¿Podría Catamarca convertirse en protagonista de un operativo de salvataje para el fútbol argentino? Descabellada o cierta, la versión se instaló con fuerza y los principales medios periodísticos del país afirman que el proyecto se debate en los más altos niveles de la AFA. De acuerdo con estas versiones, en la entidad madre del fútbol se barajan alternativas para acelerar el retorno de las competencias oficiales en el país, algo que urge para llevar algo de distracción a un pueblo jaqueado por la cuarentena, y sobre todo para movilizar la maquinaria de billetes que representa este juego con su consecuente show televisivo y publicitario. Se estima que en unos días se autorizará a los planteles profesionales a retomar los entrenamientos, pero no hay fecha para la vuelta de los torneos. Lo que parece descartado por un buen tiempo es la presencia de público en los estadios.

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Es allí donde aparece Catamarca, ya que la AFA estudiaría trasladar los enfrentamientos al norte del país, motivada por la bajísima incidencia del coronavirus en esta región, en comparación con Capital Federal y Gran Buenos Aires, de donde provienen la mayoría de los equipos de la élite. La idea cobró peso en los últimos días, y sostiene que Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Catamarca y Santiago del Estero son observadas como plazas de bajo riesgo en el marco de la pandemia, y por tanto propicias para el eventual regreso del fútbol. En la mayoría de los distritos mencionados, sin embargo, el rumor causó más molestias que entusiasmo. Se observa que la AFA recién mira al Norte por necesidad, cuando nunca tuvo una visión auténticamente federal. Y también se cuestiona la potencial aplicación de los protocolos. ¿Habría test rápidos? ¿Delegaciones completas podrían ingresar a las provincias y retirarse a las pocas horas, cuando al resto de los ciudadanos se les imponen cuarentenas de varias semanas? Quizás la iniciativa ni prospere, habrá que ver qué se ofrece a cambio. Por lo pronto, Catamarca corre con desventaja ante sus pares del NOA, porque no tiene un estadio en condiciones para recibir al fútbol grande. Poner en condiciones el Bicentenario demanda aproximadamente 100 millones de pesos. 

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La posibilidad de retornar paulatinamente a las aulas a partir de agosto, es parte del borrador que estudian las autoridades educativas en todo el país, en el marco de complejos análisis que no sólo contemplan el panorama estrictamente educativo, sino también el económico, todo ello -claro está- con el escenario epidemiológico como eje y trasfondo. Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, avanza en la definición de posibles estrategias en un diálogo casi permanente con los jefes del área de la enseñanza en 24 distritos, a saber, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, territorio particular que no es ni provincia ni intendencia. El retorno escalonado a clases es una opción, pero para decidirse las autoridades necesitan resolver a la vez el dilema de las escuelas privadas (o escuelas de “gestión privada”), que por un lado enfrentan problemas para pagar sueldos y por otro reciben las quejas de los padres, obligados a abonar cuotas sin mayor contraprestación, dado que los establecimientos permanecen cerrados desde hace casi dos meses. No es un tema menor: en el país hay más de 17.000 escuelas privadas, y su realidad incide notablemente en el panorama general. Hallar una solución general es difícil, entre otras razones, porque la situación varía, no solo de provincia en provincia, sino de escuela en escuela. En líneas generales, los gobernadores destinan aproximadamente el 12,5 por ciento del presupuesto educativo a financiar establecimientos privados. Según las estadísticas que tienen en el Palacio Pizzurno, el 68 por ciento de las escuelas privadas  -más de 11.000 en todo el país- ya reciben algún tipo de subsidio destinado cubrir total o parcialmente el gasto en personal. De ese grupo de escuelas subvencionadas, el 58 por ciento percibe aportes estatales equivalentes al 100 por ciento de sus costos en salarios docentes. Pero como ahora la recaudación cae en picada, todos los colegios pidieron ser incluidos en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para que se les cubra el 50 por ciento del salario de bolsillo.

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En ese panorama, como suele suceder, Catamarca se destaca por sus singulares características. Nuestra provincia es la que menor incidencia tiene del sector privado en el conjunto del mapa educacional: el impacto de la gestión de referencias apenas llega al 7 por ciento, el más bajo del país junto con Santiago del Estero. Por caso, para comprender las diferentes realidades, puede tomarse el ejemplo de Capital Federal, donde son más las escuelas privadas que las públicas: otro mundo. Pero hay un detalle más, Catamarca es la jurisdicción que más subsidio estatal ofrece a la enseñanza privada, cubriendo alrededor del 90 por ciento de los establecimientos, al igual que Santa Fe y Entre Ríos, mientras que en el otro extremo, Chubut y Jujuy, sólo aportan a una de cada tres escuelas del sector. Las particularidades son tantas que hacen imposible hallar una respuesta monocorde para todo el país sobre la salida de la pandemia, y puertas adentro ya están generándose debates propios, como la revisión de la Ley de Enseñanza Privada 3387, que rige en la provincia desde el lejano 1978, y exige una actualización urgente.

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Hay municipios donde las medidas dispuestas para enfrentar la pandemia son incluso más drásticas que las resueltas a nivel nacional, y a la serie de restricciones vigentes por el aislamiento social preventivo y obligatorio, se agregan nuevas prohibiciones, como por ejemplo la comercialización de bebidas alcohólicas. La denominada “Ley Seca”, emulando a la histórica prohibición que durante casi tres lustros marcó la historia de Estados Unidos a comienzos del siglo pasado, llegó por ejemplo a Fiambalá, territorio tinogasteño que conduce Roxana Paulón. Precisamente en la turística localidad de las aguas termales más famosas de la provincia, se desató todo un escándalo a partir de una filmación que muestra supuesta venta de cervezas en un almacén, que sería propiedad de la presidenta del Concejo Deliberante fiambalense, Rosana Carrizo. Rápidamente se reclamó la intervención de la Justicia Federal, se prepararon denuncias, se programaron reuniones del Concejo y hasta se reclamó a la edil que renuncie y deje el lugar a alguien “honesto”. La filmación que desató la polémica se viralizó muy pronto, y aparentemente -porque en definitiva no se puede decir con certeza de cuándo es la grabación, como lo dice la acusada- mostraría que se violan algunas normas, como los límites horarios de ventas para comercios de la zona y fundamentalmente la veda de alcohol. El episodio, con un escenario sensibilizado tras más de medio centenar de días de cuarentena, se magnificó hasta corroborar aquel viejo refrán que advierte: “pueblo chico, infierno grande”. Y no se trata de minimizar la falta de la concejala, si es que existió, porque es verdad que -como señalaron sus colegas y la propia intendenta- como autoridades deben dar el ejemplo. Pero de allí a reclamar la renuncia o pasos al costado, resulta algo desproporcionado. Si se cometió una infracción, corresponderá una multa o sanción al negocio, según se establezca. Pero tampoco puede reaccionarse ante una botella de cerveza como si se tratara de un cargamento de cocaína. Si por contravenciones menores debieran rodar de inmediato las cabezas de los funcionarios públicos, más temprano que tarde quedarían desiertos la mayoría de los sillones estatales, en Fiambalá y en todo el país.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los Apuntes con la memoración de acontecimientos ocurridos hace 25 años.
Valle Viejo se especializa en presentar grandes duelos. No solo entre rivales de distintos bandos, sino de uno propio como el que sostienen por estos días el concejal Alberto Barrionuevo y la intendenta Zenteno. Algo de eso ocurrió en 1995 cuando, dentro del ex Frente Cívico (hoy “Juntos por el Cambio”), pugnaron por la candidatura a senador Aurora Pico Zossi de Ahumada y Carlos Colombo. La primera de ellas, una gran dirigente, se bajó de la disputa a pocos días de la elección del 14 de mayo de aquel año. Carlos Colombo, con el apoyo de Gustavo Roque Jalile, fue el candidato oficial y ganó la banca que disputó con el postulante peronista de hace 25 años.

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También en 1995, hasta última momento, hubo dudas por el candidato a diputado nacional del Partido de Unidad Catamarqueña (PUC), que llevaba como pretendiente a la gobernación a Pedro Rodolfo Casas. Al cierra de las listas fue anotado el doctor Aldo César Hugo Nieva, pero a raíz de su renuncia (terminó participando en representación del partido Acción Federal) fue reemplazado por el andalgalense Carlos Haddad. Otra novedad de aquel histórico comicio fue que Rodolfo Morán, exvicegobernador de Ramón Saadi en 1983, terminó siendo candidato a senador andalgalense por el Frente Cívico. Volteretas de la política que le llaman.

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