Si la Corte, con la Acordada 4448, pensó que movía la maquinaria judicial en medio de la cuarentena, se equivocó. Una vez más la improvisación sobrepasó la responsabilidad institucional que importa dejar a la ciudadanía virtualmente indefensa. Nunca puede faltar la Justicia. Sería como no tener la Policía. Por eso mismo, pensar que la tramitación se puede manejar por vía de correos electrónicos, que muchos no lo tienen o no suelen verlos con regularidad, es solución precaria y posiblemente inconstitucional como, de alguna manera, se lo hicieron saber, mediante una solicitada, los directivos del Colegio de Abogados y la Caja Forense. En ella, a propósito de habilitar actos procesales vía mail, se incluyen asertos de contundencia como destacar “la carencia de estructura informática, de recursos humanos y técnicas para implementar adecuadamente la digitalización de los procesos por la falta de inversión y desinterés mostrada durante años” o “no es posible seguir negando que la sociedad necesita que el derecho, las garantías y obligaciones que tiene cada uno de nosotros deben ser amparados y eventualmente reparados en tiempo oportuno y el Poder Judicial es el garante final de ese derecho de los habitantes de esta provincia”. En suma y síntesis, las instituciones ratifican lo que venimos postulando desde estas páginas. La ciudadanía no puede quedar indefensa de justicia en momento alguno y eso es lo que está ocurriendo. Decir que funciona la feria en marzo, abril y mayo parece un chiste. Y que un medio de comunicación califique a la Acordada como “trámite sencillo” y “efectivo” es desconocer el ABC de la complejidad jurídica.

Cuando las instituciones de la Justicia o los abogados, en forma individual, hablan de descuido de la Corte para mantener sistemas obsoletos en medio de la revolución digital, o no haber reclamado a los gobiernos una actuación tecnológica, en realidad no se refieren a todos sus miembros. Hay por lo menos un par de ministros que son nuevos. Por lo tanto, cargan las tintas sobre dos veteranos que, durante décadas, manejaron las cosas a piacere y tienen responsabilidades concretas sobre el estado del Poder Judicial. Obviamente la referencia es para José “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, integrantes del castillismo residual que tanto daño hizo a Catamarca. Los dos mueven los hilos de la Justicia desde los años 90 y, en más de una ocasión, prometieron hasta la construcción de una “ciudad judicial”, la que nunca llegó a pesar de que hubo gobiernos en los que, por el crecimiento de la economía argentina y las jugosas rentas mineras, sobraba el dinero. En su lugar se construyeron hosterías para que no vaya nadie o un estadio que nunca fue prioridad.

La política chacarera no sabe de treguas y no pasa una semana en paz en el distrito que conduce la maestra Susana Zenteno. Con pandemia o sin pandemia, con aislamiento, con lluvia o sol, los escándalos nunca se detienen. Lejos de aunar criterios en tiempos de emergencia, los actores públicos de Valle Viejo encuentran en cada gestión una oportunidad para enfrentarse y subrayar sus diferencias, aparentemente irreconciliables. El último episodio de la saga se vivió en el Concejo Deliberante, donde habían convocado al secretario de Obras Públicas, Gustavo Soria, para rendir cuentas sobre las obras que se realizan en la plaza de San Isidro, concretamente qué empresa participa y otros detalles contractuales. La idea era que el funcionario brindara la información requerida ante los ediles, pero la sesión nunca empezó, porque los dos concejales oficialistas, Sergio Figueroa y Belky Pennise, presentaron sendos certificados médicos para ausentarse. Si se trató de una excepcional coincidencia o ambos se pusieron de acuerdo para evitar la rendición de cuentas del secretario, es algo que no tendrá respuesta. Quien se reservó un margen de duda fue Abeto Barrionuevo, peronista derrotado por Zenteno en las PASO y abiertamente enfrentado a la jefa comunal desde el primer día de gestión, al que acusan de haber negociado con el sector del “Gallo” con votos decisivos, que luego se retribuyeron con la presidencia del cuerpo legislativo municipal. Una novela eterna que siempre tiene una página más para añadir. Desde ahora mismo la adelantamos: la plata que Zenteno le tiene que mandar mes a mes al desbordado (por la cantidad de empleados) cuerpo legislativo municipal es “piedra de discordia” que sumó a los gremios.

La Municipalidad de la Capital, por iniciativa del intendente Saadi, aceleró con la cuarentena los procesos de modernización que había anunciado en campaña y día a día va avanzando en la digitalización de trámites. Se trata de un proceso complejo que requiere educar tanto a los vecinos que utilizan los servicios como a los propios empleados, quienes tienen que adaptarse a los nuevos sistemas. Hasta el momento, los cambios marchan bien y ya se implementaron en áreas clave como Rentas, los Juzgados de Faltas y hasta en el Corralón Municipal, por mencionar sólo algunas áreas. No resulta sencillo abandonar las prácticas tradicionales, pero los novedosos métodos implementados traen varios beneficios, comenzando por la suma de rapidez, transparencia, agilización y despapelización. Incluso en estos días de aislamiento por la emergencia sanitaria, contribuyen a evitar aglomeraciones, ya que cada vez más trámites y gestiones pueden realizarse online, evitando que los vecinos deban trasladarse a las oficinas. Un paso obligado en la misma dirección en que marchan Nación y Provincia, y que más tarde o más temprano se trasladará a todos los municipios y organismos públicos.

Cuando se oficializó la conformación de la nueva cúpula de Capresca, uno de los interrogantes surgidos pasaba por conocer el destino de Juan Cruz Miranda, quien venía desempeñándose como interventor del organismo, pero la incógnita se resolvió muy rápidamente. Por gestión del propio gobernador Raúl Jalil, de la que no fue ajena la diputada nacional Lucía Corpacci, Miranda desembarcará en el Banco Nación, sumándose al directorio de Nación Reaseguros. Un importante espacio para el contador público y administrador de empresas, que acumula ya una amplia y respetable trayectoria en la función pública.  Con 48 años, ya se desempeñó como concejal capitalino (fue presidente del Concejo Deliberante) y diputado provincial, aunque también sumó experiencia en el Ejecutivo, cuando acompañó la intendencia del propio Jalil como Secretario de Hacienda y Desarrollo Económico de la comuna. Identificado con la Renovación Peronista, asume ahora una nueva responsabilidad, que bien puede interpretarse como un reconocimiento del jefe de Estado.

Cuando ya se sienten los efectos de la paralización de la economía en el país, es indiscutible que resultó un acierto la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) creado por la Nación para asistir a los sectores más desprotegidos de la sociedad, con un aporte de 10.000 pesos que se suma a otras ayudas (Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Tarjeta Alimentaria o los ATP para las empresas) y que más allá de que se lo anunció como una medida extraordinaria y por única vez ya tiene un segundo pago confirmado con 10 millones de beneficiarios. Es un alivio imprescindible para muchas familias, pero al mismo tiempo pone blanco sobre negro en el panorama social catamarqueño: de acuerdo con las estadísticas oficiales, el 25 por ciento de la población catamarqueña accedió a este auxilio económico. Enhorabuena que se haya concretado la ayuda, pero no deja de ser alarmante que uno de cada cuatro comprovincianos ubicados en la franja etaria de la Población Económicamente Activa, necesite este aporte para subsistir. De hecho, Catamarca aparece entre las provincias del país donde mayor influencia tuvo el IFE, ya que el promedio nacional apenas ronda el 17 por ciento de la población.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los Apuntes con la memoración de acontecimientos ocurridos 25 años atrás.
El 11 de mayo de 1995, como anteayer, se recordaba el natalicio de Fray Mamerto Esquiú, pero en verdad la jornada era enteramente político-partidaria. Es que se cerraba la campaña para las elecciones del domingo 14, cuando se ponían en juego la presidencia de la Nación, la gobernación de Catamarca y hasta el último de los cargos electivos. El oficialismo de la época, encabezado por Arnoldo Castillo –iba por la reelección-, realizaba una gran caravana y producía su acto central frente al Hospital “San Juan Bautista”, que había sido inaugurado en los días previos. Hablaban el exintendente Brizuela del Moral, el exvicegobernador Simón Hernández y el exgobernador, quien dijo que el suyo era “un gobierno de realizaciones”. El Partido Justicialista, como era una tradición, finalizaba su campaña en la histórica Plaza “de la Estación”. El orador principal era Ramón Saadi. Indicaba que resultaba indispensable “el alineamiento con la Nación” (o sea con Menem) y que el gobierno de Catamarca “generó la cultura de la resignación”.

A propósito de Saadi, en plena campaña, un 12 de marzo de 1995, en pleno barrio de los Ejidos, había atacado al gobierno por el tema narcotráfico. Días antes, como lo anunciamos en estos recuerdos, se había producido el operativo “Café blanco”, por el que se secuestraron casi 2.000 kilos de cocaína pura cerca de Recreo. Saadi no anduvo con vueltas aquella vez y pidió, mirando a la Casa de Gobierno de la provincia, la pena de muerte “para narcos y encubridores”. Por cierto, fue una total exageración, como la muy reciente del Estado-Narco que denunciaron algunos legisladores y un medio de comunicación.

El Esquiú.com