Oscar Castillo va camino a completar cuatro décadas –comenzó en 1984 como Secretario General de la Municipalidad de la Capital- de actuación ininterrumpida en la política catamarqueña. Estuvo en todas. En las buenas y en las malas. Participó de operaciones maquiavélicas para mantenerse en el tapete y no tuvo escrúpulos a la hora de imponer objetivos temerarios. Durante 12 años, de 1991 a 2003, fue el hombre fuerte de Catamarca (en 1999 sucedió a su padre en la gobernación) y sus decisiones provocaron extraordinarios perjuicios económicos a la provincia, lo que está archicomprobado. Por nombrar solo dos casos: entregó la energía a un personaje siniestro como Sergio Taselli y durante su gestión de gobernador, convalidando oscuras y misteriosas triangulaciones financieras con operaciones entre bancos (Feigin, Extrader), hizo desaparecer del mapa a nuestro Banco de Catamarca. Tiene, además, célebres denuncias relacionadas con la droga y varios ataques a las honras ajenas que, a la hora de probar frente a la Justicia, cuando no se retractó, dijo que las hacía por estrategia política. Es decir, funcionó con licencia –vía fueros- para maquinar comportamientos casi obscenos, como andar vendiendo los pasajes aéreos que le otorgaba el Congreso para reforzar sus jugosos haberes y reservas.

   Esta semana Castillo ha vuelto a los primeros planos. Y no por favorecer a Catamarca, su primera obligación. Presentó un proyecto de Comunicación para instar al gobierno nacional a que reabra la actividad hípica y salvaguarde una fuente de trabajo que, según sus datos, le deja al Estado más de 1.000 millones anuales. Para que ello ocurra sugiere que las carreras de caballos, en los grandes hipódromos argentinos, se lleven a cabo sin público y que las apuestas se hagan online desde las agencias que, a tales efectos, abundan en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. ¿Cuál es el interés del senador de Catamarca por atender un negocio que, más allá de los impuestos que le deja al Estado, mueve fortunas incalculables y está en manos de los dueños de la Argentina? ¿Desde cuándo su preocupación por el “esparcimiento familiar” que, como lo califica, significa el turf? En cuatro décadas no se lo sintió hablar ni siquiera de una cuadrera y, de pronto, sus desvelos legislativos están dedicados a reabrir Palermo, San Isidro y La Plata, los famosos escenarios de la timba mayor de los porteños. ¿Será un homenaje póstumo a “Machete” Balverdi, aquel personaje que lo acompañó en las peores travesuras y era un fanático de los burros? No creemos en sus indulgencias y, en todo caso, el insólito proyecto propuesto por un catamarqueño parece guiado por misteriosos propósitos que el senador, con la remota ilusión de convencer, debería explicar a sus conciudadanos. No a nosotros, que algo sabemos de componendas políticas.

   Y ahora vamos al fondo del tarro del proyecto del senador, por el cual se agolpan las peores dudas. Defender la fuente de trabajo y los ingresos fiscales que deja el juego es, claramente, una minucia frente al perjuicio que provoca a los ciudadanos la adicción lúdica, la que deriva en roturas familiares, quebrantamientos morales, estafas a terceros, acceso a la delincuencia y hasta suicidios empujados por la desesperación. ¿Nada de estas cosas le importan al senador que eligió Catamarca para que defienda los intereses provinciales en el Congreso? Ponerse a la par del poder económico, verdadero dueño del juego en todas sus formas, indica que sus principios de vida no se compadecen con la representación que ostenta desde el año 2003. Por último, con lo que parece un inocente proyecto orientado al bien común, Castillo ingresa en una tremenda contradicción. Fue él, durante el gobierno de su padre, el que avaló la privatización del Casino de Catamarca (la iniciativa, en principio, parecía buena, pero después se produjeron cambios canallescos), un negociado que le costó a la provincia perder una carísima manzana céntrica y que exterminó la fuente de trabajo, independiente de perder dividendos que desde la década del 90 no se reinvierten en Catamarca y terminan en el exterior. Puestos de trabajo y ganancias fiscales son los argumentos que echa a mano para recrear el turf. ¿Olvidó que ambos valores los resignó cuando “regaló” el Casino de su provincia? Si alguien tiene dudas, puede preguntarle a los viejos casineros locales, todos los cuales terminaron en la calle con un kiosco de venta de chorizos o manejando 16 horas un remís.

   Esta vez vamos a coincidir con Víctor “El Gato” Luna. Con motivo de los planes de movilidad que el gobierno intenta llevar a cabo en organismos repletos de empleados como la Legislatura, el eterno legislador ha señalado que “con un debate de la movilidad, en la Cámara Diputados quedará al descubierto quiénes actuaron irresponsablemente”. No tenemos dudas que sus presagios se cumplirán irremediablemente. Y que sabe contra quién disparará. Tiene razón al expresar que el peronismo gobierna la Cámara baja desde 2008, cuando el correligionario Alfredo Gómez se alió con el peronismo de la época y ungió presidente al extinto médico Luis Barrionuevo (nada que ver con el dirigente gastronómico del mismo nombre). A él le siguieron hombres como Néstor Tomassi, Jorge Moreno o Marcelo Rivera (casualmente altos funcionarios del actual gobierno) que hicieron bramar sus lapiceras, por cuenta propia u órdenes superiores, para designar amigos, familiares y punteros políticos. No aludimos a Fernando Jalil, el último presidente peronista, porque sus nombramientos fueron mínimos, aunque sí suspendió prácticamente todas las adscripciones que existían. Del tiempo previo a 2008, amigo Luna, también se podrían rescatar algunas lindezas, pero eso es harina de otro costal. Las responsabilidades actuales son peronistas.

   La decisión reciente de la Cámara de Diputados de suspender por 180 días toda clase de nombramiento, a esta altura del tiempo, deviene ridícula. Una auténtica tautología. Salvo una necesidad de servicio impostergable, no habría que nombrar a nadie al menos por cinco años. Y el tema también vale para varios concejos deliberantes, como los de Valle Viejo y Capital, un monstruo que también apuntaló la demagogia y el clientelismo político. Todo el dinero que sea posible, incluido el que provenga de la minería, debería emplearse en crear fuentes de trabajo alternativas al Estado, al que todos quieren llegar. Hasta aquellos que tienen trabajo privado, increíblemente, bregan por un conchavo público. Y claro. Es que la bondad que se vuelca en el Estado inunda de felicidad: allí, salvo excepciones, no se controla producción, las vacaciones son pagas, no se trabaja fines de semana ni feriados, se otorgan razones especiales para faltar 10 o 15 al año, se puede salir de las oficinas a hacer trámites particulares o a tomar el café en un bar y hasta hay tiempo para visitar un albergue transitorio. Y, por las dudas no sobren razones, se paga a término y, año a año, se pide el consabido aumento de sueldos. ¡Hermoso trabajar en el Estado!

Gustavo Noboriguchi ya tuvo sus horas o días de fama por el ignominioso audio que lanzó a las redes sociales, no para cuestionar a los jefes políticos de la provincia, sino para agredirlos con una misoginia que espanta. Y no es que se trate de un personaje irrelevante del anonimato, fue diputado provincial y militante del peronismo. Se rozó con altos funcionarios, inclusive con algunos de los que, sin saber que iba a sufrir el efecto boomerang, pretendió lacerar. Ahora que descubrimos bien quién es este personaje, no nos cabe menos que sugerir que a la denuncia penal se sume otra en el Inadi, porque dejarlo indemne representa un peligro para la sociedad. Ah… las dos últimas: 1-Debe haber un responsable político de haber convertido a Noboriguchi en diputado. 2- No estuvo solo en la “operación descrédito”. Alguien, por detrás de él, tramó la irreproducible maniobra sin medir los decibeles.

   RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, memoramos acontecimientos de hace 25 años en los últimos bloques.
Un día como hoy, el 26 de abril de 1995, se constituía el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca. Las nuevas autoridades fueron puestas en funciones por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Ricardo Mario San Juan. Se trataba de Adolfo Guzmán (el mes pasado inició los trámites de jubilación), Enrique Domingo Monteverde y Luis Martín Rodríguez Sein. También asumían aquel día Víctor Monti y Hugo Ricardo Vizoso como fiscal y y defensor, respectivamente, de la misma Cámara Federal. Por último, en la misma jornada se confirmaba el desdoblamiento de las boletas electorales (provinciales por un lado, nacionales por el otro) para las elecciones del 14 de mayo. Sobre este tema hay que recordar que en primera instancia la decisión había sido dividida. Monti y Oscar Guillermo Díaz, castillistas ellos, habían votado por el desdoblamiento, con la disidencia del recientemente asumido juez federal, Felipe Teraán. El PJ, por su lado, apelaba porque pretendía que la boleta de “Saadi gobernador” fuera pegada a la de “Menem presidente”. Otro gran perjudicado resultaba el candidato a presidente de la UCR, Horacio Massaccesi, que pretendía que su boleta fuera unida a la del Frente Cívico. Sin dudas, las especulaciones políticas saltaban por todos lados en aquellos años 90.

   También en aquel 1995 crecían en forma exponencial los morosos del desaparecido Banco de Catamarca y su exgerente general, Miguel de la Orden, mandaba el 16 de febrero a realizar una auditoria como supuesto paso previo a la privatización de la entidad. Hugo Argerich, un exbancario que, años más tarde iba a tener gran incidencia en la política (fue concejal de la Capital, diputado provincial y, finalmente, vocal del Tribunal de Cuentas, cargo que conserva hasta la actualidad), señalaba a los cuatro vientos que los préstamos otorgados a los morosos resultaban “incobrables”. Lamentablemente para Catamarca tuvo razón y la vieja entidad crediticia terminó fundida durante el gobierno de Oscar Castillo.

El Esquiú.com