Se vienen días difíciles para el intendente de Santa Rosa. Esta semana, posiblemente mañana, podría terminar con “los dedos pintados” por todas las bravatas que desplegó en los últimos días en sus afanes, nunca sinceros, de cercar el departamento y no permitir, según su pensamiento, que extraños puedan poner en riesgo a los lugareños por la pandemia. El fiscal de Instrucción, Jonathan Felsztyna, lo pondría al tanto de su situación procesal y, lo descontamos, le recomendaría que no siga con las “intimidaciones públicas” que lo obligarían a ordenar su detención. Esto si no ordena, en el mismo acto, privarlo de la libertad, algo poco probable. Recordemos que la Justicia actuó a instancias de la Fiscalía de Estado que, con base en sus facultades, solicitó su detención.

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A pesar de su delicada posición, cabe destacarlo, Elpidio resiste con sus intransigentes apuestas. No quiere el ingreso de camiones que arriban de provincias vecinas para las cosechas de maíz y soja. No dimensiona, o no le importa, o las dos cosas, el grave perjuicio que puede llegar a ocasionar en momentos que la economía es un tembladeral. Aparte, por comentarios cercanos a su persona, surgió la especulación de que su verdadera intención sería cobrar un peaje que, años atrás, ya supo aplicar a contramano de elementales principios legales.

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Independiente de lo que se resuelva en sede judicial, donde hasta resulta incierta la comparecencia del intendente -en tal caso sería declarado rebelde-, queda claro que su relación con el gobierno de Raúl Jalil ha quedado lastimada. Por empezar, como ya hiciera con gobiernos anteriores, despotricó contra funcionarios de todos los rubros y, por lo general con agresiones verbales, les señaló que por mandato popular “es amo y señor” de Santa Rosa y no acepta ni siquiera sugerencias que cuestionen su liderazgo, el que ejerce desde los años 90. Esta vez fue más allá y centró como blanco de sus cuestionamientos al propio Gobernador. Fue el momento en que se produjo la intervención del Fiscal de Estado.

El Esquiú