A pesar de presentaciones judiciales, protestas aisladas o cortes de ruta, la realidad de la minería en Catamarca dista un abismo de lo que ocurría 25 años atrás, cuando la provincia negociaba la explotación de su joya más preciada: Bajo La Alumbrera. En aquellos momentos, prácticamente toda la comunidad de Andalgalá renegaba del incumplimiento de los pactos previos, uno de los cuales había sido convenido con las autoridades provinciales y nacionales para que el mineral saliera a través del ferrocarril Belgrano, lo que por cierto iba a dar otras posibilidades de desarrollo a la “Perla del Oeste”. Tampoco estaba asegurado que, ni en mínimos porcentajes, los empleados fueran del departamento. Ni hablar de los proveedores. Prácticamente el ciento por ciento pertenecía a Tucumán, la provincia que mayores beneficios logró con Alumbrera, incluidas las ganancias para la Universidad de Tucumán, vía YMAD. Sin embargo, el proceso minero de 25 años dejó dos cosas importantes para Catamarca. 1.- La experiencia de no haber sabido negociar como correspondía un recurso no renovable. 2.- La garantía de poder hacer minería sin peligros de contaminación. De hecho, cuando ha terminado el proceso de más de dos décadas a cielo abierto, nadie en sano juicio puede aludir a problemas ambientales emergentes.

Aquella pésima negociación del castillismo, lo repetimos, sirvió para que los gobernantes que vinieran corrigieran los errores y permitieran que la provincia, en materia de minería, sea considerada a nivel mundial como la mejor de todas de Argentina para llevar a cabo inversiones de gran escala. Hoy, salvando los escollos del impacto ambiental, está asegurado que la fuente de trabajo es para los catamarqueños, lo mismo que los proveedores mineros, quienes con tiempo se vienen preparando para atender proyectos del futuro como el de Agua Rica, que será materializado por las mismas empresas que operaron Alumbrera. Independiente de ello, el uso de las utilidades y las regalías está reglamentado y ningún funcionario o intendente, sea del palo que sea, tiene libre disponibilidad para usar dinero que, obligatoriamente, debe ser aplicado a obras de infraestructura que permitan el desarrollo.

Lejos de Andalgalá, donde brillan con luz propia el oro y el cobre, Antofagasta de la Sierra se ha convertido en estos tiempos en un foco de conflicto por la explotación del litio. Un grupo de representantes de los pueblos originarios llegó hasta el despacho del juez Raúl Cerda para solicitarle, aduciendo falta de licencia social, que frene la construcción de un acueducto que, supuestamente, no tiene la Declaración de Impacto Ambiental definitiva (sí provisoria) y que afectaría el curso de agua del río Los Patos. Complementariamente, el mismo grupo, hasta ayer, vino produciendo cortes de ruta en Barranca Larga (Villa Vil, Belén), camino a Antofagasta, donde por una semana no se dejó pasar a los camiones de la empresa Livent (ex Minera del Altiplano). También en este tema surgen nítidas las diferencias respecto a los años 90. Grupos más numerosos, que apuestan por la minería sustentable, realizan sus propias medidas de fuerza en rutas, en la plaza de Antofagasta y en los medios de comunicación. Comprenden y justifican a los ambientalistas, pero defienden la única posibilidad de que en la puna haya progreso y trabajo genuino. Más allá de las posiciones en pugna y de la capacidad de movilización de los manifestantes, después de varios días, creemos que la Provincia debía actuar conforme lo prescriben las leyes. Cortar la ruta sin dejar alternativas al libre tránsito es, primariamente, un delito y el Estado es el encargado de poner orden. Por suerte, la intervención de un fiscal frenó posiciones de violencia entre ambientalistas, camioneros y trabajadores del rubro.

La controversia antofagasteña escapa a la posición a favor de la minería del intendente recientemente reelecto, Julio Taritolay, un radical que piensa en su pueblo como la gran mayoría de los habitantes. Muchos de éstos, además, no comprenden una situación verdaderamente paradojal. Durante largas décadas, en el Salar del Hombre Muerto, se explotó el litio y todas las ventajas se las llevó Salta. Nada quedaba para Catamarca y para su departamento más extenso y más deshabitado, en cuyo límite con la provincia vecina se asienta el Salar, que terminó dando trabajo a los salteños, regalías a los salteños y otros beneficios a los salteños que fundaron pueblos a su alrededor (Huaytiquina, San Antonio, El Tolar y hasta Campo Quijano). Ahora que las empresas mineras que van por el litio han dejado rutas, hospitales y se aprestan a construir un dique en Antofagasta, surge una protesta que parece tener más intransigencia que razonabilidad. Por ello justificamos a los trabajadores que, en los últimos días, proclamaron que hay millones de dólares en juego y detrás de ellos está el futuro promisorio o el abandono de la tierra que los vio nacer.

Antes y después de la salida de Cristina Kirchner de la presidencia de la Nación se produjeron fuertes cimbronazos en el sistema jubilatorio argentino. Hacia los años 2010, 2011 y 2012 se otorgaron beneficios al por mayor -los más cautos calculan 2 millones y los más exagerados 3- y se los pudo amortizar con la última brisa de la economía mundial que favorecía al país. De hecho, cada anuncio de Cristina sobre los aumentos de haberes -marzo y septiembre- significaba una movida política que se trasmitía por la cadena nacional de radiodifusión. Tras completar su mandato, quedó una situación comprometida para Macri, el sucesor. Desde el primer día buscó bajar los haberes y dio el golpe al bolsillo después de ganar las elecciones de 2017. A pesar de las masivas protestas de aquel diciembre convulsionado, cambió la fórmula y le birló a los pasivos un trimestre de aumento. Por este motivo, y por varios más, perdió el poder. Ahora, con Fernández en la Casa Rosada, de alguna forma, se repite la historia. El mandatario perjudicó a un lote importante de jubilados y benefició a los que menos tienen. ¿Demagogia o resultado final de la crisis que se originó con jubilaciones sin aporte al voleo? Por ahora no hay respuesta, a no ser que la lluvia de amparos que inundan los tribunales de todo el país sea una señal de alarma para la Casa Rosada.

Los carteles indicadores señalando que no se reciben curriculum vitae o notas pidiendo trabajo pueden verse en la mayoría de las dependencias oficiales y, especialmente, en los ministerios. De más está decir que situaciones como la que vive Valle Viejo, donde no alcanzan las oficinas para albergar a las personas que nombró Gustavo Jalile en el último tramo, también se repiten en la provincia. Ya no hay lugares para quienes parecen despreciar el trabajo privado y, por todos los medios, buscan el cómodo asentamiento en el Estado. Es más. Hasta los que ya trabajan fuera de la Administración Pública quieren llegar a ella. Por suerte, y en función de las penurias económicas de la Argentina de las que Catamarca no escapa, únicamente se materializan contratos laborales en correspondencia con las necesidades de servicio que existen o puede surgir.

En la bella Balcozna, desde hace unos días, funciona el sistema de comunicación 4G, lo que para los habitantes de la villa o sus ocasionales visitantes significa un avance de proporciones invalorables. Es que durante más de dos décadas, mientras en casi todo el país el ulular de los celulares permitía vivir en la interconexión, en la tierra paclinense no había forma de realizar una simple llamada telefónica. Había que viajar 30 o 40 kilómetros para encontrar un lugar que tuviera señal. Esto solo ya es mérito del nuevo intendente, Eduardo Menecier, quien ahora está gestionando una mejor distribución del agua para todo el departamento.

RECUERDOS.

Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” con los bloques que memoran acontecimientos del pasado cercano.
El 26 de febrero de 1995, pensando en las elecciones provinciales y nacionales de ese año, el peronismo local realizaba su interna para elegir los candidatos. Se proponían para disputarle la gobernación a don Arnoldo Castillo cuatro fórmulas: Ramón Saadi - Juan Carlos Farías Taire (Unidad Peronista), Francisco Sotomayor Walther - Inés Palermo de del Pino (Liga de Participación Federal), Jorge Díaz Martínez - Nora Yapur de Ahumada (Triunfo Peronista) y David de la Barrera - Rubén Ceballos (Afirmación Peronista). La victoria correspondió al saadismo, que logró 15.988 adhesiones (87.8%), y Ramón sería el candidato el 14 de mayo de 1995. En segundo término ingresó Triunfo Peronista, con 1.231 votos (6.7%), tercero Liga de Participación Federal con 584 votos (3.2%) y cuarto Afirmación Peronista, con 414 adhesiones (2.2%). La lista de diputados provinciales que acompañó a Saadi y fue la ganadora tenía estos nombres: Julio Soria, Justo Barros, Nilda Correa, Gabino Herrera, Carlos Miguel Figueroa, Juan Carlos Juárez, Néstor Nóblega, María de los Ángeles Natella, Jorge Acuña, Víctor Núñez, Nilda Pandolfi, Ángel Rodríguez, Alberto Reinero y Rolando Cano. Como diputados nacionales Edmundo del Valle Soria y Teresa Pérez. Candidato a intendente fue Fernando Rivera y candidata a senadora de la Capital Hilda Angélica García.

También para esa fecha se hizo una interna muy importante a nivel país. En el Frepaso, que venía en franco ascenso, se enfrentaron por la candidatura presidencial José Octavio Bordón “Pilo” Bordón y Carlos “Chacho” Álvarez. Venció el primero y se consagró candidato. El referente del Frepaso de la época en Catamarca era el exsenador nacional Mario Nallib Fadel.

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