cierto que los sueldos de los magistrados locales son sensiblemente menores a los que se cobran en la Justicia Federal, su futura jubilación profundizará la diferencia al perder el 82% móvil. Es aquí donde surge un problema por la transferencia de la caja de jubilaciones –ex IPPS- que, como se sabe, llevó adelante el gobierno castillista en 1995. Aquella decisión determinó que los jueces, al momento del retiro, cobraran en Anses, organismo que no reconoce el porcentaje de la discordia. Por ello, ante el Gobierno Provincial, tramitaron -vía Lucía Corpacci- la firma de un convenio que, a cambio de mayores aportes, los igualara a los federales al momento de pasar a retiro. Si ahora se lo anulan, volverían a la situación inicial. Haberes distintos y nada de 82. Por ello, a nadie extrañaría que la fiebre de renunciar ahora mismo inicie una ola de consultas de los tribunales catamarqueños a Anses. En este sentido, baste recordar que hay numerosos jueces en condiciones de jubilarse, encabezados por dos miembros de la Corte que, a su vez, resisten un pedido de juicio político en su contra.

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¿Qué tienen de común el expresidente Mauricio Macri y el exintendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile? Que ambos, al verse irremediablemente perdidos en las elecciones de 2019, pretendieron cambiar el curso de la historia con nombramientos a diestra y siniestra en ámbitos del Estado. Del jefe comunal chacarero ya hablamos bastante y quedó claro sobre sus responsabilidades, algunas de las cuales deberá explicar oportunamente en los tribunales. En cuanto a Macri, en términos proporcionales, la cuestión no fue diferente. En tres o cuatro meses produjo nombramientos de todo tipo, ascensos hasta los niveles gerenciales (algunos de los beneficiados no se quieren ir o pretenden cobrar doble indemnización) y acciones que llegaron a empresas del mismo Estado, como Yacimientos Carboníferos Río Turbio. El interventor que designó allí y que dependía políticamente de él, Omar Zeidan, se despachó con más de 400 nombramientos en los últimos meses. La gravedad de esta situación se duplica porque la empresa estatal de la lejana Santa Cruz, desde hace años, pasa por quebrantos económicos que la tornan inviable. Por ese motivo, buscando el milagro de la transformación, el presidente Fernández designó a su homónimo Aníbal como flamante interventor. El conocido personaje, a poco de andar en el nuevo cargo (fue ministro de varias carteras, jefe de gabinete, intendente, senador, Secretario Legal, etc.), se despachó con 417 despidos y, por cuerda aparte, denunció penalmente a su antecesor “por desviación de poder” y otros delitos administrativos.

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En el radicalismo provincial habría algún malestar por la postura que asumió la diputada Juana Fernández al avalar, durante el tratamiento en comisión, de los cambios que planea el gobierno para iniciar lo que sería una reforma del Estado. Los quejosos de la hora se refieren, especialmente, a la fusión del IPV con la secretaría de Vivienda, a la absorción de Vialidad Provincial por parte de Obras Públicas o el nuevo funcionamiento de Capresca. Se trata de organismos donde no pocos empleados han expresado su desencanto y realizado medidas de fuerza para que nada cambie. Son temas muy delicados donde se ponen en juego algunos derechos históricos, como el cobro del famoso Fonavi, un adicional importante del sueldo que no percibe el resto de la Administración Pública. Es por ello que resulta probable que cuando el proyecto llegue al recinto se genere una fuerte discusión.

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Quien diga, a esta altura del tiempo, que chocar con la misma piedra es poco frecuente, se equivoca feo. Mucho más si el abordaje es con el deporte, una actividad que en Catamarca no se caracteriza precisamente por su efectividad o eficacia. A los fracasos recurrentes con el fútbol, ahora debemos sumarle el vóleibol, que acaba de protagonizar un papelón nacional pocas veces visto. El representativo local ante la Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol, el Ateneo Mariano Moreno, no viajó a Neuquén para disputar el partido que por la competencia oficial debía sostener con Gigantes del Sur. No solamente que, por reglamento, perdió 3 a 0, sino que el Tribunal de Penas estudia una sanción prácticamente inédita que terminaría con esta ficción de pretender “hacerte el grande” cuando ni siquiera cuentas con los fondos para pagar el viaje y la estadía en suelo patagónico. Vamos a imaginar una analogía para entender de qué estamos escribiendo. Es como si Rosario Central, un buen día, perdiera los puntos ante Godoy Cruz por no haber podido viajar a Mendoza. Sería un escándalo nacional. Eso ha sucedido con Ateneo Mariano Moreno, una humilde institución de Valle Viejo que ni siquiera cuenta con recursos para pagar la luz y el agua de sus instalaciones pero, prestando el nombre, participa del principal certamen nacional de vóleibol. Algo evidentemente está mal. No hay escala para medir semejante despropósito.

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A partir de lo explicado viene el análisis político. Lejos está de ser una caricia para las autoridades provinciales. Ellas tienen gran parte de la responsabilidad de haber emprendido un plan totalmente descabellado. Ya se lo hizo con el fútbol al inyectar fortunas desde el Estado para clasificar a un equipo local a las principales competencias de la AFA. Así terminaron fundidos Unión Aconquija, Villa Cubas, Policial y San Lorenzo y el dinero fue a parar a un 90% de jugadores foráneos, ajenos a los sentimientos catamarqueños. Esto nuevo de Ateneo Mariano Moreno es un símil, con un agravante. Durante el gobierno del Frente Cívico, en la década pasada, se creó un equipo denominado Catamarca Vóleibol y también lo integraban equipistas de afuera, mientras tanto en la provincia no había competencias oficiales de la actividad. Este contrasentido, cabe recordarlo, era defendido a muerte por un medio de prensa local que usufructuaba beneficios a través de un empresa asociada dedicada a la hotelería y gastronomía.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de los acontecimientos del pasado.

El 22 de febrero de 1995 se terminaba una larga historia que se inició con la muerte, en 1992, del extinto juez federal Efraín Rosales. La cámara de Senadores de la Nación, con el voto unánime del bloque peronista, consagraba nuevo juez federal de Catamarca al doctor Felipe Terán, que había sido impulsado por el sadismo. Se quebraba, así, la resistencia del exsenador radical, Pedro Villarroel, quien durante largo tiempo impidió que se aprobara el pliego de Jorge María Ponferrada, otra de las propuestas del peronismo lugareño. Terán, cabe destacarlo, se venía desempeñando como Fiscal de Faltas municipal de la ciudad de Buenos Aires. Villarroel, en nombre del radicalismo, dijo aquella tarde “han nombrado un juez ajeno a mi provincia”. La designación de Terán, en el futuro, iba a generar problemas y consecuencias nefastas para él. Por empezar, el Frente Cívico, a partir de 1997, comenzó a desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales para evitar que las controle este juez. Años más tarde, el magistrado fue designado en la Justicia Federal de Tucumán donde, por maniobras irregulares, terminó condenado. 

En la primera parte del año 1995 se producían malas noticias para la minería y, especialmente, para los andalgalenses que llevaban adelante una dura lucha para que el mineral del Bajo La Alumbrera se transportara por el ferrocarril Belgrano, como se había prometido inicialmente. El apoderado de la empresa canadiense MIN, Ronald Hallbrg, le comunicaba al entonces vicegobernador, Simón Hernández, que se había tomado la decisión de utilizar el ferrocarril Mitre para el transporte, vía Tucumán. A pesar de tamaño pronunciamiento, el secretario de Minería de la época, Raúl Galarza, seguía insistiendo “el ferrocarril Belgrano puede rehabilitarse”. La verdad que ya estaba todo “cocinado” entre el menemismo y el castillismo.

El Esquiú