Tal como lo adelantó en el canal TN, Raúl Jalil presentó al gobierno nacional un plan de flexibilización de la cuarentena en la provincia, la que debe prolongarse hasta el domingo venidero. Se calcula que habrá aprobación y, desde la presente semana, algunos sectores podrán comenzar a reintegrarse a las tareas habituales. La medida fue orientada por el presidente Alberto Fernández, quien encomendó a su Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que contemplara la situación de todas las regiones donde no hay trasmisión comunitaria del virus. Esa es la situación de Catamarca que, además, no tiene infectados. Sin embargo, según lo expresó el gobernador, todo reintegro deberá hacerse con medidas de prevención, como respetar la distancia entre las personas.

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Para llevar a cabo la cuarentena administrada, obviamente, se requerirá el concurso de las fuerzas de seguridad, inspectores de todo tipo y hasta voluntarios en su conjunto a los efectos de ejercer controles que resulten efectivos en todos los lugares de trabajo que se rehabiliten. Por ejemplo en locales comerciales, hoteles, restaurantes o bares, que podrían reabrir en mayo, habría un límite establecido de clientes. De lo contrario se corre el riesgo que todo vuelva a la normalidad con lo que, seguramente, aparecerán las situaciones no deseadas. Hasta las prácticas deportivas de recreación, como ser las caminatas en plazas o paseos públicos, pueden hacerse con control riguroso. En fin. Todo queda en manos del gobierno y de los municipios. La idea sobre los centros urbanos donde el virus pisa fuerte, en cambio, es mover el comercio de manera online o con los cada vez más famosos delivery. Volviendo a Catamarca, la propuesta de reabrir organismos –Rentas, Catastro, Registro de la Propiedad, etc.- tienen que ver con cuestiones legales. Lo mismo vale para algunas prácticas médicas que pueden ser urgentes.

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Si bien el ministro Moreno le aseguró a los gremialistas –CGT oficial y los separatistas- que el pago de sueldos de abril a los empleados públicos está asegurado, también los puso al tanto de la delicada situación de las finanzas, la que se refleja por los envíos de coparticipación de la primera quincena de abril. Que la recaudación haya caído en niveles superiores al 60% es señal de peligro que obligaría a practicar cirugía mayor sobre las cuentas públicas y, en esta dirección, se mira con preocupación lo que pueda ocurrir con los intendentes, cuya dependencia con la coparticipación federal es prácticamente total. Recordemos que el gobierno, apenas arrancó el nuevo período de gobierno, los instó a no producir gastos y ni hablar de nombramientos no esenciales. Ello, en muchos casos, no se habría cumplido.

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Un pequeño consuelo. Hay varias provincias, podríamos decir más de la mitad, que tienen inconvenientes más severos que Catamarca. Son las que tomaron deuda durante el macrismo y, tarde o temprano, deberán afrontar pagos regulados por leyes extranjeras. Hasta La Rioja o Jujuy, muy parecidas en capacidad productiva a Catamarca, están metidos en este atolladero. Otra que tiene una situación delicada es Córdoba. Este año 2020 no tiene vencimientos importantes, pero en 2021 se las verá en figurillas para atender los servicios de la deuda que contrajo el gobernador Schiaretti, un fiel seguidor del expresidente. De hecho, ahora mismo comenzaría a imprimir bonos para el consumo interno, como por ejemplo pagar servicios públicos o impuestos.

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Lo que pasó con el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, resulta por lo menos curioso. Luego de sus alocadas publicaciones en las redes sociales, a instancias del Fiscal de Estado, resultó imputado por “intimidación pública”. A la hora de ser indagado por el fiscal provincial, Jonathan Felsztyna, faltó a la cita y, a través de su abogado, prometió comparecer después de la cuarentena la que, supuestamente, le impone dedicación exclusiva en el territorio que gobierna. No se sabe cuándo se dispondrá una nueva fecha para que declare, pero lo cierto y concreto tenía que ver con su actuación durante la cuarentena, no después. Por otra parte, por un mismo hecho –intimidación pública en las redes-, fue imputado y reconvenido un comunicador social al que se le prohibió expresamente continuar con sus andanzas, so pena de ser detenido por la fiscal de Andalgalá. De mínima, no hubo un trato igualitario de la Justicia, por lo que esperamos que lo de Guaraz, como ocurre siempre, no quede en “aguas de borraja”.

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Más allá de las triquiñuelas del intendente, afortunadamente, sus propósitos de frenar la cosecha de productos agrícolas quedaron en la nada. Hoy los camiones que vienen de provincias vecinas y arriban con sus empleados “golondrinas” a Los Altos o Bañado de Ovanta pueden ingresar por Alijilán y Los Molles cumpliendo los protocolos establecidos, los que se parecen demasiado a las sugerencias que lanzamos desde este espacio. Todos, sin excepción, deben someterse al control médico y portar certificaciones de buena salud avaladas por las empresas a la que prestan servicio, aparte de las autorizaciones del gobierno nacional. En cuanto a los cosecheros, indefectiblemente, tienen que permanecer en las fincas y no pueden acercarse a las cabeceras de ambos distritos. Para ello, las empresas disponen de una o dos personas encargadas de la compra de alimentos e insumos básicos. Guaraz, entonces, debe comenzar a aceptar que a esta pelea la perdió por abandono. Y todavía le resta enfrentar a la Justicia.

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También la Justicia Federal está en deuda por un tema referido al coronavirus. Recordemos que treinta días atrás el hijo del fiscal Vehil Ruiz cometió un desliz por el que un ciudadano común habría tenido que rendir cuentas a fondo. Junto a los progenitores de su novia, sin aclarar que procedían de la República Dominicana, traspasó el control policial por alguna directiva que, hasta la fecha, no se sabe quién la dio. Lo que correspondía, de acuerdo a los protocolos existentes, era que ambos viajeros se sometieran a la cuarentena obligatoria en un centro asistencial. No la hicieron. De haber llegado enfermos, aunque fuera sin síntomas, hoy no estaríamos considerando que en Catamarca no hay infectados. La causa está en manos del fiscal Santos Reynoso, de quien la ciudadanía espera una respuesta y no que semejante irregularidad quede envuelta en medio de los favores corporativos.

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El parate obligado del coronavirus frenó un tanto la más importante obra que se construye en Andalgalá por estas épocas. Nos referimos al desarenador que está construyendo la empresa Yamana y que permitirá al centro de la ciudad contar con agua suficiente para potabilizar. El emprendimiento tiene un avance del 65%, habiéndose completado los canales soterrados de “la toma” que permiten entubar el agua del río hasta los canales externos, los que recorren unos 10 kilómetros para llegar a los piletones céntricos. El 35% restante, por tratarse de una tarea más liviana, comenzará a ser trabajado mañana y se calcula que, en dos o tres meses, puede estar completada esta obra de importancia capital para los habitantes del “Fuerte”.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” con la memoración de los hechos del pasado.
Crónica anunciada hace 25 años. El juicio oral y público contra los imputados por la muerte de María Soledad Morales, Guillermo Luque y Luis Tula, iba a comenzar el 19 de abril, conforme a los anuncios realizados por el presidente del tribunal, Pedro Víctor Cúneo. La decisión fue objetada por las partes atendiendo razones políticas. Es que el 14 de mayo, en pleno desarrollo del debate (debían declarar más de 200 personas), se debían realizar las elecciones provinciales para elegir nuevo gobernador, instancia en la que iban a competir Arnoldo Castillo y Ramón Saadi. El peronismo acusó al gobierno de menear el fantasma del Caso Morales, un crimen atroz cuya politización llegó a extremos nunca vistos. Si la cosa fue efectivamente así, el castillismo consiguió su objetivo. Aunque no haya habido juicio metió el caso en pleno proselitismo. Hay que recordar que la apertura del juicio en abril había sido resuelta el 28 de marzo, no cinco o seis meses antes. A partir de ese momento se presentaron varios incidentes –uno de ellos a cargo de José Alberto Furque, defensor de la familia Morales- que desembocaron en la suspensión. Mientras tanto, desde Buenos Aires, Luis Patti realizaba una declaración temeraria: “En Catamarca nadie quiere escuchar y los políticos no estamos para complacer a la gente”. Para él, “María Soledad murió de una pedrada y el asesino pudo ser una mujer”.

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También en aquel año, el 15 de febrero, se produjo un asalto comando en dependencias de la exObras Sanitarias Catamarca. Los maleantes se llevaron nada menos que $130.000 de la época y escaparon por avenida Ahumada y Barros. Nunca más se supo de ellos. Jorge Marcolli, el entonces titular de la repartición postulaba “emprender diligencias con el Banco de Catamarca para establecer un nuevo cronograma de sueldos”. 

El Esquiú