En una posición cuanto menos incómoda quedó el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, al ensayar una protesta pública por el reordenamiento de la distribución de los recursos mineros. El actual esquema de reparto de regalías, como se sabe, será revisado por los legisladores, a partir de una iniciativa del Ejecutivo provincial que procura dar a esos recursos una utilización que rompa la ecuación matemática vigente y que consiste en porcentajes predeterminados más allá de las características del emprendimiento. La implícita contradicción que no logró eludir Córdoba es que al fin y al cabo se queja por el destino de los beneficios de una actividad que tacha, ya que a contramano de todos los discursos nacionales y provinciales de las últimas décadas, se proclama “ambientalista”. El radicalismo gobernante en la provincia durante dos décadas usufructuó (y también malogró) la producción minera, luego Lucía Corpacci definió la minería como política de Estado y el actual mandatario, Raúl Jalil, ratificó el mismo rumbo. Pero incluso en Casa Rosada sobre ese tema no hubo grieta: desde el menemismo y el kirchnerismo hasta el macrismo apoyaron la minería, y el actual presidente, Alberto Fernández, calificó la actividad como primordial para el país. Como un salmón contra la corriente, el intendente de Andalgalá se manifiesta abiertamente en contra, bajo el argumento de defender “la cuenca del río Andalgalá”, y es de los pocos que mira con malos ojos el inicio de actividades en el gigantesco yacimiento de Agua Rica. De este modo, Córdoba reclama por los mismos beneficios que rechaza, con fundamentos de los cuales resulta imposible verlo salir sin enredarse en sus palabras. Apeló entonces a sostener su postura antiminera pero advirtiendo que quizás en “el futuro” aparezca un emprendimiento aceptable, para el cual le interesaría mantener las normas de distribución de ganancias impuestas por la Ley todavía vigente. Un laberinto digno de los relatos borgianos, que ni el más hábil orador podría atravesar disimulando la falta de coherencia.

El joven Facundo Vehils Ruiz (18), imputado por haber violado disposiciones nacionales referidas al aislamiento social, pasó por el juzgado federal y, con declaraciones de dudosa credibilidad ante el juez Contreras, trató de zafar de los cargos que le impuso el fiscal Santos Reynoso. Si bien aceptó que fue a Tucumán a buscar a sus suegros, de apellido Canata, para traerlos en su auto hasta Catamarca, su defensa se limitó a señalar que se trató de una “cuestión humanitaria” para dos personas mayores que habían quedado varadas en la vecina provincia por la medida presidencial y que, en realidad, transitó sin problemas y requerimientos por los controles que le tocó pasar. Negó, aparte, que haya tenido un permiso especial para sortear esos controles que, efectivamente, existían. Lo que seguramente no pudo justificar es haber sido cómplice de la declaración jurada en la que no se asentó que, si bien sus suegros estaban en Tucumán, en realidad provenían de la República Dominicana. Por ello se ganó, según la consideración del fiscal, la “falsedad ideológica” en una situación sumamente delicada. Recordemos que en el momento que sucedieron los hechos, los controles más rigurosos tenían que ver con las personas que hubiera estado en el exterior, que es el caso de los esposos Canata.

El caso, independiente de lo que resuelva el juez, tiene sus bemoles. El día que Vehils Ruiz  hijo pasó el control del Centro de Identificación e Integración Ciudadana (CIIC) se produjo en Catamarca un verdadero escándalo. Toda la ciudadanía, por las redes sociales, en orden a que se anunció la existencia de un “permiso especial”  una “orden superior” del lado del gobierno, cargó las tintas contra la clase política y la acusó sin compasión de funcionar según “la cara del cliente”, en referencia a que el acusado es hijo de un fiscal federal, Rafael Vehils Ruiz. Desde el corazón del gobierno debieron a salir aclarar que nadie tenía derecho a ofrecer prerrogativas, lo que repitió el intendente Gustavo Saadi y otros funcionarios, al mismo tiempo que comenzaba a circular, ya por la tarde, que “hubo llamados” o “sugerencias” del lado de la Justicia. Como expresión del escándalo, alejando la idea que el paso del tiempo lo borra todo, el evento derivó en una sórdida pelea entre el fiscal que imputó, Santos Reynoso, y el papá del imputado que también es fiscal y habilitó una causa contra el primero por intento de coimas.

Lo dijimos hace un mes. Advertimos, con tono de preocupación, que la reanudación de la actividad judicial después de la cuarentena podía producir una avalancha de gente sobre los juzgados provinciales. El dato pasó desapercibido para las autoridades del sector y a cada reanudación de un período de cuarentena hubo adhesión y ninguna medida que atenuara la inactividad que, no hace falta decirlo, afecta las gestiones ciudadanas e incrementa la mora que, de por sí, ya era importante antes de la llegada del virus. También hubo reclamos airados de los profesionales abogados, cuyas declaraciones apuntaron a la deficiente informatización de los tribunales, lo que impide el trabajo on line que se lleva a cabo en otras ciudades del país. La titular del Colegio de Abogados, Fernanda Rosales, fue más allá e hizo hincapié en la falta de capacitación del personal y el manejo de los fondos públicos. “Tenemos un presupuesto finito, pero queremos saber cuáles con las prioridades”, se preguntó.

En los últimos días, en el marco de varias resoluciones, el COE Catamarca le dijo no a la reapertura y, otra vez, el silencio y la desolación cubrieron los pasillos de la Justicia. La Corte ni siquiera imaginó en reforzar la feria que, muchas veces, no tiene ni tiempo para atender los requerimientos u otras veces adolece de competencia. Ocurrió con el intendente Guaraz, que fue a declarar cuando quiso y, por estos días, habría vuelto a las andadas cobrando una especie de peaje a los camiones que, por San Pedro, pretenden ingresar a su jurisdicción. La incoherencia mayor de la situación judicial hay que relacionarla con los abogados, los cuales fueron autorizados a abrir y atender con protocolos en sus estudios jurídicos, pero una cuestión elemental es que tengan conexión con la Justicia para trámites de distinta naturaleza. Lo último: se podría arrimar alguna idea para que sea analizada por el COE y no sea el COE el que termine manejando el funcionamiento de la Justicia. O copiar a provincias como La Rioja, Salta, Mendoza y Jujuy que volvieron al ritmo normal.

El jueves pasado, en La Matanza (Buenos Aires), el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, dentro del programa de Fortalecimiento Institucional Integral y de Transparencia, junto al intendente Espinoza, inauguró un hospital que le permite al gigante bonaerense sumar nada menos que 200 camas de terapia intensiva. Una semana antes había ocurrido otro tanto en Hurlingham, donde gobierna otro peronista: Juan Zavaleta. En los dos casos, la obra hospitalaria la frenó el expresidente Mauricio Macri durante gran parte de los cuatro años que le tocó gobernar, lo que demuestra a las claras su despreocupación por la salud. Al parecer, de acuerdo a los hechos objetivos, fue una modalidad que empleó en todas partes. Recordemos, en ese sentido, que en Catamarca terminó de completar la remodelación del Hospital de Niños antes de las elecciones de 2019 y solo faltaba un ínfimo aporte del macrismo, no más de 15 millones que, para el Estado, es apenas un vuelto. Tardaron tres años y medio para efectivizarlo, a pesar de las súplicas de la exgobernadora.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, memoramos acontecimientos de hace 25 años en los últimos bloques.
Las elecciones del 14 de mayo demandaron actividad electoral desde el arranque de 1995. El 1 de abril, por ejemplo, se cerraban las listas de candidatos y quedaba establecido que, entre Arnoldo Castillo (UCR) y Ramón Saadi (PJ), habría un segundo duelo por la gobernación. El primero había sido en 1991, con victoria estrecha del primero de ellos. Aquel día, se daban a conocer todas las candidaturas. Siguen a continuación. FRENTE CÍVICO Y SOCIAL: Arnoldo Castillo-Simón Hernández (gobernador y vice); Mario Fadel (diputado nacional); Rubén Manzi, Luis Segura, Daniel Barrionuevo, Lucía Garín de Tula, Juan Carlos Bayón, Raúl Bursi, Aníbal Avalos, Tomás Aparicio, Ramón Nieva y Pablo Sánchez (diputados provinciales); Yamil Fadel (senador de la Capital); Eduardo Brizuela del Moral (intendente de la Capital); Sara de Cadó, Luis Rodríguez, Arnoldo del Pino, Jorge Rodríguez, Sara Barros, Jorge Misto, Marta Cabrera, Elder Rivero, Martha de Mansilla, Nicolás Blas Rosales, Abel Filippín, Ramón Agüero, Guido Carrizo y Juan Pau (concejales de Capital). FRENTE JUSTICIALISTA: Ramón Saadi-Juan Carlos Farías Taire (gobernador y vice); Edmundo Soria (diputado nacional); Julio Soria, Justo Barros, Nilda Correa, Gabino Herrera, Jorge María Ponferrada, Juan Carlos Juárez, Néstor Nóblega, Víctor Núñez, Jorge Acuña (diputados provinciales); Sebastián Corpacci (senador de la Capital); Fernando Rivera (intendente Capital); Hilda García, Humberto Pinto, José Fontana, María Virginia Jalil, Luis Murúa, Norma Galván, Flora Lidia Varela, Aldo Bulacios, Azucena Leiva Daza, Antonio Morales, Reynaldo Núñez, Elba Luz Silva, Juan Bernárdez y Orlando Ortiz Ruiz (concejales Capital). PARTIDO DE UNIDAD CATAMARQUEÑA: Pedro Casas-Luis Rodríguez (gobernador y vice); Carlos Haddad (diputado nacional); Antonio Quinteros, Esther Martín, Eloisa de Tissera, Oscar Carrizo, Miguel Rodríguez, Bernabé de Mercado, Luis Carrizo, Argentino Mercado, María de Pasetto y Hugo Herrera (diputados provinciales); Héctor Delgadino (senador Capital), Rafael Castillo (intendente Capital); Luis González, Olga de Mercado, Francisco Nieva, Eloy Lobo, Rosa de Soria, Mario Pierángeli y Mónica Díaz (concejales Capital).

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