Los malestares por el mezquino aumento a los jubilados no es casual. Se pagará 2.3% y una suma de $1.500 con los sueldos de marzo, lo que representa un porcentaje mayor al de la fórmula macrista para los pasivos de la mínima y menor a las jubilaciones de mayor volumen. El anuncio de Alberto Fernández, que ratificó su slogan de campaña de beneficiar a los que menos tienen, despertó quejas y ya se establecieron en la Justicia unas 7.000 denuncias reclamando por lo que se considera un despojo inconstitucional. La respuesta de la Casa Rosada fue contundente. “No hay plata”, dijeron. Agregaron la disposición a discutir en la Justicia la legitimidad de la decisión, toda vez que existe una ley de emergencia –aprobada a fines de diciembre- que otorga poderes especiales y legislativos al Jefe de Estado.
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Repetimos lo del comienzo. La pulseada no es casual. Argentina tiene serios problemas con el déficit fiscal, es decir gasta más de lo que recauda. Ningún gobierno, incluso desde la dictadura, le dejó a su sucesor el camino allanado en la materia. A esto se suma ahora la acechanza de la deuda externa, a la que los ciudadanos no la entienden del todo, pero con las limitaciones que sufrirán en el futuro inmediato y mediato comenzarán a entenderla. En el marco del desfasaje fiscal, vale aclarar que el pago a millones y millones de jubilados –algunos de ellos con privilegios irritantes- significa aproximadamente el 65% del presupuesto. Más claro. El aporte de los activos ya no alcanza para pagar a los pasivos. Entonces, el Tesoro tiene que poder la diferencia. Por este motivo, el expresidente Macri cambió la fórmula kirchnerista que era muy favorable por una menos favorable y ahora Fernández hace lo mismo con una variante: le quita a los que ganan más para darle alivio a los que ganan menos. Termina no conformando a nadie, pero la herencia de las herencias no es un lecho de rosas.
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